Para la elección de los contralores territoriales habrá convocatoria pública previa para seleccionar una terna de la que posteriormente elegirán los concejos y asambleas.

Así lo aprobó ayer la Comisión Primera de la Cámara al darle quinto debate al proyecto de acto legislativo que tiene como objetivo modificar la forma como la Contraloría General de la República realiza el control fiscal en el país.

En relación sobre la discusión que se generó en la Comisión sobre el mecanismo de elección de los contralores territoriales, el contralor Carlos Felipe Córdoba manifestó que “se va hacer una buena propuesta para sexto debate, para que se fortalezca mucho más la fórmula objetiva de elección de los contralores territoriales y de cara al país darle una solución a este tema”.

Sobre el tema, el representante por Meta, Alejandro Vega, del Partido Liberal, explicó que “se va a garantizar la descentralización, fortaleciéndole a los concejos y asambleas que puedan seguir ejerciendo su facultad de elegir al contralor, pero habrá una convocatoria previa que garantice que las personas de la terna que se conforme tengan las mejores condiciones técnicas y jurídicas para que puedan asumir estos cargos”.

Control preventivo

El elemento central del proyecto es instalar un modelo de control preventivo con el propósito de que la Contraloría pueda actuar en forma eficiente antes de que se produzca la pérdida de recursos estatales. Adicionalmente, busca aumentar los recursos a la entidad y hacer cambios como el periodo del Auditor General, que pasaría a cuatro años.

El contralor Córdoba afirmó que el proyecto es “de vital importancia. Gracias al apoyo y el compromiso que vimos en la Comisión Primera de Cámara este proyecto de acto legislativo pasa a un sexto debate. Lo más importante de este proceso es que tendremos una función preventiva, no previa. No queremos coadministrar, no queremos volver a lo que teníamos antes de 1991. Queremos hacer lo mismo que hace la Procuraduría General, de acompañar procesos para que no suceda lo que sucedió en Electricaribe, ni la crisis que se vivió en Hidroituango ni tampoco lo que se ha venido presentando en Reficar, para que el patrimonio de los colombianos se salvaguarde”.

Vega dijo que la iniciativa le da “una nueva arquitectura constitucional al control fiscal para que sea más robusto, para que pueda llegar en el momento indicado. Va a ser un control preventivo, concomitante, adicional del posterior y selectivo que va a garantizar los recursos de los colombianos”.

“Antes de la Constitución del 91 existía un control previo, que era coadministrar. Eso llevó a una ineficiencia de la administración pública. Con la Constitución del 91 pasamos a un control posterior y selectivo, pero que después de casi 30 años de este ejercicio hemos evidenciado que llega después de que se concretan los riesgos. ¿Qué se busca? Que el control llegue en tiempo real, antes de que se concreten los riesgos y de esa manera se garantice la inversión de los recursos de los colombianos”, agregó.

Proyecto complejo

La representante por Bogotá, Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, hizo algunos reparos al proyecto. “Este es un proyecto que hemos venido apoyando porque el fortalecimiento institucional es fundamental para poder luchar contra la corrupción y ahí la Contraloría tiene que jugar un rol especial. Sin embargo, es un proyecto complejo. Hemos alertado sobre una serie de temas que tenemos que mirar con mucho cuidado”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que “volver a un control concomitante no puede generar coadministración”. También manifestó que se debe “cuidar cómo se eligen los contralores departamentales y municipales y garantizar que no le damos facultades al Presidente que sean completamente indeterminadas. El proyecto viene con unas facultades amplísimas que generarían un riesgo grande de sustitución de la Constitución. Las facultades tienen que ser expresas y limitadas”.

“En el tema presupuestal hay que tener cuidado. Este proyecto prevé que se duplique en los próximos tres años el presupuesto de la Contraloría. Consideramos que esa es una decisión que tiene que llevarse en la Ley de Presupuesto porque los recursos son finitos. Y cuando uno decide aumentar los recursos a algo se los quita a algo más. Hay que dar la discusión de dónde vendrían los recursos”, puntualizó.