Acceso a información no es sólo para periodistas y académicos: Newman | El Nuevo Siglo
Jueves, 28 de Junio de 2012

Desde hace tres años nació la alianza Más Información, Más Derechos, que es la unión de varias organizaciones que estudian el acceso a la información pública como un derecho fundamental.

Vivian Newman, subdirectora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), una de las entidades que integran la alianza, habló con este Diario para explicar en qué consiste la ya sancionada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Newman se refirió a las ventajas que tendrán los periodistas, académicos e investigadores a la hora de necesitar información pública

EL NUEVO SIGLO: ¿En qué consiste la ley de acceso a la información?

VIVIAN NEWMAN:Es un proyecto de ley que no es taquillero pero que es muy clave para los periodistas, los académicos y los ciudadanos del común porque actualmente pedir información pública es muy difícil.

Pocas veces se obtiene información favorable. Eso siempre se ha catalogado como un privilegio, cuando realmente es el derecho que tenemos todos de saber, de averiguar cuál es, por ejemplo, el procedimiento para que se nos reconozca el derecho a la vivienda, o de saber cuánto se les está pagando a los funcionarios públicos.

Cualquier tema que esté relacionado con lo público nos interesa a todos.

ENS: ¿Será necesario pedir siempre la información que se necesita o hay una forma más sencilla?

VN:El proyecto no sólo busca que a las personas les respondan en un tiempo prudencial y con la información que piden, sino que también haya una divulgación proactiva. Es decir, la obligación que tienen las todas las entidades, sobre todo las del Estado, de tener la información en exposición, en exhibición y en visibilización pública.

ENS: ¿Cuál es la molestia más recurrente de los ciudadanos?

VN:Una de las excusas que más se presenta es que los funcionarios dicen que la información es reservada y nunca explican por qué es reservada, en qué consiste la reserva y muchas veces no entregan la información que se es requerida.

Por lo general no argumentan, ni justifican el motivo para no entregar la información y dejan a las personas igual.

ENS: A pesar de la aprobación hay elementos de la ley que ustedes consideran desafortunados. ¿Cuáles son?

VN:Una de esas es que se incluyó un parágrafo en el artículo quinto que dice “las siguientes leyes – normas se exceptúan de la aplicación de esta norma-”. El sentido de esta ley de acceso a la información pública era que tuviéramos los estándares internacionales que son válidos desde 2002. Cuando tu exceptúas como siete leyes, se está quedando por fuera de la aplicación un contenido vasto e importante de normas que van a seguir siendo contrarias a los preceptos básicos.

ENS: ¿Cómo hacer para que las entidades cumplan con la ley?

VN:Hay un órgano garante que será el que se encargue de vigilar, hacer seguimiento y de que se cumpla lo que está estipulado en esta ley estatutaria, que es el Ministerio Público. A nivel nacional será regido por la Procuraduría y en cada municipio del país las personerías serán las encargadas de velar por el cumplimiento de la iniciativa.

Queremos que haya garantías y que cualquier ciudadano, en cualquier región pueda pedir información porque le pertenece, no hay que estar rogando a nadie.

Es bueno que haya una institución garante del cumplimiento de la ley, así como la hay en otros países como México que tiene el Instituto Federal de Acceso a la Información.

La transparencia es un requisito para que haya democracia y si las personas no saben qué es lo que está pasando, pues no pueden ejercer sus derechos.

 

Vigencia

 

Según quedó establecido en el texto conciliado, el próximo año tendrá que entrar en vigencia la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que las entidades Estatales de carácter nacional tendrán seis meses de vigencia para adaptar los documentos de interés públicos y hacerlos visibles a través de medios físicos, lo que quiere decir que durante los primeros meses del 2013 será una realidad. Los entes territoriales, por su parte, tendrán una vigencia de un año para tener todo listo, es decir, que a mediados del otro año el proceso estará completo y la ley podrá comenzar a regir de forma completa.