Cerca de $966 millones mensuales se recaudarían por cuenta del impuesto del 10% al salario de los congresistas que está proponiendo un proyecto de ley que presentaron en días pasados las bancadas en Senado y Cámara del Partido Centro Democrático, con destino a inversión social y promoción de empleo. Esta hace parte del abanico de iniciativas que se radicaron en la nueva legislatura para ayudar a las familias más vulnerables que se han visto afectadas por la pandemia.

Hoy, un parlamentario devenga $32.741.800, es decir que por este impuesto que operaría como retención en la fuente le descontarían $3.300.000 mensuales.

Sin embargo, hay que anotar que en las próximas semanas, el salario de los congresistas será reajustado a $34.418.200 mensuales, que será retroactivo al 1º de enero pasado, teniendo en cuenta que el Gobierno hizo un incremento del 5,12% en la presente vigencia para los empleados públicos de las entidades y organismos del Estado del orden nacional, así como los máximos salariales para los servidores del nivel territorial.

El proyecto de ley del uribismo indica que “la diferencia salarial entre los congresistas y la ciudadanía en Colombia es bastante amplia. Actualmente, un congresista percibe mensualmente 39,3 salarios mínimos legales vigentes, siendo uno de los salarios más altos de la región en 2019, tan solo por debajo de Chile, en donde, un congresista percibía un salario mensual de $9.342.100 pesos chilenos equivalentes a US$11.053”.

Tras la llegada del Covid-19 a Colombia, el Gobierno nacional implementó medidas para su contención, la más fuerte de estas ha sido la cuarentena, que arrancó el pasado 25 de marzo y a pesar que poco a poco ha permitido la reactivación de varios sectores de la producción, ha afectado la economía de las personas más pobres que en su mayoría, viven del día a día.

El citado proyecto indica que “si bien, el Gobierno nacional ha destinado un gran número de recursos monetarios para la atención de dichas familias, es importante buscar diferentes fuentes de financiación para incrementar la cobertura de las ayudas dispuestas. El programa Ingreso Solidario creado para apoyar a los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad que enfrentan dificultades debido a la pandemia del coronavirus con giros mensuales de $160.000, ha logrado beneficiar a un número importante de la población. Con la presente ley se recaudarían $11.592 millones anuales, equivalentes a $966 millones mensuales, los cuales lograrían aumentar el número de familias beneficiarias en 6.038”.

El gravamen, que los impulsores de la iniciativa denominan “impuesto fraterno”, tendrá destinación específica para inversión social y la promoción de empleo.

La causación del impuesto fraterno es de carácter instantáneo en el momento en que se paguen o abonen mensualmente en cuenta los salarios de los sujetos pasivos del impuesto fraterno, es decir, los 172 representantes a la Cámara y 108 senadores.

La base gravable del impuesto fraterno está integrada por el valor total del pago o abono en cuenta, por concepto de salario periódico de los sujetos pasivos de este impuesto.

La administración y recaudo del impuesto fraterno estará a cargo de la Unidad Administrativa Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Salario no baja

Desde que se expidió la Constitución de 1991, los salarios de los congresistas se fijan no con base en el IPC que anualmente certifica el DANE y que sirve para definir el aumento del salario mínimo en el país, pues así lo estableció el artículo 187 de la Carta Política.

Desde entonces se han presentado cerca de una decena de proyectos de ley que buscan reducir el salario de los padres de la patria, sin que ninguno haya sido aprobado hasta el momento.

En el caso del Centro Democrático ha radicado en varias oportunidades una iniciativa para congelar el salario de los parlamentarios por dos periodos consecutivos, sin embargo, no ha logrado tener eco.

También se intentó en 2018 con el proyecto 162/Senado, respaldado por varias colectividades, y que buscaba establecer un tope para el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. La idea era fijarlo en máximo, 25 salarios mínimos. No prosperó.

Tampoco tuvo buen final la idea del Partido Verde que tomó este tema como bandera para la fallida Consulta Anticorrupción de 2018. Aunque logró cerca de 12 millones de votos, no fueron suficientes para aprobar la propuesta.