El Gobierno presionó para lograr poner en primer lugar, en el quinto ciclo de las conversaciones que lleva a cabo con el Eln en México, la necesidad de poner fin al secuestro. Sin embargo, son desalentadores los pronunciamientos de mandos de esta organización, poniendo de presente que no tienen pensado dejar esa práctica, porque es fundamental para financiar su lucha armada.

En ese escenario surgen las preguntas: ¿Qué hará el Gobierno si no logra comprometer al Eln a poner fin a los secuestros? ¿Se mantendrá en la mesa, y si lo hace, cómo podría superar las crisis constantes por la ocurrencia de más plagios?

Sobre el particular, EL NUEVO SIGLO consultó opiniones autorizadas. 

En un espacio en la red social X, alias ‘Pablo Beltrán’, jefe de la delegación del Eln en la mesa, indicó que “cuando nosotros firmamos los protocolos de cese en La Habana, quedó claro que las actividades de finanzas no quedaban incluidas en el cese”.

Añadió que “si a mí me dicen de esa mesa de cuatro patas quite una, eso quiere decir que están buscando un debilitamiento estratégico del Eln. Si quieren que en la etapa inicial yo desaparezca, no es coherente. Hemos dicho que en una prórroga del cese incorporemos una suspensión temporal de las retenciones de carácter económico, pero hay que ver cómo eso llega a un no debilitamiento del Eln”.

Opiniones sobre el escenario 

Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre y experto en derechos humanos, conflicto armado y paz, dijo que “la toma de rehenes, el secuestro y otras graves privaciones a la libertad realizadas por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) no son nuevas, estas prácticas atroces son recurrentes en los territorios de Colombia; en forma arrogante y desafiante las ejecutan directamente o asociadas con otros violentos, sin importar que haya acercamientos o diálogos que busquen un acuerdo de paz”.

Explicó que el Código Penal tipifica el secuestro en diferentes modalidades y la toma de rehenes como un delito contra las personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.

“El señor García y el señor Beltrán, incurren en un grave error, el cumplimiento del DIH es una obligación para las partes contendientes; los ataques contra las personas civiles y las que no participan en los combates están prohibidos, lo que se busca es la salvaguarda de las personas protegidas. El principio de distinción es la columna vertebral del ordenamiento humanitario”, indicó Burbano.

Enfatizó que “el Gobierno no puede aceptar que se legitimen la toma de rehenes y el secuestro, así lo denominen retenciones o contribuciones; no es un medio válido para conseguir recursos económicos a favor del Eln como lo pretenden los señores Antonio García y Pablo Beltrán. Se claudicaría frente a los crímenes de guerra. Respetar el DIH es el cimiento, es el mínimo inderogable e irreductible para dialogar”.

Añadió el académico que “respecto a la privación de la libertad del señor Luis Manuel Díaz, se produjo una exigencia de la ciudadanía, de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de negociaciones de paz con el Eln y de algunas entidades, para que esta organización guerrillera libere a todos los secuestrados. Si no pasa nada o se toma como imposiciones o chantajes al Eln como lo dijo Antonio García, con ello se da un mensaje de ‘normalización’ de este execrable crimen, el que seguramente continuará y recaerá en otras personas”.

Por su parte, el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, quien ha participado en anteriores gobiernos en mesas de diálogo con el Eln, indicó: “Creo que es una oportunidad para replantear seriamente ese proceso de paz. Me parece que el Gobierno en su deseo de hacer la paz, ahora y hace muchos años, ha hecho concesiones y se ha limitado simplemente al cese del fuego, pero no le incluye, como debe ser, el cese integral de hostilidades”. 

Agregó que frente a esta postura del Eln, “el Gobierno no puede ceder a autorizar o permitir que se siga secuestrando por el motivo que sea”. Enfatizó Bernal que “al decir que van a seguir secuestrando, que no van a ser secuestros extorsivos, sino que pueden ser de otra clase, políticos, etcétera, estaría dando un visto bueno el Gobierno para la comisión de delitos. Creo que no puede un gobierno, cualquiera que sea, de derecha o de izquierda, aceptar tácita o expresamente que una guerrilla estando en una mesa en un propósito de paz pueda seguir cometiendo delitos”.

Subrayó Bernal Cuéllar que el Gobierno “no puede aceptar esto, no puede simplemente dar el visto bueno a que se siga secuestrando, simplemente para mantener una mesa de diálogos”.

Qué dice el Congreso

El senador Miguel Uribe Turbay, integrante de la Comisión Accidental de Paz, dijo que “el mismo Gobierno aceptó finalmente lo que desde el Centro Democrático hemos venido insistiendo, y es que para reanudar y continuar las mesas de negociación, el Eln tenía que liberar a todos los secuestrados y frenar por completo el secuestro. No es solo una petición nuestra y del país sino, incluso, finalmente el Gobierno lo había reconocido”.

Advirtió el senador que “ante esta negativa por parte del Eln, en donde prácticamente nos advierte que va a continuar con los secuestros, es evidente que el Gobierno tiene que dar un mensaje de fuerza y de autoridad, y es suspender indefinidamente las mesas de diálogo hasta que el Eln tome la decisión de no secuestrar más. Es decir, liberar a todos los secuestrados y frenar el secuestro debe ser una línea roja para el Gobierno Nacional”. 

Agregó que el Gobierno no puede “bajo ninguna circunstancia aceptar que el Eln siga delinquiendo porque, de ser así, eso lo que va a hacer es poner al Gobierno en una posición de inferioridad y, por ende, los sacrificados vamos a ser los ciudadanos”.

El senador Ariel Ávila Martínez, de la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza e integrante de la Comisión de Paz del Congreso, dijo que “el secuestro es el crimen más odiado de la sociedad colombiana y cada secuestro que se haga es un costo político para la legitimidad del proceso, es un costo político para una futura firma de un acuerdo”.

Añadió: “Creo que el Eln tiene razón en el sentido de que en los protocolos no quedó el tema del secuestro, pero tiene que entender que es insostenible políticamente una negociación en medio de secuestros”.

En segundo lugar, dijo el parlamentario, “obviamente lo ideal sería que el secuestro se acabara para siempre, pero me parece bien una suspensión temporal. Y eso se tiene que acompañar de una razón de las personas que  se cree que el Eln tiene secuestrada actualmente, cifra que rondaría entre 35 y 40 personas. Entonces, el tema no es parar solo el secuestro, sino dar una razón de lo que está pasando con la gente que ha sufrido ese flagelo”.

Concluyó Ávila que “es una discusión que se tiene que dar y el tema es llegar a un acuerdo. El Gobierno Nacional tiene que buscar un acuerdo y el Eln también.  Creo que las amenazas de levantarse de la mesa son peligrosas y lo más importante es intentar buscar un acuerdo”.