117 financiadores de las campañas territoriales de 2019 han recibido contratos en el marco de la emergencia por la pandemia. Así lo manifestó la Alianza ‘Ciudadanía Activa: con los ojos puestos en los recursos Covid-19’, en la que participan siete organizaciones de la sociedad civil  de distintas regiones del país, en su segundo informe  sobre la ejecución de recursos públicos.  

 Las organizaciones señalaron  que si bien esto “no representa automáticamente una inhabilidad o incompatibilidad” sí genera alerta.  “El monto de las contribuciones hechas a campañas  por estos contratistas es superior a 4,7 mil millones de pesos, mientras que el valor de los contratos que reciben es aproximadamente tres veces mayor, ascendiendo a 12,5 mil millones de pesos”, subrayaron.

En el  informe  se tuvieron en cuenta contratos celebrados entre el 16 de marzo, fecha en que se decretó por primera vez el estado de emergencia,  y el 25 de mayo.  Se indica que el monto total de contratos identificados en el país asciende a cerca de 2 billones de pesos. “En el periodo del reporte se celebraron 11.676 contratos por cerca de 2 billones de pesos  para atender la emergencia Covid-19 en todo el territorio nacional, un monto similar al presupuesto de Familias en Acción para el año 2020”, manifiestan.

Así mismo, se afirma que la mayor parte de la contratación (53%) se hizo en las primeras cuatro semanas de la emergencia. En ese espacio de tiempo se celebraron contratos por más de un billón de pesos. A partir de la quinta semana, el ritmo de contratación descendió significativamente.

De acuerdo con el reporte, sigue predominando la contratación directa justificada en la urgencia manifiesta. El 46% de los contratos se hicieron bajo esta modalidad, por un monto superior a 1,2 billones de pesos.

“El mayor gasto en todo el país ha sido la compra de alimentos. Según la clasificación de contratos usada SECOP I y II, la principal categoría de gastos de contratación ha sido la de alimentos, por una suma mayor a 155 mil millones de pesos”, se expresa.  

La segunda categoría que agrupa mayor gasto es “servicios políticos y asuntos cívicos”, la cual comprende gastos logísticos, de promoción de políticas de aislamiento,  atención especial para adultos mayores, entregas de kits, entre otros, por un valor de 109 mil millones. En tercer lugar, se encuentran gastos administrativos, por un monto de 103 mil millones de pesos. En cuarto lugar, se identifican contratos de adecuación y de infraestructura, por 97 mil millones. Sólo hasta el quinto lugar aparece la categoría de “servicios de salud” por un monto de 91 mil  millones de pesos, y en sexto lugar la categoría de “equipo médico, accesorios y suministros” también  por un valor de 91 mil millones de pesos.

Siete territorios

Las organizaciones sociales que hacen parte de la Alianza pusieron énfasis en la contratación de los territorios donde se encuentran ubicadas: Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá.  Estos   territorios concentran la tercera parte del valor total de la contratación por Covid-19 del país. Se revisaron 2.995 contratos registrados en estos lugares, por un valor que asciende a 592 mil millones de pesos.

En el informe  se afirma que en estas regiones se  presentaron “alertas sobre diferencias de precios entre los insumos contratados y los precios en el mercado de estos elementos. Otro aspecto identificado en la revisión detallada en estos territorios es la falta de claridad o coherencia entre el objeto contratado y la razón social del contratista”.

En complemento a este análisis, la Alianza destaca que la ciudadanía y los medios de comunicación han realizado un importante trabajo en la denuncia de estos posibles hechos de corrupción.  

Para Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, “este ejercicio nos muestra que más allá de la emergencia sanitaria, los recursos públicos están atendiendo problemas de fondo causados por la inequidad, la exclusión y la falta de oportunidades. Sabemos que esta situación hace que la crisis sea aún más aguda. Es necesario mantener los esfuerzos de transparencia y rendición de cuentas tanto para la emergencia como para la solución de estos problemas estructurales”.

Catalina Montoya Montoya, Directora Ejecutiva de la Unidad de Acción Vallecaucana, afirmó que “este segundo informe es el resultado del trabajo articulado de la ciudadanía, que participa activamente en el control social de las decisiones que están tomando los gobernantes en todo el país, para que los recursos públicos  no terminen en las arcas de los corruptos. La mirada desde las regiones nos ha permitido determinar patrones en la contratación, con los que se alerta a las autoridades competentes para contrarrestar posibles fraudes que se estén ocasionando”.