En varias entidades territoriales, el resultado del nuevo empadronamiento fue inferior el número de habitantes a la cifra proyectada desde 2005, lo cual reduciría transferencias que reciben de la Nación

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El Gobierno ha planteado la necesidad de una reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) la cual se presentaría este año, que para algunos es una oportunidad que tiene el Ejecutivo y el mismo Congreso de la República de no permitir que se vean reducidas las transferencias de la Nación a departamentos y municipios en sectores clave como acueducto y saneamiento básico, que tiene en cuenta el número de población, por cuenta de los sorprendentes resultados del Censo 2018 conocidos la semana pasada, que en casos como el del Valle el número de sus habitantes se vio disminuido en más de 300.000 personas frente a la cifra proyectada por el empadronamiento de 2005.

El Censo elaborado por el DANE señala que hoy la población en Colombia es de 48.258.494, una cifra significativamente inferior a la proyectada por el Censo 2005 para 2019, que pasaba de 50 millones de personas.

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Por ejemplo la población proyectada en Antioquia para este año era de 6.768.362 personas, sin embargo el nuevo Censo indicó que son 5.974.788.

En el caso del departamento del Valle del Cauca la población proyectada para este año era de 4.804.082, sin embargo el nuevo Censo contabilizó 3.789.874 personas.

Igual fenómeno sucedió en Bogotá en donde la población proyectada para el presente año era 8.281.030 personas, empero el nuevo censo contabilizó 7.181.469.

El SGP está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales –departamentos, distritos y municipios– para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación y los definidos en el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001.

De acuerdo con la Ley 715 de 2001 está conformado de la siguiente manera:

a) Una participación con destinación específica para el sector educativo, denominada participación para educación; con un porcentaje del 58,5%.

b) Una participación con destinación específica para el sector salud, denominada participación para salud; con un porcentaje del 24,5%.

c) Una participación de propósito general que incluye los recursos para agua potable y saneamiento básico, denominada participación para propósito general; con un porcentaje del 17%.

Los recursos del Sistema General de Participaciones en 2017 alcanzaron los $36,5 billones, en tanto que en 2018 fueron $36,7 billones.

La Carta Política indica que el monto del Sistema General de Participaciones, de los departamentos, distritos y municipios, se incrementará en un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro años anteriores.

En cuanto a la distribución de los dineros fondeados en el SGP algunos de sus componentes tienen en cuenta directamente la población del departamento o el municipio, por ello si el número de habitantes en el Censo se reduce esto se ve reflejado bajando los giros de la Nación.

Esta situación complica las finanzas de las entidades territoriales que desde la Constitución del año 91 lucen exiguas frente a las obligaciones que adquirieron por la descentralización administrativa departamentos y municipios, al tomar a su cargo los servicios de salud, educación y acueducto y saneamiento básico, entre otros

Preocupación

El director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, dijo a EL NUEVO SIGLO que “me parece que ese censo y esa metodología no sé qué tan confiable sea. Indiscutiblemente un modelo muy innovador, pero no me extrañaría que empecemos a ver cómo en muchos municipios vamos a tener más gente en el Sisbén que población registrada en el Censo. O de algunas otras bases de datos que son mucho más seguras, encontrar que tenemos más población infantil, por ejemplo, estudiantil, que personas que viven en el municipio según el Censo”.

En este sentido el directivo dijo que tiene preocupaciones “muy serias y claro eso va a afectar indiscutiblemente la transferencia de los recursos del Sistema General de Participaciones porque hay un componente muy importante que se tiene en cuenta y es la población”.

Por su parte el economista y exministro Amylkar Acosta dijo a este Diario que “hay una correlación entre la población y las transferencias que se hacen por la vía del Sistema General de Participaciones, como también se afecta lógicamente todos estos indicadores de pobreza, de desempleo, de necesidades básicas insatisfechas, todo eso se altera. Y como se reduce el tamaño de la población con respecto a la proyección que se venía trabajando, pues lógicamente eso tendrá un impacto que es negativo, se van a contraer los recursos que se van a transferir a las entidades territoriales”.

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No obstante Acosta indicó que “cualquier reforma que se tenga que hacer al Sistema desde el punto de vista estructural pasa por una reforma constitucional, y sería la oportunidad entonces para que el Congreso le haga un ajuste de manera que no se vayan a menoscabar los recursos que se transfieren a las entidades territoriales”.

La directora de Hacienda del Valle, María Victoria Machado, dijo que “mientras Colombia aumentó en 5,3 millones el número de habitantes, nosotros decrecimos. Si siguiéramos la tendencia nacional el departamento debería tener 4,6 millones de personas”.

Machado remarcó que por efectos del Censo, “por ejemplo, tendremos menos pobres en virtud de la modificación de las bases para medir ese indicador”. Hizo un llamado al Gobierno y al DANE a que “nos informen de aquí en adelante cómo se hará para actualizar las bases de datos con las que se obtienen los indicadores que sirven para distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones.

Reforma

Siete días antes de que finalizara el gobierno Santos su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó un proyecto de ley que reformaba el SGP, con el propósito de garantizar más recursos a las regiones para educación, salud y saneamiento básico.

“Desde hace tres años el Gobierno nacional ha trabajado en una reforma al Sistema General de Participaciones basada en los principios de eficiencia, transparencia, y alineación de la distribución de recursos con las políticas y necesidades sectoriales”, explicó en su momento Cárdenas.

Sin embargo en octubre pasado la administración Duque retiró el proyecto, que en ese momento no había tenido debate.

Posteriormente el presidente Duque pidió en el proyecto de Plan de Desarrollo 2018-2022 facultades extraordinarias para modificar el SGP, las cuales le fueron negadas.