La pretendida y siempre esquiva reforma a la justicia ha sido protagonista en los últimos años, sin embargo en 2020 otros hechos han marcado la agenda noticiosa, como la detención de Álvaro Uribe; algunas fricciones del Gobierno con la Rama, que terminó en que esta recordó que hay separación de poderes; las recientes imputaciones de responsabilidad fiscal por Hidroituango, entre otras.
También en los últimos días con la llegada del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno desde Estados Unidos a Colombia para pagar la pena de prisión que le fue impuesta, recobró vigencia el mayor caso de corrupción en la historia de la justicia por el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, como se le conoce al entramado que habrían orquestado entre los años 2013 y 2015 en la Corte Suprema magistrados, exmagistrados y abogados para supuestamente ‘vender’ a políticos por fuertes sumas de dinero fallos favorables o engavetar procesos.
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Moreno pagó una pena en Estados Unidos por lavado de activos porque las autoridades de ese país descubrieron que allá recibió $500 millones como anticipo de un soborno que le entregó el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, pues el ‘Cartel de la Toga’ le prometió ayudarlo en las investigaciones en su contra en la Corte por corrupción en ese departamento.
El exfiscal anticorrupción debe pagar la pena que impuso la Corte Suprema de 4 años y 10 meses de prisión por haber hecho parte de dicho entramado de corrupción, como él lo aceptó, al tiempo que se convirtió en el testigo estrella de la Fiscalía y la Corte, que ha permitido vincular a otros exmagistrados como Gustavo Malo y Francisco Ricaurte.
Uribe
Este año hubo un tremor político en el país porque la Corte Suprema impuso medida de aseguramiento domiciliaria al entonces senador Álvaro Uribe, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal en una demanda que este presentó contra el también senador Iván Cepeda.
Es la primera vez que alguien que haya ocupado la jefatura de Estado es privado de la libertad, lo cual es un hito en la justicia en Colombia porque el juez natural de este cargo es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, pero en este caso la Corte Suprema asumió la competencia por la calidad de Uribe en ese momento de senador.
Sin embargo, el panorama cambió en agosto pasado cuando el líder político renunció al Senado, lo que hizo que la Fiscalía asumiera la competencia. De forma paralela la defensa solicitó la libertad de Uribe, que fue concedida por una juez el pasado 10 de octubre tras 67 días de arresto domiciliario.
El caso Uribe también dejó por parte de este los señalamientos a la Corte por violación a sus derechos procesales y supuestos sesgos de tipo político en su contra.
Además un choque entre el Ejecutivo y la Justicia pues tras la detención de Uribe el presidente Duque dijo “duele que muchos de los que han lacerado al país con barbarie, se defiendan en libertad y tengan garantizado jamás ir a prisión. Y que un servidor público ejemplar, no se le permita defenderse en libertad".
Ante lo cual un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le pidió al Presidente de la República abstenerse de divulgar opiniones que desdibujen la independencia y autonomía de los órganos del Estado.
Hidroituango
La Contraloría General imputó responsabilidad fiscal por $4,1 billones a 28 funcionarios y contratistas que afectaron la operación del Proyecto Hidroituango, como consecuencia de una larga cadena de errores que se dio desde su planeación y diseño, hasta su ejecución y control.
Entre los 28 imputados figuran 10 miembros de la junta directiva de Hidroituango; 2 exgerentes de EPM, Juan Esteban Calle y Federico Restrepo; 2 gerentes de Hidroituango; 1 gerente de la filial EPM-Ituango; 2 exalcaldes de Medellín, Aníbal Gaviria y Alonso Salazar; y los exgobernadores de Antioquia Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos.
Lupa a recursos covid
Este año a causa de la pandemia se dio un hecho inédito en la justicia y en la labor de los órganos de control, pues la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría se unieron para vigilar que los billonarios dineros que ha destinado el Gobierno nacional y sus pares territoriales no vayan a parar a manos de los corruptos.
El hecho más reciente con los recursos para la pandemia fue revelado por la Contraloría General en torno a que 28 mil raciones de alimentos fueron entregadas por contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a 15 mil beneficiarios que aparecen en los registros como personas fallecidas.
Por su parte, la Procuraduría adelanta 512 procesos disciplinarios por presuntas irregularidades en 26 gobernaciones y 272 alcaldías en la emergencia sanitaria.
Mientras que la Fiscalía ha revisado más de 6 mil contratos para atender la pandemia; por irregularidades ha imputado a 3 gobernadores, 40 alcaldes, 2 concejales, otros 67 funcionarios y 14 particulares.
Caso Gómez Hurtado
Después de que 8 excomandantes de las Farc en versión ante la JEP responsabilizaron a la hoy extinta guerrilla del crimen de Álvaro Gómez Hurtado, la Fiscalía llamó a declarar a Rodrigo Londoño y Carlos Antonio Losada, sin embargo estos no acudieron argumentando que la competencia la tiene esta Jurisdicción porque es la que prevé el Acuerdo de Paz para sancionar los graves delitos en el conflicto armado.
No obstante en octubre pasado la entonces presidenta de la JEP, Patricia Linares, aclaró que no hay choque de competencias porque “el modelo lo que dispone es que la Fiscalía tiene el deber de seguir con las investigaciones hasta que la JEP lo indique".
Ofensiva contra la JEP
Tras recuperar el expresidente Uribe su libertad hizo 38 reflexiones en lo que llamó el día de la libertad procesal, en donde volvió a la carga contra la JEP, de la que dijo que el conjunto normativo de la que hace parte “consagró impunidad total a atrocidades como el secuestro y violación de la verdad”.
Por ello propuso “pensemos además en un referendo” que, entre otros, “derogue la JEP y confiera garantías a los integrantes de las Fuerzas Armadas, también a los desmovilizados de buena fe”.