“La política exterior colombiana se ha caracterizado por estar perfectamente desarticulada entre los dos ministerios que la manejan: Relaciones Exteriores y Defensa. Eso aquí en Colombia no existe y por eso esas actitudes tan erráticas del Gobierno”.

Esta fue una de las tesis defendida por Germán Sahid, docente de la Universidad del Rosario, durante el foro que se realizó ayer para analizar el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y que, desde algunas semanas, ha despertado todo tipo de debates y controversias en el país.

Según este catedrático la explicación a las actuaciones que ha tenido el Gobierno después de conocida la sentencia han sido erráticas porque no solo ha tenido que estar pendiente de cómo solventar el problema internacional, sino que ha debido manejar el tema con la coyuntura de los diálogos de paz.

“La situación es complicada, porque si Colombia no acata el fallo no le da seguridad política al estado y además, podría generar que la mesa de diálogo en Cuba se levante porque todo el Alba (Nicaragua, Ecuador y Bolivia) está haciendo los buenos oficios para la consecución de las negociaciones. Si irrespetamos el fallo que Nicaragua pretende cumplir no le estaremos dando seguridad a la mesa de negociación”, explicó.

Un de los puntos de acuerdo de varios de los docentes es que el fallo no riñe con la Constitución de 1991 y debe ser de inmediato cumplimiento, tal y como o explicó Walter Arévalo, quien recordó que existen varias normas internacionales en las que Colombia se encuentra como firmante, que ha ratificado, que ha reconocido, y que implica la obligatoriedad del fallo.

“La supremacía del derecho internacional frente al derecho constitucional se hace más fuerte justamente en el tema de delimitaciones y de fronteras. La Convención de Viena, en su artículo 62, establece que no se podrá cambiar la aplicación de un tratado de fronteras en virtud de circunstancias nuevas, cuando el tratado sea precisamente de fronteras, por la connotación que implica el pacto de delimitación”, explicó el profesor.

Aunque muchas personas cuestionaron las declaraciones de la canciller, María Ángela Holguín, en las que hizo referencia a que la Corte entregaría un fallo salomónico a las naciones, el profesor Andrés Molano defendió el papel de Ministra y alegó que ese es el carácter de la Corte.

“Cuando la ministra Holguín habló de juicio salomónico medio país le cayó encima por estar diciendo una verdad sabida y absolutamente razonable que, además, no era de su invención, sino que ya la había formulado el excanciller Augusto Ramírez Ocampo entre el 2004 y 2005. La Corte en efecto pronuncia esos juicios salomónicos”, explicó Molano.

Este docente también dijo que a pesar que el fallo ha sido considerado por muchos como un golpe inesperado ha dejado enseñanzas para la política nacional, una de ellas que ha permitido la socialización de la información sobre esta materia, otra es que ayuda a generar una opinión pública ilustrada, consciente y razonable sobre estos temas.

A su turno, la profesora Andrea Mateus intervino  sobre el tiempo de aplicación del fallo, y sobre las posibilidades que tendría Colombia para lograr acuerdos con Nicaragua que permitieran que la comunidad de San Andrés accediera a la pesca como recurso económico, sin generar ningún tipo de conflicto.

“En este caso, la aplicación del fallo debería ser inmediata, no hay lugar a ningún recurso de reposición si de apelación, existe la opción de revisión del fallo pero para eso se requiere cumplir con unos requisitos específicos, se necesita un hecho nuevo que no se haya conocido por las partes y hasta el momento no hay una novedad”, explicó la docente.

Mateus dijo que al momento de que se pida una aclaración de la decisión, se pospondría la inmediata aplicación del fallo ya que se debería entrar a estudiar el pronunciamiento de la CIJ, sin embargo, aclaró que hasta el momento no se tiene mucha información sobre si ese sería el camino que quiere tomar el Gobierno Nacional.

Según Mateus, Colombia tiene los elementos necesarios para poder establecer un acuerdo con el vecino país que permita seguir realizando la pesca sin problemas. “El derecho del mar básicamente establece unas porciones de mar, donde se le confieren unos derechos económicos al Estado para la explotación de recursos y eso permite la posibilidad de hacer acuerdos entre los estados y en sentido se podría hacer un acuerdo con Nicaragua, o un tratado que es mucho más formal y riguroso pero que tiene efectos jurídicos”, explicó.

La docente, experta en derecho internacional, manifestó su preocupación por la decisión que tomó el Gobierno Nacional de denunciar el Pacto de Bogotá y dijo que es una medida que sólo podrá entrar en vigencia dentro de un año.

“Las implicaciones jurídicas de esta decisión se pueden evidenciar en tres aspectos: frente al fallo de la CIJ sobre San Andrés, frente a futuros casos y frente a casos en curso”, advirtió.

El litigio con Ecuador

Actualmente Colombia y Ecuador tienen un proceso pendiente ante la Corte Internacional de Justicia por las aspersiones aéreas de químicos para la erradicación de cultivos en el sur del país. Sobre el tema, que podría ser resuelto en los próximos meses, se refirió la docente Andrea Mateus.

Según ella “Ecuador hace una aplicación en contra de Colombia por los presuntos daños que se haya generado por las aspersiones de herbicidas químicos en la frontera, presuntos daños que alega Ecuador en su aplicación que van dirigidos contra la integridad territorial y contra los individuos y ahí toca el tema de los derechos humanos porque afecta el proyecto de vida y el sustento de los ecuatorianos que viven en esa zona de la frontera”.

Investigaciones del Procurador

El procurador Alejandro Ordóñez reveló ayer que el Ministerio Público analiza la actuación que tuvieron todos los representantes y funcionarios que procedieron dentro del litigio entre Colombia y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia.

Ordóñez que tanto los funcionaros como los abogados relacionados en el caso podrían ser investigados si se encuentran méritos y pruebas que conduzcan a abrir investigaciones preliminares. 

El Procurador ya le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores enviar a la entidad el control completo de las actuaciones de todos los gobiernos que tuvieron injerencia en el desarrollo del litigio. Además, advirtió que los resultados de esta investigación se conocerán cuando ya la Procuraduría tenga todas las pruebas y documentación necesaria.