La debilidad política del Gobierno se reflejó en el hundimiento de más IVA a la canasta familiar. Uribe sale tardíamente al rescate, Duque procura ser más líder y se busca afanosamente ampliar coalición ¿Alcanzará?
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Lo que mal comienza, mal acaba. Esa premisa explica como ninguna otra el vía crucis que el gobierno del presidente Iván Duque está padeciendo con el trámite del proyecto de reforma tributaria o de “ley de financiamiento”.
Si bien desde el mismo momento en que, semanas atrás, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, radicó la iniciativa, todas las bancadas parlamentarias, con la del Centro Democrático -el “partido de gobierno”- a la cabeza, se apresuraron a advertir que no aprobarían ninguna extensión del IVA a más productos de la canasta familiar, se pensaba que, en el marco del natural tira y afloje en las comisiones económicas de Senado y Cámara, se lograría finalmente algún tipo de acuerdo al respecto, disminuyendo el número de productos a gravar o creando otro tipo de alivios para evitar un golpe fuerte a los estratos más bajos.
Sin embargo, nada de ello ocurrió. Las bancadas, tanto las gobiernistas como las independientes y las de oposición, en una unidad de criterios en el Congreso inédita en un país tan polarizado, se ratificaron: no más IVA a la canasta familiar y punto.
De nada sirvieron todos los argumentos expuestos por el Ejecutivo en torno a la urgencia de tapar el hueco fiscal de $14 billones en el presupuesto de 2019, la necesidad de ampliar la base gravable y de pagadores a estándares más acordes con países de similar nivel económico que el nuestro o, incluso, el riesgo de desmontar obligatoriamente programas de alto impacto social como ‘Familias en Acción’, ‘Adulto Mayor’ y otros subsidios que hoy benefician a millones de personas de bajos ingresos.
El Gobierno perdió en toda la línea. Golpe duro para un Presidente elegido hace apenas cuatro meses con una votación récord de 10,3 millones de votos y que venía de ganar consecutivamente las encuestas internas del uribismo, la consulta popular para escoger candidato de la coalición y la primera vuelta presidencial. Aunque el Jefe de Estado trató de ‘salvar los muebles’ afirmando, en la mañana del jueves pasado, que se había “acordado” con el Congreso no “gravar con IVA la canasta familiar básica esencial”, ya desde la noche anterior se sabía -como lo publicó anticipadamente EL NUEVO SIGLO- que Carrasquilla no pudo convencer a los 19 senadores y Representantes ponentes en torno a ampliar el tributo sobre el cual recae el grueso del recaudo de la reforma propuesta, con cerca de $11,3 billones del global de los $14 billones proyectados.
Ni siquiera cuando se plantearon fórmulas como excluir 25 productos básicos de la lista inicial a gravar en la canasta familiar, hubo posibilidad de un acuerdo. Y eso que dentro de los que se salvaban estaban alimentos tan básicos como arroz, papa, verduras, cárnicos y derivados lácteos, entre otros.
Tras analizar multiplicidad de propuestas al respecto, con fórmulas ortodoxas y otras excesivamente creativas frente a cómo aplicar el IVA, incluyendo hasta volver a las tarifas diferenciales o recortar la posibilidad de que las empresas pudieran redescontarlo, no se logró un acuerdo, el Congreso, al unísono, dijo no y punto. Si bien siempre ha estado claro que se requieren recursos adicionales para tapar el hueco fiscal del próximo año, y se han analizado decenas de propuestas para cumplir ese propósito, la del IVA a los productos esenciales recibió un irreversible portazo.
Se cayó así la columna vertebral de la reforma tributaria, algo que no le había ocurrido a los gobiernos de Pastrana, Uribe ni a los de Santos, ni siquiera en sus épocas más complicadas en cuanto a baja popularidad o minoría en el Congreso. El propio Carrasquilla en el mandato uribista logró aprobar un apretón de impuestos.
Rearmando el rompecabezas
Al final de la semana se estudiaban muchas alternativas para suplir el recaudo que el Ejecutivo pretendía con el IVA a buena parte de la canasta familia. Las fórmulas partían de la posibilidad de una sobretasa al IVA que pagaría solo el 10% de los contribuyentes de mayores ingresos -en su respectiva declaración de renta-, lo que significaría un aporte de más de $3 billones. Paradójicamente esa posibilidad sería inversa a la inicialmente planteada por el Gobierno que proponía rebajar el IVA del 19% al 18%, pero ampliándolo a más del 75% de productos de la canasta familiar, junto a un complejo mecanismo que devolvería, por anticipado, lo pagado por las familias con ingresos menores a los $800 mil mensuales.
Adicional a esa sobretasa al IVA, más de $1 billón provendría de gravar las mesadas pensionales superiores a $9,7 millones al mes (inicialmente el Ejecutivo proponía aplicarles impuestos desde los $4,8 millones).
También se abrió paso un recorte frente a lo que pedía el proyecto inicial de Carrasquilla en lo relativo al impuesto a los altos patrimonios. Ahora se plantea uno de 1,5% solo a partir de $5.000 millones, lo que daría un aporte de $1,2 billones.
También estaban sobre la mesa el viernes un mayor ingreso por la normalización de capitales en el exterior, gravar un poco más los dividendos, mayor eficiencia de la DIAN en el recaudo y un apretón fiscal del doble de lo inicialmente previsto, así ello implique un recorte leve a los programas sociales o sus metas de cobertura a corto plazo.
Entre los temas más polémicos estaba la posibilidad de gravar con IVA toda la cadena de producción y comercialización de la cerveza (que no es de la canasta familiar esencial), y que según los productores la dejaría entre las más caras del mundo. Las gaseosas y otras bebidas azucaradas también estaban en la mira, así como el disminuir exenciones, recortar los nuevos incentivos tributarios planteados para los empresarios, gravar las ganancias del sector financiero, más recaudo vía imporrenta o, incluso, tramitar una ley que permita transferir al presupuesto general parte de los $11 billones represados en la cuenta de regalías, lo que necesitaría de un acuerdo de alto calado con gobernadores y alcaldes. Esto no asoma fácil y menos en momentos en que los mandatarios seccionales y locales tienen las esperanzas puestas en el nuevo proyecto bianual de regalías que tramita el Congreso por un monto de $19 billones para 2019 y 2020.
Otra alternativa que estaba en estudio era buscar una mayor flexibilidad en materia de regla fiscal que permita llevar el déficit un poco más allá del 2,4%, que hoy es el límite. Por esa vía se podría maniobrar sobre los cronogramas y montos de la deuda pública de la Nación.
Los cálculos de los ponentes eran difusos, pero lo cierto es que faltan por encontrar las fuentes para cubrir un faltante de entre $5,8 billones y $8 billones en el presupuesto de 2019.
Aunque se esperaba que este fin de semana se dieran nuevas reuniones entre Carrasquilla y los ponentes, con miras a poder tener mañana el borrador de la ponencia a radicar, ello no ocurrió. Así las cosas, este lunes se dará el encuentro definitivo y solo el martes se radicará la ponencia, lo que es urgente pues quedan cinco semanas para dar vía libre a la reforma, contando con sesiones extras incluso entre navidad y año nuevo.
¿Enderezando?
Que la columna vertebral del proyecto de reforma tributaria del Gobierno se haya fracturado no se explica solo porque las bancadas parlamentarias hayan creído que se trataba de una propuesta regresiva, altamente impopular o con un alto y riesgoso costo político a escasos 11 meses de los comicios para escoger gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.
La verdad es que todas las iniciativas de ajuste de impuestos se han enfrentado al mismo escenario, pero no por ello la fórmula que soportaba la expectativa de recaudo más alta (en este caso la ampliación del IVA a la canasta familiar, que significa el 80% del total esperado) se terminó cayendo de forma tan estrepitosa. Puede que saliera recortada o reformada, pero no negada rotundamente.
En realidad lo que está pasando con la reforma tributaria no es más que el resultado de un arranque accidentado del gobierno Duque, que tuvo su campanazo más fuerte en tres de las cuatro encuestas de las últimas dos semanas en donde su favorabilidad cayó estrepitosamente, en tanto que el pesimismo sobre el rumbo del país aumentó sustancialmente y la calificación de la gestión del gobierno y el gabinete también fue negativa.
Si bien ese revés inédito de la favorabilidad presidencial, cuando apenas completó 100 días de gestión, se explica, en parte, por el alto impacto negativo de la reforma tributaria en la opinión pública (sobre todo porque Duque fue fuerte crítico del aumento del IVA del 16% al 19% en la última reforma de Santos y en campaña electoral prometió que no aumentaría impuestos), también es claro que hay otros elementos que pesan en el mal momento gubernamental. Elementos que, paradójicamente, esta semana, tardíamente, pareció querer empezar a corregir, sin saberse si todavía está a tiempo para salvar la iniciativa impositiva.
Por ejemplo, la forma en que Duque construyó su coalición en el Congreso, bajo la tesis de cero “mermelada” y transaccionismo político, derivó en que las mayorías oficialistas en Senado y Cámara sean muy precarias. También es evidente que los partidos de la coalición oficialista (Centro Democrático, La U, conservadores, MIRA, AIS y Colombia Justa y Libres) no firmaron un pacto fundacional sobre la agenda política a impulsar, sobre todo en cuanto al tema de mayor costo político, como la tributaria, pero que es donde realmente se exige unidad de acción para que el Ejecutivo no fracase en los asuntos prioritarios.
Esta semana, en medio de la sinsalida de la reforma tributaria, tanto Duque, el expresidente Uribe como el Centro Democrático parecieron querer empezar a corregir esa grave falencia. No solo se reunieron en la Casa de Nariño para limar asperezas, sino que el senador y exmandatario anunció que empezará a liderar la coalición de apoyo parlamentario al Ejecutivo, garantizar la unidad del partido con los criterios de la Casa de Nariño y abrir la puerta para jalonar consensos con otras fuerzas políticas, como el liberalismo y Cambio Radical, alrededor del embolatado tema tributario. Incluso tuvo mucho eco una frase del exmandatario en donde advertía que había que ayudar al Presidente a “enderezar” so pena de que a todos les fuera mal. Uribe, en conclusión, entendió que debe rodear con más énfasis y decisión a Duque.
También fue evidente esta semana que el Gobierno hizo un ejercicio de autocrítica sobre su gestión y la debilidad política de su gabinete, que se refleja en la baja calificación de las encuestas y los problemas para la agenda legislativa prioritaria. Por lo mismo, ya se empezó a hablar, en los corrillos, de un cambio de ministros a corto plazo en carteras de primer nivel, incluso ampliando el espectro de la coalición o dándole una representatividad política más directa a las colectividades hoy integrantes para asegurar su compromiso.
De igual forma, Duque pareció leer el ‘mensaje’ de las encuestas en cuanto a que se requiere más liderazgo y presencia presidencial, imperante y afirmativa, en los temas más gruesos de la agenda nacional, y esa sensación fue la que trató de transmitir en todas sus entrevistas y pronunciamientos de esta última semana en la prensa, foros gremiales y demás actos públicos. Se denota un Mandatario más a la ofensiva, sin caer eso sí en la peleadera diaria que distinguió a Santos y Uribe. Incluso se replicó el informe santista que descartaba una crítica herencia fiscal.
¿Le alcanzará al Ejecutivo ese relanzamiento de la coalición, el rol más protagónico y activo de Uribe y del Centro Democrático como verdadero “partido de gobierno”, la posibilidad de ampliar el espectro político del gabinete para ganar peso político específico e influencia en el Congreso, así como un estilo presidencial más afirmativo y visible, para enderezar –aunque ya sin el plan A de más IVA a la canasta familiar- el camino de la reforma tributaria, o al menos asegurar la aprobación de una que cubra gran parte del hueco fiscal? Esa es la pregunta. El martes, en la ponencia y el acuerdo político que ella refleje, se empezará a aclarar si comenzó a enderezarse o no el rumbo gubernamental.