Dos de los pesos pesados de la política nacional seguirán atendiendo el llamado de las cortes

Gustavo Petro y Álvaro Uribe, quienes son opositores en la mayoría de debates que se presentan en el Congreso, tienen algo en común: a ambos se les llevan procesos activos en las cortes colombianas que se tendrán que resolver al final de este año.

El proceso que más atención ha suscitado en el país es el que le adelanta la Corte Suprema de Justicia al expresidente Uribe. La razón: supuesta manipulación de testigos.

El caso comenzó en 2010 cuando el entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda, comenzó a visitar las cárceles del país como miembro de una Comisión de Derechos Humanos. Supuestamente varios paramilitares involucraron entonces al expresidente Uribe y a su hermano Santiago Uribe con la creación de grupos armados ilegales. Según los testimonios, en la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe, habría operado el Bloque Metro.

Cepeda hizo las renuncias respectivas y además citó a varios funcionarios del entonces gobierno de Álvaro Uribe en un debate de control político al respecto. Esto hizo que el expresidente señalara al congresista ante la Corte Suprema de manipular testigos en su contra.

En 2013, el expresidente Uribe amplió la denuncia en contra de Cepeda argumentando que en las visitas a los testigos, entre ellas la que se le realizó a Juan Guillermo Monsalve, se estaban ofreciendo beneficios económicos y de condena si decidían incriminar a la familia Uribe Vélez.

En 2018, la Corte tomó una decisión sui generis al respecto. Primero absolvió a Cepeda de los cargos. Y además abrió una investigación preliminar contra el expresidente Uribe, quien el pasado 8 de octubre recibió la noticia de que la Corte le abría una investigación formal por manipulación de testigos.

Luego de múltiples llamadas interceptadas y de datos que se filtraron a los medios, la audiencia se adelantó en medio del secretismo. El expresidente Uribe se defendió de los cargos. “El magistrado procedió en el cumplimiento de su deber. No tengo queja. Y creo que debió percibir mi respeto a la justicia y mi afán por la verdad. Una cosa es que algunos pensemos en esa reforma a la justicia y otra cosa es que desafiemos las instituciones”.

Otra polémica que existe al respecto del proceso está en si el abogado Diego Cadena pagó a uno de los testigos cambiara su opinión. Al respecto, Uribe aseguró que “si me hubiera consultado, le hubiera dicho no. Terminantemente no”. A su turno, Cadena sostuvo que en efecto realizó el pago, pero lo hizo en una labor humanitaria.

La decisión está en manos de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Álvaro Fernando García, presidente de la Corte, cuestionó a quienes han puesto en duda la legitimidad del tribunal para juzgar al exmandatario y a quienes señalan que se ha buscado afectarlo con la decisión.

"Frente a las voces que atacan la legitimidad de las instituciones ante la investigación penal contra el senador Álvaro Uribe Vélez, es imperativo llamar a la cordura y a la confianza en la justicia", dijo.

Para el próximo 18 de febrero fue citada la audiencia de imputación de cargos al abogado Cadena en los juzgados de Paloquemao. La citación se da por los supuestos pagos que le habría realizado al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, en medio de su defensa en el proceso que le adelanta la Corte Suprema de Justicia a Uribe.

Cadena tiene en la Fiscalía tres procesos relacionados con los delitos de tráfico de influencias, simulación de investidura o cargo y acciones en contra de la recta y eficaz administración de la justicia. Este proceso también, parece, se resolverá el próximo año.

Procesos de Petro

Petro llegó al Senado gracias a la curul que le dio la reforma de Equilibrio de Poderes por quedar segundo en las elecciones a la Presidencia. Sin embargo, los procesos que lo persiguen en las altas cortes datan del momento en que se posesionó como alcalde de Bogotá, ocho años atrás.

El último proceso del senador lo enfrenta ante la Corte Suprema de Justicia donde lo investigan por ordenar la reducción de la tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá durante su administración.

El encargado de realizar la investigación será el magistrado de la Sala de Instrucción, Héctor Alarcón, quien este mes deberá, luego de terminada la vacancia judicial, practicar pruebas y establecer si el exalcalde violó la ley. Según la denuncia, Petro no tenía competencia para ordenar a través de un decreto la reducción de la tarifa.

La Procuraduría ya había investigado a varios exfuncionarios de Transmilenio por dichos hechos. En su momento el Ministerio Público sostuvo que la reducción de tarifas no habría afectado las finanzas de Bogotá, pues la ciudad contaba con los recursos para hacer viable la medida.

La Corte también le adelanta una investigación a Gustavo Petro por un video que fue revelado en el Congreso en donde se ve al congresista recibiendo fajos de billetes. Hasta el momento no ha tomado la decisión de archivar la investigación o de abrirle proceso formal al congresista.

En el Consejo de Estado, Petro también ha enfrentado varios procesos, de los que ha salido avante. En el último, el Consejo de Estado le mantuvo la investidura de senador al afirmar, en otro proceso, que no había violado el régimen de inhabilidades tras ser elegido después de que el Estado había sido condenado patrimonialmente por su decisión de poner en funcionamiento el nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá.

Según el demandante, en ese proceso Petro debía perder su investidura al incurrir en una violación al régimen de inhabilidades por tener en su contra un fallo fiscal que lo condenó patrimonialmente por los daños causados a la ciudadanía, sin embargo el tribunal consideró que el Tribunal Administrativo de Bogotá había tumbado los alcances del fallo emitido por la Contraloría Distrital contra Petro.