Además de que no se eligió Fiscal General tras siete meses de la renuncia de Néstor Humberto Martínez, la Corte Suprema se llenó de vacantes

____________________

Ya hace un par de años que la justicia está de boca en boca por casos puntuales de corrupción que se presentaron en la Corte Constitucional y la Corte Suprema.

Si bien en este 2019 no se supo de la ocurrencia de nuevas situaciones de este tipo, sí fue crítico para la Rama porque nuevamente en este último alto Tribunal quedó evidenciada la dificultad que tiene para cumplir su función electoral, al punto que acumuló siete vacantes sin ocupar; mientras que de otro lado tampoco se logró elegir Fiscal General tras siete meses de interinidad.

Igualmente este año fue condenado por primera vez en el país un magistrado de alta Corte, por lo menos tenía esta condición cuando se inició el proceso en su contra, como sucedió en primera instancia con Jorge Pretelt porque supuestamente pidió dinero para influir en fallos.

También en este 2019 ha seguido el desarrollo en su etapa de juicio el proceso por el escándalo de corrupción que estalló en 2017 en la Corte Suprema, después que de forma inesperada se viniera a conocer por la justicia de Estados Unidos de la existencia de una red de magistrados, exmagistrados y abogados, que entre 2013 y 2015 se habría dedicado a vender fallos y decisiones favorables a políticos, a cambio de fuertes sumas de dinero, en lo que medios con sorna han denominado el ‘Cartel de la Toga’.

Se busca Fiscal

Este año se presentó un caso antes no visto en la elección de Fiscal General desde que esta institución fue parida por la Constitución del 91, y es que el presidente Duque se tardó siete meses para enviar, el pasado 3 de diciembre, a la Corte Suprema la terna con quienes postuló para ocupar el cargo, tras la renuncia de Néstor Humberto Martínez.

El Jefe de Estado se tomó todo ese tiempo en ternar debido a las vacantes de magistrados que tiene la Corte Suprema, y por ello prefirió esperar a que el alto Tribunal superara esta situación, y que “pueda darse ese proceso con todas las garantías”, como Duque señaló el pasado 4 de junio.

Cuando renunció Martínez, en mayo pasado, la Corte tenía 18 magistrados de los 23 que la integran. Sin embargo, lo que sucedió es que el alto Tribunal de allá a acá antes que lograr elegir juristas para esas vacantes en diferentes votaciones que realizó, sumó dos más por la finalización del periodo de togados, quedando con solo 16 actuantes en Sala Plena, que es precisamente el quórum necesario para tomar decisiones.

Por ello cuando el presidente Duque envió la terna integrada por Francisco Barbosa, Camilo Gómez y Clara María González, se requería unanimidad para la elección del Fiscal, es decir, que los 16 magistrados votaran por el mismo nombre, algo bien difícil teniendo en cuenta que precisamente la falta de consensos en la Corte ha llevado a que al día de hoy tenga siete vacantes sin llenar, a pesar de las más de 25 votaciones que realizó en sala plena durante todo el año, pues ninguno de los aspirantes a togado obtuvo los 16 votos para ser elegido.

La Corte votó en este mes en tres oportunidades la terna para Fiscal sin que lograra elegir. Suspendió este proceso porque el pasado viernes se inició la vacancia judicial, por lo que hará una nueva votación hasta el 23 de enero próximo.

A propósito la Corporación Excelencia en la Justicia presentó el pasado lunes una acción de cumplimiento “ante la continua dilación para que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia elija a sus magistrados”.

El presidente de la Corte, magistrado Álvaro García, dijo que es necesario modificar el reglamento para que la mayoría calificada en las votaciones no se establezca sobre los 23 que componen la Corporación sino sobre los que estén actuantes en el momento, o hacer que el voto sea público.

No obstante, García también aseguró que hay en la Corte una “dictadura de las minorías” que por intereses propios bloquean los intentos de elegir.

Condena a Pretelt

La semana anterior la Corte Suprema condenó en primera instancia al exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, a seis años y seis meses de prisión por el delito de concusión. El jurista es señalado de haber solicitado en 2013, cuando era togado, $500 millones a la firma Fidupetrol para supuestamente favorecerla en un fallo.

El caso Pretelt, quien en todo momento se ha declarado inocente, fue de competencia en un inicio de la Comisión de Investigación de la Cámara, que tras la práctica de un número importante de pruebas en 2015 lo acusó ante el Senado por concusión.

En agosto de 2016 la plenaria del Senado votó a favor la acusación de la Cámara a Pretelt y trasladó su caso a la Corte Suprema, convirtiéndose de esta manera en el primer magistrado en ser desaforado por el Congreso.

‘Cartel de la Toga’

El pasado 13 de diciembre la Corte Suprema negó la solicitud de la defensa del suspendido magistrado de este alto Tribunal, Gustavo Malo, de enfrentar en libertad el proceso en su contra por su presunta participación en el ‘Cartel de la Toga’. El jurista fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato y utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.

Malo fue investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara, que lo acusó ante el Senado en mayo de 2018, el cual en diciembre pasado lo declaró indigno y trasladó su caso a la Corte Suprema.

De esta forma, Malo y Pretelt son los primeros magistrados en ser acusados por el Congreso y que por lo tanto ahora su situación jurídica está en manos de la Corte Suprema.

También por el ‘Cartel de la Toga’ la Cámara en agosto pasado acusó al exmagistrado Leonidas Bustos por su presunto involucramiento en el escándalo de compraventa de fallos a favor de políticos. El Senado aún no determina si acoge o no esta decisión.

También por estos hechos son procesados los exmagistrados Francisco Javier Ricaurte y Camilo Tarquino, el último de los cuales fue llamado a juicio la semana anterior por los delitos de concusión y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.

En este panorama gris vale acotar también que pasó un año más sin que se materialice la reforma a la justicia, a pesar de que la propia Rama, el Ejecutivo y el Congreso coinciden en su necesidad.