El cumplimiento del Auto 275 de la Corte Constitucional que tumbó la licitación de aseo en Bogotá el año pasado, pero que también obligó a la ciudad a presentar un plan para formalizar la actividad de los recicladores, es una oportunidad no solo para la dignificación de la labor de estas personas sino para la generación de empleo y poner en práctica en el ámbito nacional esquemas como la Asociación Público Cooperativas.

En este último caso sería posible lograr ostensibles rebajas en las tarifas de aseo, explicó Guillermo Rodríguez, coordinador de la Alianza Estratégica Comunitaria por el Desarrollo Humano Sostenible, con sede en Medellín, la cual viene impulsando sistemas alternativos para el cumplimiento del Auto 275 de la Corte.

EL NUEVO SIGLO:¿Ya están cumpliendo los municipios con el Auto 275 de la Corte Constitucional?

GUILLERMO RODRÍGUEZ: Pues hasta la fecha el único que ha cumplido es el Distrito Capital de Bogotá, que a través de la UAESP (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos) presentó una propuesta. Ningún otro municipio se ha preocupado por presentar propuesta alguna en relación al Auto 275 de la Corte Constitucional.

ENS: ¿Pero los pequeños municipios también tienen que cumplir con este Auto de la Corte?

GR: Se debe cumplir, además porque existe una figura que ya el Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio de Medio Ambiente han venido promoviendo y que nosotros recogemos y estamos impulsando en ese sentido, que son el Decreto 421 del 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico y el Decreto 1482 de 1989 del Ministerio del Medio Ambiente, que conforman lo que llaman la figura de las APC, Asociación Público Cooperativas, que es la figura que el Ministerio viene impulsando desde el 2008, creo yo, para que los municipios menores puedan desarrollar unas actividades de organización de servicios públicos en general, pero que se puede aplicar al tema de servicio de aseo.

¿Esa figura qué determina? Determina una alianza entre los municipios con organizaciones sin ánimo de lucro para que sean los operadores del servicio de aseo y el municipio entrega a través del Fondo de Garantías una cantidad de recursos que permita que ellos se establezcan como empresa operadora.

ENS: ¿Cómo es que con la microprestación a través de organizaciones comunales bajarían las tarifas de aseo?

GR: A través de las APC se pueden reducir por el aprovechamiento, que es un potencial de más del 80 por ciento de los residuos que se llevan al relleno.

Lo que pasa es que aquí la norma es perversa porque, por un lado, supuestamente, busca y entrega una millonada para que se haga clasificación y organización de los residuos en el sitio, pero por otro lado solo les paga a los operadores por tonelada recogida, transportada y vertida al relleno. Y a los operadores de los rellenos sanitarios también solo les paga por tonelada que llegue allá.

En ese sentido ningún operador, nosotros ya lo hablamos con Andesco y lo reconoció, va a estar interesado en que se reduzcan las basuras que ellos están recogiendo, porque eso implica que tonelada que se quede como materia prima en la comunidad, es tonelada que los operadores del sistema tradicional dejan de cobrar, y eso es mucho dinero. Es decir que si ellos aceptaran el sistema que nosotros estamos promoviendo, significaría que el 80 por ciento de la factura de ellos se caería si se aplica el sistema de minimización.

Pero esta reducción en la tarifa sería posible si se cambia la figura que está establecida porque o si no se encarecería, porque el operador va a tener menos toneladas para llevar, menos ingresos, pero los costos de operación van a ser los mismos.

Empleo

Rodríguez dijo que la formalización y organización de la actividad del reciclaje en sus diferentes fases podría generar, solo en Bogotá, cerca de 400 mil empleos. “Nosotros lo vemos desde una fórmula, que es la misma que le aplican a los operadores. A los operadores les pagan por cada tonelada recogida y trasladada al sitio de disposición final, sin ningún proceso de separación. Sin embargo a todos los usuarios nos cobran disposición, aprovechamiento y separación”.