Hay iniciativas que no dan espera, como las reformas política y a las regalías, así como el Plan Nacional de Desarrollo

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Tras la Semana Santa, que concluye este domingo, al Congreso de la República le espera un remate de legislatura bastante complicado por el trámite de varios proyectos clave que tiene en sus manos, sin embargo el reto está en si alcanzarán las ocho semanas que restan de este periodo.

En este lapso, por ejemplo, se tendrá que aprobar o denegar la reforma política, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la reforma a la Ley de Garantías.

El senador liberal Guillermo García Realpe dijo en diálogo con EL NUEVO SIGLO que “ocho semanas son absolutamente escasas. En periodos anteriores legislativos las últimas ocho semanas eran proyectos ya prácticamente madurados y para último debate en plenaria. Hoy vemos que apenas están radicados proyectos de importancia para el Gobierno, otros en primer debate, otros frenados en plenaria en segundo debate. No vemos que la agenda legislativa haya madurado en los últimos debates”.

 

.Objeciones JEP

El Congreso no ha terminado de pronunciarse acerca de las seis objeciones que por inconveniencia presentó el presidente Iván Duque al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

El pasado 9 de abril la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó por 110 votos contra 44 el informe que negaba las objeciones presidenciales, esto después de que los partidos Liberal, Cambio Radical y de La U se opusieran en bloque al Gobierno, acrecentando de esta manera los votos de la oposición encarnada en el Polo Democrático, la Alianza Verde y el movimiento de Gustavo Petro, entre otros.

Votaron a favor de las objeciones a la estatutaria de la JEP el Centro Democrático, el Partido Conservador y dos facciones minoritarias.

Ahora el balón está en la cancha del Senado de la República, que se espera se pronuncie en estas dos semanas sobre las objeciones del presidente Duque Márquez a este proyecto vital para el funcionamiento de dicha Jurisdicción, resultante del Acuerdo de Paz para sancionar los delitos más graves que se cometieron en el conflicto armado por parte de integrantes de las Farc y algunos agentes del Estado.

El pasado 9 de abril, los senadores de la oposición Iván Marulanda (Alianza Verde) y Alberto Castilla (Polo Democrático), integrantes de la subcomisión que se conformó en Senado, presentaron un informe negando las objeciones a la estatutaria de la JEP porque a su consideración las razones expuestas por el Jefe de Estado no responden a argumentos por inconveniencia sino que está cuestionando la constitucionalidad del proyecto que ya fue declarado exequible por la Corte.

Se espera que el día mañana los otros integrantes de la subcomisión radiquen un informe aprobando estas objeciones y que la plenaria del Senado esta misma semana o la entrante haga la respectiva votación.

 

.Reforma política

En la Comisión Primera del Senado se debe iniciar en las próximas semanas la discusión en segunda vuelta de la reforma política que presentó el Gobierno nacional, con la aspiración en esta oportunidad de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, de que además en su aprobación final se incluya la supresión del voto preferente, que es la ‘nuez’ de esta reforma pero que fue dejada de lado en la primera vuelta de este proyecto.

No obstante, el tiempo corre peligrosamente en contra de la reforma política porque no tiene todavía ponencia para el quinto debate y es claro que no se puede perder tiempo para lograr darle cuatro debates en tan solo ocho semanas. De lo contrario la iniciativa se hundirá porque no puede ir más allá de una legislatura, lo que significaría una gran derrota para el Gobierno pues además uno de sus propósitos es que tenga aplicación a partir de los comicios regionales de octubre de este año.

A principios de marzo pasado, la ministra Gutiérrez dijo sobre esta reforma que “el llamado es para que hagamos de verdad un cambio en las costumbres políticas en del país. En octubre hay elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y juntas administradoras locales, es la oportunidad para comenzar a limpiar tanta corrupción.

. Ley anticorrupción

El proyecto de autoría del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en el que se adoptan medidas en materia penal en contra de la corrupción, también está condicionado a ser aprobado de aquí al 20 de junio próximo, pues fue radicado en julio de 2017 y no puede ser discutido en más de dos legislaturas.

No obstante, la iniciativa no la tiene tan complicada para ser aprobada pues solo le resta el cuarto y último debate en la plenaria del Senado de la República. Sin embargo, la dificultad con la que se ha encontrado a estas alturas de su trámite es la lluvia de impedimento que han presentado los parlamentarios, lo que ha retrasado la votación.

Esta iniciativa implementa medidas administrativas que propenden por desestimular y reducir las acciones delictivas en materia de corrupción; establece también medidas punitivas para conductas criminales relacionadas con la administración pública, la administración de justicia y los procesos electorales.

Finalmente incorpora instrumentos procesales que pretenden hacer más eficaz y oportuna la investigación de delitos relacionados con la corrupción.

El proyecto de reforma incluye, por ejemplo, aumento de penas de los delitos contra la administración pública que afecten recursos del sistema de seguridad social y de programas sociales cuyos beneficiarios sean niños y adolescentes.

. Plan de Desarrollo

Se espera que esta semana sea radicada en la Cámara la ponencia para el tercer debate en plenaria del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, ‘Pacto por Colombia’. La iniciativa de la administración de Iván Duque fue aprobada el pasado 25 de marzo de manera conjunta por las Comisiones Terceras y Cuartas.

A partir de allí las plenarias de Senado y Cámara tienen 45 días para aprobar este proyecto, es decir, hasta el próximo 9 de mayo. De lo contrario la carta de navegación de la administración Duque se pondrá en vigencia mediante un decreto con fuerza de ley.

La discusión en lo que resta del Plan Nacional de Desarrollo se prevé que no será fácil, como se vio en el pulso que se vivió en las comisiones económicas en el primer debate, en donde al final el voto de unos senadores de Cambio Radical logró la aprobación del proyecto.

En el primer debate de esta iniciativa fueron presentadas más de 3.000 proposiciones adicionales a los 310 artículos que lo componen, y se espera que en las plenarias se radique otro tanto, complicando aún más la discusión.

. Modernización TIC

El proyecto de ley de modernización del sector TIC es uno de los que tienen mensaje de urgencia por parte del Gobierno para su discusión. Ya contó con visto bueno en su primer debate en las comisiones sextas de Senado y Cámara de Representantes, y restan los dos debates en las plenarias de las corporaciones para que pase a sanción presidencial.

En este proyecto se busca cerrar la brecha digital y acabar con la desigualdad en la que se encuentra Colombia, en comparación con otros países de la región.

En este sentido, el viceministro de Conectividad y Digitalización, Iván Mantilla, explicó que Colombia se encuentra en un rango de conectividad del 45.5 por cada 100 habitantes, y el rezago se hace evidente si se tiene en cuenta que “Estados Unidos, en 2007, tenía más o menos la misma penetración de banda ancha móvil de Colombia, pero si uno los vuelve a comparar hoy, (EE.UU.) tiene 120 conexiones”.

La iniciativa cuenta con ponencia positiva, no obstante espera que en las plenarias de Senado y Cámara se discuta la proposición de la bancada de Cambio Radical de aplazar los debates segundo y cuarto por las dudas sobre temas “económicos y financieros” que no han sido resueltas por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), según el senador Antonio Luis Zabaraín Guevara, ponente.

Este proyecto fue radicado por el Gobierno el año pasado, pero su discusión fue aplazada para 2019 en medio de críticas por parte de congresistas, sociedad civil y trabajadores del sector que consideran que la iniciativa y sus impactos no han sido socializados suficientemente.

. Ley de Garantías

A pesar de que el Gobierno le dio mensaje de urgencia desde principios de este mes, no ha iniciado la discusión en comisiones primeras el proyecto que pretende reformar la Ley de Garantías Electorales (996 de 2005), con el fin que no se frene la contratación en las regiones por los comicios de octubre próximo.

La Ley Garantías ordena restricciones para los entes territoriales en la contratación y la realización de convenios interadministrativos durante los cuatro meses previos a una jornada electoral.

Cabe recordar que el presidente Duque ya se había referido a este tema en octubre de 2018, cuando afirmó que “es muy importante que miremos cómo les quitamos ese obstáculo a muchos alcaldes y gobernadores que, por la Ley de Garantías, terminan dejando de ejecutar muchas obras que se necesitan para la comunidad, antes de entregar su periodo”.

. Reforma regalías

El pasado 4 de abril, tras socializar esta iniciativa con alrededor de 20 congresistas de diferentes comisiones y partidos políticos del Congreso de la República, las ministras del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y de Minas, María Fernanda Suárez, radicaron en la Cámara de Representantes la Reforma al Sistema General de Regalías.

“Vamos a resaltar y agradecerle a los partidos que respaldan el trabajo conjunto”, dijo la Ministra del Interior, antes de radicar este acto legislativo.

Explicó que “esta iniciativa le da al Gobierno hasta seis meses para presentar el proyecto de ley, ya que es muy importante porque le van a quitar rango constitucional a este sistema”.

Este proyecto es presentado por el Gobierno y los partidos Centro Democrático, Conservador, La U, Cambio Radical, MIRA, Colombia Justa y Libre, y Liberal, producto de un trabajo de seis meses. El objetivo del mismo es ejecutar, entre 2019 y 2020, $30 billones, los cuales se destinarán a inversiones directas en las regiones.

Lo que se pretende con esta iniciativa legislativa es lograr estas inversiones, las cuales según el Ejecutivo han sido obstaculizadas por el actual sistema de gobernanza.

No obstante, este proyecto estaría condenado a hundirse pues es poco probable que en tan solo ocho semanas que restan el Congreso le dé ocho debates a la reforma constitucional.

La ministra Suárez dijo que “el acto legislativo tendrá solo lo concerniente a lo esencial sobre el Sistema General de Regalías, el resto del desarrollo se hará en una ley que presentaremos al Congreso de la República una vez sea aprobado este acto legislativo”.

 

Obstáculos

Varios  escollos se cruzan en la intención de la administración Duque de salvar la mayoría de estos proyectos en la presente legislatura, uno es la debilidad de la coalición de gobierno pues en Cámara está definitivamente lejos de alcanzar las mayorías, en tanto que en Senado depende de que atraiga en las votaciones a las colectividades declaradas independientes, es decir, Cambio Radical y Partido Liberal.

Otro obstáculo que se avizora es que algunos integrantes del Gabinete no habrían logrado aún conectarse con el Congreso, a juzgar por las críticas que ha recibido la ministra de Justicia, Gloria Borrero, por parte del Partido Liberal en la puja que se dio con el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, porque agendara la discusión de la reforma a la justicia. En el propio partido de Gobierno, el Centro Democrático, el representante Edward Rodríguez y el senador José Obdulio Gaviria pusieron en duda la conveniencia de que la funcionaria se mantenga en el cargo.

No son pocas las críticas de las distintas bancadas, incluso la del Centro Democrático, a la gestión en el Parlamento de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

En tanto que el horizonte para el primer periodo de la segunda legislatura, que iniciará el próximo 20 de julio, se ve gris en materia del trámite de los proyectos porque hasta octubre próximo los parlamentarios estarán más pensando en los comicios regionales.