EL NUEVO SIGLO: ¿En qué va la creación de una comisión nacional de ética judicial, como lo propusieron las altas Cortes?

HERNANDO HERRERA MERCADO: Luego de ese propósito que en principio dieron a conocer los presidentes de las altas Cortes, nuestro objetivo fue enviarles la comunicación a ellos para respaldar esa iniciativa y también para señalar que ella redundaba en la lucha contra la corrupción, y hace que la ciudadanía reafirme su confianza en la administración de justicia.

De igual forma la Corporación se postuló para integrar esa comisión nacional de ética judicial y lo que es la elaboración de un código a ese respecto. Recibimos una comunicación tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema de Justicia en la cual nos dijeron que nos tendrían en cuenta, pero luego de esa comunicación como tal no hemos tenido avances.

ENS: ¿Cuál es la importancia de esta comisión?

HHM: Pensamos desde la Corporación que es muy importante la creación de esa comisión por varios elementos clave: el primero de ellos es que vayamos más allá en lo que son específicamente las conductas que comprenden el derecho disciplinario del funcionario judicial para efectos adicionales de alinderar con mayores niveles y estándares anticorrupción y de ética la prestación del servicio de justicia.

Adicionalmente también pensamos en un escenario con nuevos lineamientos para ratificar la probidad y la independencia en el desempeño de la función judicial. También lo que es la transparencia en la información, es decir, que se dé una información clara, confiable a los ciudadanos sobre los procesos judiciales y su trámite, y también en el trato igualitario que tiene que dar la administración de justicia a absolutamente todas las personas sin beneficiar a una sobre otra.  

ENS: ¿Ve ambiente para que este año se presente nuevamente la reforma a la justicia, como lo anunció la ministra Gloria Borrero?

HHM: Creo que el Gobierno tiene por propósito la presentación de esa reforma, también porque así lo conversamos con el Consejo de Estado y con la Corte Suprema de Justicia, ellos también están al tanto de estudiar una reforma constitucional. Pero lo más importante a tener en cuenta, fuera de ese planteamiento del Gobierno y de las altas Cortes, es ver el ambiente en el Congreso, y eso es definitivo porque se requieren unas mayorías ciertamente sólidas para impulsar ese proyecto y para aprobarlo. Entonces creo que el elemento más importante y definitorio va a ser precisamente eso.

No obstante lo anterior, desde la Corporación pensamos que además de esa gran macrorreforma a la justicia deben existir unas reformas importantes a nivel procesal para efectos de generar una reingeniería que adelgace los procesos judiciales y eliminemos recursos que hoy en día lo único que hacen es dilatar las actuaciones en esa materia y que atentan contra la celeridad en la administración del servicio de justicia.

ENS: ¿A propósito de la reforma a la justicia, usted considera que se debe insistir en la supresión del Consejo Superior de la Judicatura?

HHM: Creo que es muy importante reexaminar el tema del gobierno judicial, ese asunto ciertamente es una impronta fundamental, sobre todo para hacer más eficiente la administración del recurso público que se invierte en justicia. No obstante, lo anterior también debemos tener en cuenta que la Corte Constitucional con ocasión del estudio de la Reforma al Equilibrio de Poderes también señaló que debe existir un organismo distinto del Ejecutivo, llámese Consejo Superior de la Judicatura o el nombre que se le quiera poner, que de manera independiente gestione precisamente ese recurso.

Entonces cualquier reforma constitucional debe tener en cuenta esa cosa juzgada constitucional para efectos de determinar cuál es el mejor órgano que puede administrar el gobierno judicial. Pensamos que la conformación ideal tiene que ser mixta: una especie de Sala Administrativa como la que hoy en día funciona, que tiene diferentes funciones como el establecimiento del mapa judicial, lo que tiene que ver con la integración de las listas para ese sistema de cooptación mixto que tiene hoy en día nuestro país para la elección de los magistrados de las altas Cortes, pero de manera independiente, y la creación de una gran gerencia en materia judicial que administre el recurso.