Así se desprende de una encuesta realizada por la organización Transparencia Internacional, cuyos resultados están consignados en el Barómetro Global de Corrupción para América Latina y el Caribe

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El 40% de los encuestados en Colombia manifiesta que durante los últimos cinco años les ofrecieron sobornos o favores especiales a cambio de votos específicos en una elección nacional, regional o local.

Así lo registró el Barómetro Global de Corrupción para América Latina y el Caribe, un estudio hecho por Transparencia Internacional para medir las percepciones de la ciudadanía sobre ese tema y sus experiencias con el soborno.

Entre enero y marzo Transparencia hizo más de 17.000 encuestas a ciudadanos de 18 países de la región, lo que permite medir la percepción de toda Latinoamérica sobre este flagelo.

A través de un comunicado, Transparencia estimó que la cifra de 40% de personas tentadas a vender su voto “resulta alarmante en el contexto colombiano, dado que nos encontramos ad portas de las elecciones territoriales y que la compra de votos es uno de delitos que pone en riesgo las elecciones, en la medida en que aumentan los costos ocultos de las campañas e introduce un desnivel a favor de los candidatos que incurren en estas prácticas”.

Corrupción

Así mismo, el 20% de los encuestados que utilizaron servicios públicos afirma que en los últimos 12 meses pagaron un soborno. A pesar de que los niveles de soborno presentan una disminución significativa (10% menos que en 2017), quienes son más propensos a pedir o recibir sobornos en Colombia son: “La Policía (26%) y los prestadores de servicios públicos (20%). Del total de encuestados que afirmaron haber pagado un soborno durante el último año, el 32% indicó que el soborno le fue solicitado; el 24% afirmó que lo realizó debido a que se esperaba un pago extraoficial; el 16% pagó sobornos para que las cosas se hicieran más rápido o mejor; y el 20% lo hizo para expresar agradecimiento por el servicio recibido”.

Cabe anotar, que los colombianos no están conformes con las medidas tomadas por el Gobierno para enfrentar la corrupción, según el estudio, el 52% de los encuestados señala que durante el último año la corrupción aumentó.

La encuesta revela que en la región, Perú y Colombia registran el porcentaje más alto de ciudadanos que consideran que la corrupción en el Gobierno es uno de los problemas más graves de su país (96% y 94% respectivamente). 57% de los encuestados cree que el Gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción, siendo esta percepción mayor entre los jóvenes, es decir entre 18 y 35 años (66%).

Para Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, “estas cifras podrían reflejar que hay una generación que está siendo más crítica frente a la labor del Estado. Nos encontramos en un momento clave, donde la ciudadanía reclama resultados al Gobierno en esta materia, exige menos retórica y más acciones concretas”.

De hecho, el estudio revela que según los encuestados los miembros del Congreso (64%), el Presidente y funcionarios cercanos (55%), y los empleados públicos (48%) son considerados como las personas más involucradas en hechos de corrupción en Colombia. La ONG indica que “preocupa el aumento de percepción de corrupción en los Jueces y Magistrados con el 47% (10% más con respecto a 2017) y de la Policía con el 42% (41% en 2017)”.

“Que los jueces y magistrados sean percibidos tan negativamente por la población puede ser resultado de la fórmula de la impunidad que hace que la corrupción continúe siendo un ‘negocio que paga’. Los vencimientos de términos, los beneficios de casa por cárcel a personas involucradas en estos hechos y las bajas sanciones penales han incrementado la demanda ciudadana por lograr mayores castigos a los corruptos”, expresó Hernández.

Impunidad

Así mismo los ciudadanos indican que la denuncia no sirve para nada pese a que son conscientes que denunciar los casos de corrupción ante las autoridades correspondientes es fundamental para luchar contra este fenómeno.

En Colombia el 78% de los encuestados sostiene que si las personas denuncian los casos de corrupción, sufrirán represalias. Adicionalmente, el 58% afirma que es poco probable que el reportar un hecho de corrupción conduzca a la adopción de medidas. “Es por esto que Transparencia por Colombia insiste en la urgencia de desarrollar un marco legal para la protección de denunciantes y testigos de corrupción”, indica la entidad.

Cabe anotar que por primera vez el Barómetro incluye datos sobre los casos de extorsión sexual o sextorsion, que según la entidad puede ser definido como “una de las formas más significativas de corrupción basadas en el género y que ocurre cuando un funcionario público dice que dará un beneficio del gobierno (como un servicio más rápido, aprobación de documentos, un trabajo, o evitar una multa o prisión) a cambio de un favor sexual”.

Según el estudio, en Colombia, el 82% de los encuestados cree que la extorsión sexual ocurre ocasionalmente y el 16% dice haber vivido o conocido un caso de extorsión sexual, siendo las mujeres las más afectadas por esta situación.