El Acuerdo de Escazú encontró la radicación de la primera ponencia positiva liderada por la representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo. Al parecer este es un paso más en procura de alcanzar una aprobación de este proyecto ambiental.

Ahora al acuerdo, en caso de ser aceptado, le quedaría un único debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes y una discusión en plenaria pendientes para lograr que pase de nuevo a votación.

Sin embargo, vale recordar que la ratificación o no del Acuerdo está en manos del Congreso, que ya lo aprobó tanto en comisión como en plenaria del Senado y ahora solo falta el trámite en la Cámara de Representantes.

El Acuerdo tiene cuatro pilares básicos: acceso a la información, a la participación pública, a la justicia en asuntos ambientales, y la protección a defensores de derechos humanos en temas ambientales. Aunque todos están de acuerdo en estos temas, el problema está, según algunos oponentes, en la pérdida de soberanía y en la inseguridad jurídica que ello representa.

Para la senadora María Fernanda Cabal el acuerdo da pie a que el Estado recaiga en una “duplicidad normativa que generaría inseguridad jurídica, en asuntos vitales para el ordenamiento como el acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental”.

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De acuerdo con lo expuesto por el representante Luis Miguel López Aristizábal, del Partido Conservador, aún persisten inquietudes y en especial de los gremios. “Como gobierno y como congresistas estamos llamados a brindar tranquilidad y no incertidumbre y por eso es necesaria una acción. En la comisión segunda se debe dar el debate de manera sensata”, señaló.

“El país ha dado fuertes luchas en materia de soberanía, por ejemplo, en la parte alimentaria o en la comercial. Entonces, ¿por qué no pensar en esta oportunidad también en la ambiental?  Porque hay incertidumbre en el sentido que se están cediendo competencias soberanas del país”, manifestó el congresista.

Por su parte, para Carolina Giraldo el acuerdo no atenta contra la seguridad jurídica, sino que, por el contrario, la fortalece, proporcionando estabilidad económica.

“Hoy en día al tener falta de información ambiental muchas veces los inversionistas y otros actores no saben cómo actuar frente a proyectos o inversiones. Esta información ambiental que va a ser más fácil de adquirir gracias al Acuerdo de Escazú, va a facilitar que haya seguridad jurídica y también seguridad económica”.