LA SEGURIDAD de los alcaldes, concejales, diputados y otros miembros de la rama ejecutiva sigue siendo un tema delicado en Colombia, pues tan solo en el 2023, se registraron 748 casos en contra de liderazgos políticos, sociales y comunales, según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE).

En el informe ‘La violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales – ¿Cómo terminó el 2023 y cuál es la perspectiva para el 2024 ante la situación de seguridad en los territorios?’ presentado por la entidad, se evidenció que la problemática contra los liderazgos en Colombia durante el año 2023 y el comienzo de 2024 tuvo un aumento del 35,7% en comparación con el año 2019.

Ahora bien, en lo que va corrido del año, el país ha tenido que sobrellevar muchos hechos de violencia, entre los que se destaca, el del concejal Eliecid Ávila en la que, a causa de varios disparos durante la noche de año nuevo, falleció en la madrugada del martes 2 de enero, este suceso se dio luego de que el cabildante denunciara que el proceso de elección del personero del municipio había estado viciado.

Del mismo modo, el atentado del que fue víctima el alcalde de Santa Bárbara de Pinto-Magdalena, Enyer Garizao Osorio, también fue rechazado por alcaldes y alcaldesas del país, quienes solicitaron al Gobierno nacional que los responsables sean judicializados prontamente.

También, el atentado contra instalaciones de la alcaldía de Florencia – Caquetá, siendo uno de los hechos de violencia más recientes, mismo que la Federación Colombiana de Municipios rechazó y, además, pidió al Gobierno esclarecer los hechos lo más pronto posible.

La Federación Colombiana de Municipios, en nombre de los alcaldes y alcaldesas del país, rechazan los hechos ocurridos en la madrugada de hoy, donde un artefacto explosivo detonó en inmediaciones de la alcaldía de Florencia – Caquetá. “Los mandatarios locales nos solidarizamos con el alcalde de Florencia - Caquetá, Marlon Monsalve, los funcionarios de la alcaldía y toda la población florenciana, los colombianos no podemos ser víctimas de la violencia que se acrecienta en el país”, aseguró Julián Sánchez ‘Perico’ alcalde de Soacha - Cundinamarca y presidente de Fedemunicipios.

A su turno, Campo Elías Ramírez, alcalde de Girón - Santander y vicepresidente de Fedemunicipios expresó que “los alcaldes y alcaldesas del país hacemos un llamado al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Petro, para garantizar la seguridad de todos los colombianos en el territorio nacional, especialmente en los rincones más alejados del país que han sido víctimas de la violencia que ha azotado los territorios por años”.

Otros dos casos que estremecieron al país, fue la muerte de los cabildantes Brayan Medina Ospina, concejal de Viterbo, municipio ubicado en Caldas, y la del concejal municipal de Pelaya, Hernán Cardozo Ramírez; no obstante, es importante aclarar que, según las primeras investigaciones de la Policía, ninguno de los fallecimientos estaría relacionados con violencia de grupos armados ilegales hacía los funcionarios, ya que en ambos casos se trataría de temas personales.

Cabe resaltar que, a la fecha, algunas autoridades denunciaron amenazas por la reglamentación de las áreas públicas donde no se puede consumir drogas.

Asimismo, se han conocido denuncias de funcionarios de orden municipal provenientes de organizaciones criminales que no están de acuerdo con que se les designe personal policial con miras a combatir microtráfico, extorsión y otros delitos de alto impacto.

La preocupación departamental de autores civiles del Valle, Cauca y Nariño donde el Gobierno suspendió el cese el fuego con las disidencias de las Farc, que como se sabe, el grupo armado ilegal ha perpetrado varios atentados en las dos últimas semanas.

A su turno, gobernadores de Tolima, Huila y Quindío han alertado sobre el riesgo que implica el anuncio de las disidencias sobre la creación de un “bloque” subversivo en esos departamentos.

Informe de la MOE

Durante el año 2023, se registraron un total de 227 actos letales, incluyendo 140 asesinatos y 87 atentados, representando un incremento del 16,4% en comparación con 2019. Los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, Huila y Bolívar se destacaron como epicentros de la violencia generalizada y letal contra liderazgos, concentrando el 46,4% del total de agresiones y el 53,7% de los hechos letales.

En cuanto a violencia por parte de grupos armados ilegales – GAI, en el año 2023 se registraron un total de 1.613 hechos violentos, de los cuales 1.134 fueron acciones armadas y 479 amedrentamientos. Existe una correlación entre el aumento de la violencia contra los liderazgos sociales, políticos y comunales y aquellos municipios que experimentaron un aumento en la presencia de diversos grupos armados ilegales en comparación con el año 2019.

Las recomendaciones presentadas en este informe se centran en fortalecer la protección y prevención de la violencia contra liderazgos en Colombia. Se insta a las autoridades municipales y departamentales a integrar medidas específicas en los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) para proteger a líderes y defensores de derechos humanos, así como a ser los primeros respondientes ante cualquier amenaza. Se enfatiza la importancia de la participación ciudadana en la formulación y seguimiento de políticas públicas, tal y como la asignación de recursos económicos adecuados para garantizar su efectividad.

De igual manera, se destaca la necesidad de una articulación efectiva entre los PDT y los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), asegurando la integración de estrategias para prevenir la violencia contra personas lideresas. Se subraya la importancia de adoptar enfoques diferenciales y de género en todas las políticas de prevención y protección, así como la necesidad de establecer rutas de protección claras y efectivas, tanto individuales como colectivas.

En última instancia, se resalta la importancia de la capacitación del personal y la participación activa de la sociedad civil en todas las etapas de diseño, implementación y evaluación de estas políticas para garantizar su éxito y sostenibilidad a largo plazo.

Panorama actual

Según los datos de la MOE, con respecto al mes de enero y febrero de 2024, se observa un inicio de año marcado por un aumento en los hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, con un total de 117 agresiones registradas, siendo el inicio de año con más agresiones desde 2016. Los datos revelan un enfoque particularmente hostil hacia los liderazgos políticos, con un incremento del 53,7% en los hechos de violencia contra ellos en comparación con el mismo período del año anterior.

Además, se destaca un aumento de la violencia contra las personas participantes de las elecciones locales de 2023. Los datos indican que en las fechas después de las elecciones locales de 2023 (entre el 30 de octubre de 2023 y el 29 de febrero de 2024), se incrementó la violencia contra estas personas en un 232% en comparación con el mismo periodo en 2019 y 2020.