Por corrupción electoral, la Corte Suprema de Justicia condenó al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, a 61 meses y 16 días de prisión domiciliaria tras encontrarlo culpable del delito de corrupción al sufragante. 

Además, el alto tribunal lo multó con 301.58 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la pena principal, por haber suscrito un pacto con habitantes de una invasión a cambio de votos, en la campaña para su primera Gobernación en 2011. 

Asimismo, la Corte ordenó al presidente Iván Duque separar a Monsalvo de su cargo como gobernador del Cesar, por lo cual el Jefe de Estado deberá comenzar el proceso para reasignar a un nuevo mandatario para el departamento.

El alto tribunal determinó que Monsalve “canjeó su apoyo electoral de personas necesitas e interesadas en permanecer en ese lugar, a cambio de que sufragaran en su favor".

Estos hechos tuvieron lugar entre agosto y octubre de 2011 en un territorio en Valledupar llamado 'Tierra Prometida', donde Monsaldo firmó un documento con líderes comunales en el que se comprometía a incluir a la invasión en proyectos de construcción de vivienda a cambio de votos.

Este compromiso notariado fue suscrito, el 16 de octubre de 2011,  por ocho líderes comunales y por el entonces aspirante, quien además ganó las elecciones regionales. 

Además, el alto tribunal reprochó que Monsalve "acudió a ciudadanos desprotegidos, víctimas del entonces conflicto armado, en una condición manifiesta de marginalidad, con la intención dolosa de alcanzar el falso favor de los electores merced a la prebenda corruptora manifestada en la promesa de dádiva analizada".

Los hechos se dieron a conocer en su mandato, después de que la Corte Constitucional le ordenara el desalojo de las comunidades con las que había firmado la promesa, las cuales se movilizaron a la Gobernación para solicitarle que cumpliera con su palabra. 

Por tal razón, la Fiscalía determinó que dicha promesa de campaña era un delito de corrupción al sufragante y así se lo hizo saber a la Corte Suprema cuando presentó el escrito de acusación en su contra y que, tras estudiar el caso, rectificó la responsabilidad de Monsalve en este caso.