Parecería hacer honor tanto al refrán de “sin pausa pero sin prisa”, como al viejo adagio de “más administración y menos política”

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CUMPLIDO tan solo un mes de la administración del presidente Iván Duque Márquez es claro su estilo particular. En principio, algunos podrían decir que es moderado y sereno, pero su talante, en este corto transcurso, podría resumirse más bien con el conocido adagio político de “suave en la forma, duro en el fondo”.

Luego de posesionado, el país se distrajo un tiempo con el duro y ácido corte de cuentas del presidente del Congreso, Ernesto Macías, frente al gobierno de Juan Manuel Santos.  Duque no se inmutó y la cosa no pasó de un divertimento para los medios de comunicación y los analistas políticos.

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De hecho, en este periódico se dijo, en principio, que sería benéfico para el nuevo Gobierno hacer un inventario de lo heredado, cartera por cartera, de modo técnico y sin aspavientos. No obstante, la administración Duque, y en particular el propio Presidente, han mantenido la línea férrea de no usar el espejo retrovisor.

 

Novedades

Duque cumplió con su promesa de congregar un gabinete, mitad hombres, mitad mujeres. De la misma manera, se abstuvo de contactar a la dirigencia política y los partidos que lo habían respaldado en la segunda vuelta presidencial, para seleccionar los nombres.

El análisis hecho por algunos consiste en decir que el núcleo fuerte del gabinete debió ser sugerido por el jefe del Centro Democrático, el expresidente y senador Álvaro Uribe, con base en la cercanía de las designaciones principales: Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior; Carlos Holmes Trujillo, canciller; Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda; Guillermo Botero, ministro de Defensa; y Alicia Arango, ministra de Trabajo. Se seleccionó, a su vez, una Ministra de Justicia que estuviera al tanto de las reformas necesarias y se llegó al nombre de Ángela María Borrero.

Por igual, se asignaron dos ministerios a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en cabeza de Ángela María Orozco, en Transporte, y José Manuel Restrepo, en Comercio. De suyo, en esta semana a la segunda a bordo se le respetó la delegación anunciada en materia de infraestructura y de competitividad, atinente a esas dos carteras. Se le mantuvieron, a su vez, viejas funciones adscritas a la Vicepresidencia, como la oceanografía y la órbita satelital, donde también se añadió el tema del Galeón San José, así como la protección de los indígenas y afrodescendientes en la zona del Pacífico.

Por otro lado, el presidente Duque se ha mostrado proclive a las consejerías en la Casa de Nariño.

Ha preferido, de la misma manera, el diálogo popular, con la reedición de los consejos comunales del expresidente Uribe, y mantiene  los consejos de ministros semanales, muy propios del expresidente Santos.

En tal sentido, el gabinete, que en las épocas de campaña se anunció de menores de 40 años, terminó, no obstante, con varios veteranos y curtidos en muchas batallas. El más joven es el titular de Vivienda, Jonathan Malagón, y el mayor es Guillermo Botero. El promedio de edad es de 53 años. La Universidad de Los Andes prepondera en el consejo de ministros y Bogotá es la ciudad de origen de casi la mitad del gabinete. Por primera vez dos mujeres ocupan el cargo de Vicepresidenta y Ministra del Interior, las dos, a su vez, de Cundinamarca.

Dinámica

En estos 30 días, por su parte, pareciera darse una estrategia en la que el partido de gobierno, el Centro Democrático, ha mantenido criterios autónomos del mismo Presidente. Con ello, la comidilla política ha sido la de que aparentemente una cosa es el “uribismo” y otra el “duqismo”. Esto para señalar, por parte de los opositores, que existiría una escisión frente al principal mentor del Primer Mandatario. Lo que, ciertamente, no parece responder a la realidad pero sí a un halo de independencia de Duque.

Uribe, en esa dirección, parece estar jugando en tres pistas: Una la del gobierno, otra la del Congreso y su partido, y una tercera en su defensa jurídica ante el llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Duque, de su lado, ha mostrado ciertamente independencia política, no necesariamente frente a Uribe, pero sí ante el Centro Democrático y, en particular, al resto de bancadas parlamentarias. Su promesa de gobernar sin privilegios y canonjías, es decir sin la llamada “mermelada”, ha sido un logro de su primer mes, puesto que ha fijado su destino y sus propósitos sin recurrir al clientelismo.

En esa vía, logró en principio que varias colectividades como el Partido Conservador, el MIRA así como Justos y Libres se declararan oficialistas, sin ningún cargo de relevancia en el Ejecutivo. El conservatismo parece satisfecho con algunos ministros de su origen partidista que, sin embargo, tienen la orden de “cero tolerancia” con la “mermelada”.

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Dentro de ese panorama lo que parecería estar dándose, pues, es un gabinete con el influjo directo del presidente Duque, pero una fuerte ascendencia del expresidente Uribe y, en menor rango pero igualmente importante, las directrices de la vicepresidenta Ramírez, encargada de coordinar el sector de infraestructura, competitividad e innovación en el gabinete.

 

Gobernabilidad

A los partidos anteriores, declarados de gobierno, en compañía del Centro Democrático, se unió sorpresivamente esta semana el de La U, insignia del expresidente Juan Manuel Santos durante su doble mandato. Con ello se pensó que el gobierno Duque había logrado unas mayorías relativas en el Congreso de la República, necesarias por supuesto para sacar avante la agenda gubernamental.

No obstante, el solo anuncio determinó una división en La U entre los partidarios de declararse gobiernistas y los que pretendían la declaratoria de independencia. En efecto, una votación previa de 25 parlamentarios a favor de aliarse con el Ejecutivo y 16 en procura de la independencia, determinó el cisma. En medio de las denuncias de “mermelada”, que el Gobierno denegó, la división de La U dejó a este último en todo caso sin las mayorías requeridas, pues solo tiene 47 senadores, de los 106 en propiedad, y 73 representantes a la Cámara de los 170 efectivos.

Es decir, que aparentemente, por primera vez, un gobierno inicia su mandato sin las mayorías parlamentarias necesarias.

El presidente Duque, durante estos 30 días, ha prometido una y otra vez que no recurrirá a las cuotas para conseguir la voluntad mayoritaria del Congreso. Contando con los no oficialistas de La U, en espera de formalizarse, el sector independiente configurado por Cambio Radical y el Partido Liberal, lograría ser el bloque decisivo del Congreso. Ellos, a su vez, han prometido respaldar las iniciativas que consideren convenientes y desestimar aquellas que califiquen como negativas. En consecuencia, el Parlamento ha quedado dividido en tres bloques, más o menos equiparables: el oficialismo, los independientes y la oposición.

La expectativa está dada en si el presidente Duque no dará su brazo a torcer para mantener la nueva política diseñada de autonomía total entre el Ejecutivo y el Legislativo, o si recurrirá a aceitar a los parlamentarios por la vía de los puestos regionales, como se viene sugiriendo por algunos sectores. En últimas, si, finalmente, separará, nacionalmente, la llamada “mermelada” del concepto de representatividad política en el Gobierno.

Por lo pronto, la Casa de Nariño ha sido enfática en que no habrá “mermelada” de ninguna clase y la opinión pública tiene la lupa puesta en la materia.

De hecho, el presidente Duque, como formulación de la nueva política, no utilizó el tradicional guiño para maniobrar en la elección del Contralor General de la República. En aras de estas circunstancias, el propio candidato del Centro Democrático a ese cargo aceptó el triunfo de su adversario, dentro de los criterios señalado por el Primer Mandatario. Lo mismo aconteció con la elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral.

La anticorrupción

En medio de su primer mes de posesionado el presidente Duque apoyó la consulta popular anticorrupción, impulsada por los partidos declarados de oposición y en contravía de las opiniones del expresidente y senador Uribe. Eso le valió que, luego de la sorpresiva votación de casi doce millones de votos a favor de las siete preguntas de la consulta, el Jefe de Estado pudiera convertirse en el líder del ejercicio democrático y llamar a la Casa de Nariño a todos los partidos y bancadas para generar una gran plataforma anticorrupción. Es claro que la consulta no alcanzó, por poco, el umbral de participación, pero sí expresó una voluntad popular de manera categórica.

De no haber actuado así, el presidente Duque habría tenido una derrota temprana, inclusive en materia grave, pero su moderación y habilidad le permitieron dar un salto adelante y propiciar un consenso general en favor del anhelo más evidente del pueblo colombiano.

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Para concretarlo, se citó una Mesa Técnica Anticorrupción que configura los diferentes sectores del país. De hecho la invitación del partido Farc a la Casa de Nariño, en cabeza de alias ‘Timochenko’ y ‘Lozada’, alcanzó a causar polémica, en especial en algunos sectores del uribismo, en tanto que en ese momento ya comenzaba a hacerse evidente la profunda división entre los exjefes de la guerrilla y la evasión de varios de ellos hacia la clandestinidad.

Así las cosas, Duque logró sortear favorablemente el episodio más difícil de los 30 días que lleva de mandato y puso al país en la ruta que había prometido, zanjando con tino la nociva polarización.

Iniciativa

De otra parte, no obstante, al Gobierno se le ha visto carente de iniciativa en otros aspectos y ello ha bajado, según algunas encuestas, su popularidad. Se pensó, tal como lo dijo en campaña, que a la apertura de la legislatura el Ejecutivo llevaría los proyectos más urgentes, entre ellos la reforma tributaria.

Sin embargo, al cabo de un mes no se conoce un texto fehaciente sobre la materia y más bien se han dado bandazos en las propuestas a la opinión pública, como globos de ensayo. Al mismo tiempo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha dejado entrever que no tomará decisiones a granel y que el texto que, según las promesas, consiste en bajar impuestos para desactivar la crisis fiscal, será lo más técnico posible.

La desfinanciación del presupuesto es de 25 billones de pesos para 2019. Frente a ello, no sólo se busca ampliar los ingresos, sino que existe la confianza de que la Administración hará un esfuerzo serio por disminuir el gasto público, tal como se ha anunciado en un programa específico de gran calado.

En esa dirección, Cambio Radical se adelantó a presentar una iniciativa tributaria que posiblemente no será muy diferente a la que radique el Gobierno. Igual ha sucedido con la reforma a la justicia y la reforma política, inscrita por distintos partidos y sectores de oposición. De suyo, el Ejecutivo anunció, además, que la reforma pensional, de curso urgente, quedó para el próximo año.

De otra parte, la Casa de Nariño ha sostenido que la clave está en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, donde incluirá los elementos fundamentales de su política económica y social.

La mejora en los precios del petróleo ha servido, en todo caso, para cierto alivio en las proyecciones gubernamentales. La devaluación, sin embargo, ha impactado negativamente el servicio de la deuda, que se encuentra al tope.

Otro aspecto trascendental, en este mes, ha sido el de la migración venezolana. En corto tiempo el Canciller se ha puesto a la tarea de buscar un plan integral regional para enfrentar el drama humanitario de los millones de venezolanos que han salido a los territorios vecinos, huyendo del hambre y de la falta de oportunidades.

Colombia lidera hoy el tema y en eso el Presidente se ha movido rápido, más allá de ideas inciertas, como la posible demanda a Maduro en la Corte Penal Internacional.

 

Paz

En una de las características más destacadas de la campaña presidencial, que fue el tema de la paz, el Gobierno se ha mostrado más bien cauto y muy lejos de la tesis de volver “trizas” los acuerdos, esgrimida por algunos sectores del uribismo. En este mes, por el contrario, el Ejecutivo no ha mostrado ningún tipo de radicalismo y ha preferido evadir un escenario de ese tipo.

Tanto el Presidente como su Comisionado de Paz se muestran proclives a cumplir los acuerdos, diciendo que hacen parte de la Constitución. Esto seguramente ha resultado sorpresivo para ciertos sectores uribistas, pero la Administración ha optado por manejar el tema de modo estratégico y con base en contactos directos con la Fuerza Pública, a la que, por otra parte, ha pedido más acción.

El proceso de la paz con las Farc se ha venido deshaciendo por sí solo, a raíz de la profunda división interna, y parece claro un marchitamiento de cuenta propia de los protagonistas. No obstante, los síntomas de desorden público, con disidencias y bacrines, no son buenos. De otro lado, las actitudes gubernamentales, como prorrogar la Ley 418, que ha servido de base para las negociaciones con la guerrilla, demuestra la conducta a seguir con otras organizaciones.

Asimismo, la actividad del canciller Carlos Holmes Trujillo en procura de ampliar los plazos de la Misión de Verificación de la ONU, demuestra del mismo modo el norte en la materia.

Los ajustes en cuanto a evitar que el narcotráfico y el secuestro sean delitos conexos al político, actuarán, según afirmación gubernamental, sólo hacia adelante, sin retroactividad. En todo caso, las leyes ya emitidas al respecto son base de favorabilidad penal en procesos futuros.

 

Drogas ilícitas

La peor herencia dejada por el gobierno Santos está en las 210 mil hectáreas de cultivos ilícitos, que marcan un espiral histórico sin antecedentes en Colombia. Frente a ello la administración Duque ha adoptado la fumigación con drones, y posiblemente con glifosato, como nueva estrategia, sin abandonar los acuerdos pactados con los campesinos cultivadores para erradicación voluntaria.

Al mismo tiempo ha actuado rápidamente para resolver el tema de la dosis mínima y la dosis personal de aprovisionamiento de drogas, que el Gobierno prometió atacar por la vía de la incautación de estas en el espacio público, con base en un decreto que todavía es materia de socialización.

Existe, en la materia, prácticamente un plebiscito -en el mismo sentido de la anticorrupción- para frenar el microtráfico y el gobierno Duque se ha sintonizado definitivamente con esta prioridad, tal cual lo prometió en campaña.

Es muy posible que la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Colombia el próximo noviembre, sea un límite para tener una política en marcha, tanto contra los cultivos ilícitos como contra el microtráfico. Pero de acuerdo a la visto también puede decirse, sin temor a error, que el presidente Duque ha tomado por los cuernos este tema, no por compromisos internacionales, sino porque considera que Colombia debe estar exenta de esa roya bajo su propia responsabilidad.

Horizonte

El énfasis del presidente Duque, en estos 30 días, ha tenido de consigna general la recuperación de la legalidad. Por tanto, es la ley la articuladora de su política general, sin ningún transaccionismo.

Mantiene, a su vez, el criterio de construir sobre lo construido, pero al mismo tiempo cambia lo que considera improcedente. Así ocurrió, en estos días, con el programa “Ser Pilo Paga”, cuyo replanteamiento ya fue anunciado por la Ministra del ramo.

Del mismo modo, la Consejería del Posconflicto ha entrado a denominarse Consejería para la Estabilización, lo que demuestra un foco diferente al precedente.

También se ha encontrado Duque con dificultades fiscales para activar los nuevos ministerios prometidos y se espera que no insista en ello, puesto que “el palo no está para cucharas”, inclusive con la mayoría de los ministerios vigentes desfinanciados en una buena proporción en materia de inversiones.

Sin espejo retrovisor, Duque ha intentado señalar una agenda hacia adelante. Algunos critican que no hay una hoja de ruta clara, mientras que otros prefieren un drástico beneficio de inventario de lo recibido.

La incógnita sustancial, por el momento, radica en su nueva formulación de la política, proscribiendo los mecanismos tradicionales que se utilizan para llegar a acuerdos por debajo de la mesa. En todo caso, Duque parecería mantener la concertación y la socialización como eje central de su forma de gobernar.

De otra parte, no hay duda de que el país ha respirado con un Presidente joven. Pero de la misma manera se requiere una voz más audible, sin dejar de lado la figura fresca que representa.

Es muy prematuro, desde luego, hacer un balance de su gobierno, en el que de todos modos pueden exaltarse varios flancos positivos. Tal vez el país ha escogido un exiguo lapso de un mes para revisar los contrastes frente al gobierno anterior, luego de tanta polarización. Duque, en todo caso, se ha movido más rápido que la oposición y puesto el norte en varios puntos esenciales. Parecería hacer honor tanto al refrán de “sin pausa pero sin prisa”, como al viejo adagio de “más administración y menos política”.