Poco más de tres decenas de iniciativas que tienen como propósito modificar artículos de la Carta Magna han sido radicadas en el primer mes de esta legislatura

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Durante el primer mes de la legislatura 2019-2020 han sido radicados 19 proyectos de acto legislativo en el Senado de la República y 12 en la Cámara de Representantes. El NUEVO SIGLO presenta un resumen de las principales iniciativas radicadas.

 

Cadena perpetua para violadores de menores

La iniciativa que está en tramiten en la Comisión Primera de Cámara tiene como objetivo reforma el artículo 34 de la Constitución para que “de manera excepcional, cuando se cometan los delitos de homicidio doloso, secuestro, tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menor de 14 años” pueda ser impuesta “hasta la pena de prisión perpetua”. El texto añade que en todo caso “la pena será revisable en un plazo de 30 años”. La iniciativa es impulsada por parlamentarios de partidos de Gobierno y respaldada por el presidente Iván Duque.

 

Iniciativa presupuestal del Congreso

Nuevamente fue radicado el proyecto de acto legislativo que busca reformar el artículo 350 de la Constitución con el propósito de que los congresistas puedan determinar hasta el 20% de los recursos de inversión del presupuesto nacional.  Esta iniciativa fue archivada tras su séptimo debate en la Comisión Primera de Senado la pasada legislatura.

“Una vez aprobado el monto definitivo del presupuesto de gastos decidido por las comisiones conjuntas, las plenarias de las cámaras podrán efectuar modificaciones al proyecto de presupuesto hasta el veinte (20%) del presupuesto de inversión, mediante traslados entre partidas, aumento o disminución de las mismas o inclusión de nuevas partidas que estén relacionadas con el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, siempre que no se alteren aquellas partidas que el Congreso no puede eliminar o reducir”, señala el texto que sería adicionado al artículo. La propuesta fue radicada por el representante Germán Navas, del Polo Democrático, y el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal.

 

Segunda instancia retroactiva

Este proyecto impulsado por congresistas del Partido Conservador busca establecer la segunda instancia retroactiva para aforados al modificar los artículos 234 y 235 de la Constitución.

En la iniciativa se crea una Sala Transitoria de Revisiones Especiales que resolverá “las acciones especiales de revisión contra la primera condena proferida en vigencia de esta constitución y hasta antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018, en segunda o única instancia, o en sentencia de casación, interpuestas por los condenados dentro del año calendario siguiente a la entrada en vigencia del presente acto legislativo”.

 

Sala militar en la JEP

La iniciativa busca adicionar un artículo transitorio al Acto Legislativo 01 de 2017 para crear una sala especial para la Fuerza Pública dentro de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

“Dentro del Tribunal para la Paz se crean las siguientes secciones especiales para los miembros de la Fuerza Pública así: dos (2) secciones de primera instancia, una (1) sección de revisión de sentencias y una (1) sección de apelación, integradas por tres (3) magistrados cada una, que cumplirán las mismas funciones asignadas en la Constitución y la ley a las otras secciones de la JEP, pero exclusivas para las conductas cometidas por miembros de la Fuerza Pública con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, expresa el texto de la iniciativa impulsada por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

 

Congelamiento de salarios

El proyecto de acto legislativo buscada adicionar un parágrafo transitorio al artículo 187 de la Constitución Política con el propósito de que, durante seis años, el salario de los congresistas aumente en el mismo valor en pesos del reajuste anual del salario mínimo.

“Por un término de seis años, la asignación de los miembros del Congreso de la República solo se reajustará anualmente, por el mismo valor en pesos en que se incremente el salario mínimo mensual legal vigente por parte del Gobierno nacional”, expresa el parágrafo introducido al artículo.

 

Límite de periodos

Esta iniciativa, que responde al primer punto de la consulta anticorrupción de agosto de 2018, pretende reformar el artículo 133 de la Constitución.  “A partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo nadie podrá reelegirse para más de tres periodos consecutivos o no consecutivos en cada una de las siguientes corporaciones: Senado de la República, Cámara de Representantes, Concejos Municipales, Asambleas Departamentales, o Junta Administradora Local”, señala el texto radicado por la senadora Angélica Lozano, la representante Juanita Goebertus y otros parlamentarios de la Alianza Verde. Una iniciativa similar fue archivada tras su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes la legislatura pasada.

 

Reforma política

Esta iniciativa de reforma política presentada por parlamentarios de la Lista de la Decencia, Farc y Polo Democrático tiene como propósito modificar varios artículos de la constitución. Entre los elementos llamativos del proyecto se encuentra que el voto deberá ejercerse a partir de los 17 años de edad para las elecciones de 2022 y desde los 16 años a partir de las elecciones regionales de 2023.

También establece personerías jurídicas, como grupos significativos de ciudadanos, a aquellas organizaciones que demuestren tener al menos el 1% de los votos emitidos en las elecciones parlamentarias y como movimiento político, a aquellas organizaciones que demuestren tener al menos el 2% de los votos emitidos en los mismos comicios.

 

Drogas

Este proyecto radicado por parlamentarios de diversos partidos, entre los que se encuentran los senadores Gustavo Bolívar, de Decentes; Armando Benedetti, de La U; Temístocles Ortega, de Cambio Radical, pretende reformar el artículo 49 de la Constitución que actualmente señala que “el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”.  

Al artículo se le adiciona que “el porte y consumo de sustancias estupefacientes, psicoactivas o sicotrópicas estará reglamentado por la ley bajo los enfoques de salud pública, derechos humanos, reducción de riesgos y daños y determinantes sociales, así como la no penalización en razón del consumo. Las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos serán prevalentes en la formulación e implementación de la política nacional de drogas”, expresa el primero.

 

Elección del fiscal

Este proyecto de acto legislativo tiene como objeto modificar el artículo 249 de la Constitución Política con el propósito de establecer que la elección del Fiscal General de la Nación se realizará a través de terna elaborada por el Presidente de la República a partir de concurso público de mérito y que el periodo del Fiscal General de la Nación será de carácter institucional, es decir, que en caso de faltas absolutas del titular, quien lo reemplace lo hará por el periodo restante del reemplazado.

 

Minería en páramos

Con esta iniciativa se busca reformar el artículo 79 adicionando un inciso que prohíbe el ejercicio de actividades de exploración y explotación mineras en ecosistemas de páramo. “No se pretende satanizar las prácticas extractivas, en tanto se reconocen como fundamentales para la consolidación de la economía nacional, pero sí restringir áreas de especial interés ecosistémico, que asegura la sostenibilidad de la despensa hídrica nacional, y que contribuye a articular esfuerzos para la preservación del sistema nacional de áreas protegidas”, expresan en el texto sus autores, los congresistas Paola Holguín y Juan Espinal, del Centro Democrático.

 

Delitos contra el medio ambiente

La iniciativa busca modificar el artículo 150 de la Constitución Política con el propósito de prohibir que los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente sean considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos y, por lo tanto, no podrán ser objeto de amnistía o indulto.

Entre los motivos del proyecto radicado por el expresidente y senador Álvaro Uribe se expresa que busca “enfrentar el “ecocidio” perpetrado por lo grupos al margen de la ley y también que terroristas no puedan alegar que ejercieron la minería ilegal para financiar la rebelión”.