El 9 diciembre de 1990, hoy hace treinta años, la elección de los delegados a la Asamblea Nacional Constituyente no sólo marcó el inicio del proceso que siete meses más tarde le daría a Colombia una nueva Carta Política, sino que también fue un punto de inflexión sobre los caminos y suertes distintas de dos grupos guerrilleros: las Farc y el M-19.
- Le puede interesar: "9 de marzo de 1990", un proceso de paz que sí funcionó
De allí que no pocos historiadores y analistas coincidan en que lo ocurrido en estas tres décadas deja múltiples lecciones sobre uno de los grandes dilemas del país desde la década de los 60, cuando empezaron a germinar los grupos subversivos: qué tipo de solución militar o qué tipo de solución negociada aplicar al conflicto armado interno.
Hace 30 años la debutante Alianza Democrática M-19 (AD-M19), movimiento político en que había derivado la violenta guerrilla que había dejado las armas nueve meses antes, se convertía en la segunda fuerza electoral más votada para redactar la nueva Carta, ganando 19 de los 70 escaños en juego con una lista que incluía perfiles de múltiples sectores políticos y sociales.
Y ese mismo día, las Farc sufrían uno de los más duros golpes desde su creación: el ataque militar al emblemático campamento de ‘Casa Verde’, la sede histórica de la guerrilla ubicada en las montañas de La Uribe (Meta). Allí permanecía la mayor parte del Secretariado, ya por entonces al mando de Manuel Marulanda, puesto que el otro jefe histórico, Jacobo Arenas, había muerto meses atrás, en agosto, de un paro cardíaco.
En ese orden de ideas, el triunfo electoral de la AD-M19, que se mantuvo firme en el pacto de paz pese al asesinato de su candidato presidencial Carlos Pizarro (en abril de ese año), fue interpretado como una confirmación del respaldo de la opinión pública a la salida política negociada al conflicto. Y, de forma paralela, el ataque a ‘Casa Verde’ se entendió como la única opción del gobierno Gaviria ante una guerrilla que había asesinado decenas de militares, policías y civiles en los cuatro meses anteriores a los comicios.
De hecho, a lo largo del segundo semestre de 1990, mientras la Casa de Nariño adecuaba toda la normatividad y el operativo logístico para arrancar el proceso constituyente, hubo ingentes esfuerzos para que las Farc disminuyeran su ofensiva terrorista y aceptaran participar de una u otra manera en la Asamblea. Nada ni nadie las convenció. Así las cosas, solo lo hicieron la AD-M19 y los delegados (sin voto) del ‘Ejército Popular de liberación’, el movimiento armado ‘Quintín Lame’ y del ‘Partido Revolucionario de los Trabajadores’, agrupaciones insurgentes que estaban en proceso de negociación con el Ejecutivo.
- Recomendado: "Polarización incide en desarrollo de los acuerdos"
Si bien es cierto que en el ataque a ‘Casa Verde’ todo el Secretariado de las Farc salió ileso y escapó, resultó claro que los rezagos de las conversaciones de paz con esa guerrilla, heredados del gobierno Barco, explosionaron ese día. No hay que olvidar que precisamente allí estaba el llamado “teléfono rojo”, único canal radiotelefónico de comunicación entre el Gobierno y la cúpula fariana.
No dejaba de resultar paradójico que mientras el M-19, una guerrilla con múltiples y graves delitos a bordo pero objetivamente más pequeña, débil y con menos poder de desestabilización que las Farc, había ingresado pisando duro al escenario político, al punto de que Antonio Navarro fue copresidente de la Asamblea Constituyente, los jefes de las Farc, con más ambición y perfil político, estaban selva dentro, escondiéndose para evitar ser abatidos por la Fuerza Pública.
Tres décadas después…
Mucho ha pasado desde aquel 9 de diciembre. La AD-M19 entró al gobierno Gaviria pero luego se terminó retirando en medio de fuertes debates políticos internos y una puja por el liderazgo entre Navarro y otros líderes de vieja y nueva data.
Es más, esas fisuras ya habían llevado a que en las elecciones parlamentarias de octubre de 1991 (cuatro meses después de emitida la nueva Constitución), el inexperto partido sólo alcanzó nueve de los 102 escaños en el Senado y trece de los 161 de la Cámara.
Con el pasar de los años la colectividad se fue difuminando y gran parte de sus bases ingresó a otras facciones de izquierda, como el Polo Democrático.
Sin embargo, en perspectiva, algunos de sus líderes más reconocidos se han mantenido en la política. Navarro, por ejemplo, logró ser ministro, alcalde, gobernador, representante a la Cámara, senador y candidato presidencial. Otros también llegaron al Parlamento (uno incluso en una lista uribista), terminaron en embajadas u ocupando altos cargos en algunos gobiernos.
Pero, sin duda, el punto más alto entre los antiguos integrantes del M19 lo marca Gustavo Petro. Ha sido representante a la Cámara, senador, alcalde de Bogotá y dos veces candidato presidencial. En 2018, incluso, logró avanzar a la segunda vuelta y aunque perdió con el hoy presidente Iván Duque, sumó ocho millones de votos. Hoy de nuevo es aspirante para 2022.
La otra cara
A las Farc les ha ido distinto. De esa desafiante, bárbara y criminal organización guerrillera que se negó a entrar en el proceso de la Constituyente y que en determinado momento significó una amenaza grave para la supremacía territorial y militar del Estado colombiano, ya no queda, 30 años después, mayor estructura.
Si bien es cierto que durante el mismo gobierno de Gaviria se volvió a instalar la mesa de negociación, primero en Caracas y luego en Tlaxcala (México), ninguno de esos esfuerzos avanzó. En el gobierno Samper el narcoescándalo impidió cualquier acercamiento y vendría el mandato Pastrana, con tres años de tratativas en el Caguán, rotas en febrero de 2002.
A partir de ese momento, bajo las banderas del Plan Colombia, financiado en parte por Estados Unidos, el Estado replanteó su estrategia militar. Tanto en los gobiernos Uribe y en el primero de Santos se asestaron fuertes golpes estratégicos y tácticos a esa guerrilla. Marulanda murió en el monte y varios integrantes del Secretariado fueron abatidos, dejando acéfala de liderazgo fuerte a una facción subversiva imbuida en el narcotráfico y responsable de múltiples delitos de lesa humanidad.
De hecho, no pocos expertos señalan que ese debilitamiento estructural de las Farc las forzó, entre 2011 y 2012, a iniciar un largo, accidentado y desgastante proceso de paz con la administración Santos. El acuerdo final se suscribió en 2016 (pese incluso a ser denegado en las urnas) y se concentró más en salvar la situación jurídica y política de los disminuidos cabecillas, que en un pacto de alto espectro para transformar al Estado que combatieron por seis décadas.
Otra paradoja: a diferencia de lo que pasó con la AD-M19, que meses después de desarmarse, fue a las urnas y terminó como la segunda colectividad más votada en la asamblea Constituyente, la primera experiencia electoral de las Farc fue un fracaso inmenso. En los comicios parlamentarios de 2018 obtuvieron una incipiente votación, evidenciando la descalificación del electorado al pacto de paz.
Si bien tienen 10 curules en el Congreso, es porque el mismo acuerdo se las daba de manera automática. Tampoco participaron en la contienda presidencial y en los comicios regionales del año pasado apenas si ganaron unos pocos cargos. Y, como si fuera poco, el partido, denominado “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común” hoy está dividido y hasta el exjefe negociador en La Habana, alias Iván Márquez, volvió a la clandestinidad, junto a otros cabecillas para comandar las disidencias armadas.
- Le puede interesar: 8 puntos clave de Misión de ONU sobre acuerdo de paz
Como se ve, a 30 años de la elección de los constituyentes y el ataque a ‘Casa Verde’ la suerte del M19 y las Farc, tanto en la guerra como en la política, ha sido muy distinta. Quizá en lo único que se parecen es en que a ambas facciones sus millones de víctimas les siguen exigiendo verdad, justicia y reparación por sus múltiples crímenes.