Por Jairo Morales Nieto

Especial para EL NUEVO SIGLO

 

 

La transición hacia la paz es en esencia un proceso de cambio social bien concebido y planificado.

Básicamente, se busca alcanzar una sociedad de mayor bienestar, justicia social y crecimiento, que deje atrás el legado del conflicto insurreccional armado y elimine o reduzca drásticamente los factores estructurales que lo causaron.

Una vez firmados los acuerdos de paz, la consagración del proceso de paz pasa rápidamente de las salas de negociación, al referendo ciudadano, al Parlamento y a los equipos del gobierno encargados del diseño y promoción de las políticas públicas proclives a la paz y al desarrollo que aquí las denominaremos ‘políticas económicas de la paz’.

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Se trata básicamente de un conjunto de políticas económicas especiales y transitorias, para que los territorios y poblaciones afectadas directamente por el conflicto armado, se articulen plenamente a la vida económica y social de la nación y contribuyan a su expansión, crecimiento y desarrollo.

Estos territorios pueden involucrar de manera variable a la quinta o cuarta parte del total de los municipios del país según lo contabilizan diversos estudios sobre la dinámica de la geografía del conflicto armado en

Colombia.

Este dato, desde luego, tendrá que validarse a la luz de información actualizada y confiable que permita guiar técnicamente los procesos de planificación y toma de decisiones. Lo ideal a este respecto, es disponer de un estudio estadístico y econométrico comprehensivo que permita la elaboración de un índice clasificatorio de los municipios de paz, construido a partir de la combinación de múltiples variables que cubran temas de orden público, niveles de desarraigo, pobreza, potencial económico y aspectos ambientales.

El referido estudio debe iniciarse inmediatamente sin esperar los resultados de la mesa de negociación de la paz pues con prontitud se necesita definir la dimensión del problema y el quantum de las posibles respuestas.

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El marco de los fines de la política económica estándar es muy amplio y comprende objetivos de estabilización económica, crecimiento económico, pleno empleo, distribución del ingreso y, mejora de la calidad de vida y conservación del medio ambiente.

Para los fines de este artículo (y teniendo en cuenta que en un ensayo previo del autor publicado por este diario ya intentamos cubrir los aspectos de bienestar de la paz), vamos a dividir analíticamente el campo de la política económica en dos grandes bloques de objetivos: de un lado, los objetivos de estabilización global; y, de otro, los objetivos de expansión y crecimiento económico. La realización de los primeros, concierne a las políticas macroeconómicas y la realización de los segundos, a las políticas microeconómicas.

Los dos tipos de políticas, macro y micro, persiguen los mismos fines teleológicos relacionados con el bienestar global de la población y operan simultáneamente y en estrecha conexión; pero tienen objetivos específicos diferentes y utilizan instrumentos distintos en atención a la propia naturaleza de los problemas que abordan.

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Miremos más de cerca esta distinción analítica entre lo macroeconómico y lo microeconómico en la práctica, e intentemos establecer los efectos deseados para que estas políticas contribuyan a la consolidación de la paz y el desarrollo con particular atención en las poblaciones, territorios y organizaciones empresariales afectados directamente por el conflicto, que como se dijo antes, hay que determinar con exactitud prontamente.

 

Efectos deseados macro

 

Tres tipos de políticas estándar conforman el cuerpo de la política macroeconómica: la política fiscal (impuestos y gastos), la política monetaria (precios y tasas de interés) y la política cambiaria (tasas de cambio). La administración de la política macroeconómica busca establecer un equilibrio dinámico entre los objetivos de estas políticas y su impacto en términos de producción, precios, empleo, salarios e ingresos y en la inversión y gasto público en general.

Al relacionar la política macroeconómica con la transición hacia la paz, lo que las autoridades macroeconómicas esperarían, in stricto sensu, es ampliar la base tributaria; ampliar el tamaño y cobertura de sistema bancario y financiero; y, aumentar los ingresos por exportación provenientes de los nuevos territorios de paz. Por su parte, lo que las poblaciones y territorios de paz esperarían es obtener un alivio, en las cargas tributarias de los contribuyentes, flexibilización de las tasas de interés y  obtención de tasas de cambio remunerativas para las exportaciones de esas regiones.

¿Cómo conciliar los objetivos de estabilización económica con los intereses y expectativas de las poblaciones en las áreas de paz? Este es un primer desafío a enfrentar por parte de las autoridades de gobierno que tendrán que hacer un juicioso balance entre el precio de la paz y el precio de la estabilidad económica. En principio, hay una relación positiva entre las dos variables en cuanto a que la paz trae buenos dividendos económicos, pero este efecto no es automático; es el resultado de buenas políticas económicas proclives a la paz, en el sentido de cuidar que los beneficios de las políticas recaigan directamente en los territorios, empresas y poblaciones-objetivo y no en otras terceras partes. Ello puede hacerse mediante la promulgación de precisas directrices de las autoridades de gobierno que coadyuven a la implementación transparente de las políticas y, a la vez, eviten distorsiones dañinas en sus efectos esperados.

 

Efectos deseados micro

 

En su esencia, la política microeconómica está constituida por: la política de competencia (regulación y desregulación), la política de productividad  (tecnología y eficiencia factorial); la política de competitividad (precios y mercados); y, la política de empresarialidad (valor agregado e innovación). En su conjunto, estas políticas se orientan a la expansión del aparato productivo, la competitividad y al crecimiento económico dentro de un contexto de globalización de los mercados de capitales, productos y servicios.

Una característica importante de las políticas microeconómicas es que su realización involucra poblaciones, territorios, sectores y empresas. Nos preguntamos entonces: ¿Cuáles serían los efectos esperados de las políticas microeconómicas en su relación con los territorios de paz?

Desde la perspectiva del gobierno nacional, lo que se esperaría prima facie, como efecto deseado, es el ingreso competitivo y sostenible de los territorios de paz a las corrientes del mercado interno e internacional aprovechando los tratados de libre comercio en vigencia y los que se suscriban en el futuro. Una integración dinámica y estable de estos territorios a los mercados de productos y factores tendría notables efectos en el nivel de inversión, empleo, ingresos y, por ende, en el potencial de expansión y crecimiento económico.

Por su lado, los territorios de paz esperarían políticas microeconómicas efectivas que:

-        Estimulen la competencia, regulen y/o contrarresten la acción de los monopolios espaciales, por ejemplo, en la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables por parte de grandes empresas e inversionistas. Las políticas de competencia deben estimular la acción de pequeños y medianos inversionistas y productores asegurándoles una tasa media de ganancia para que puedan operar competitivamente en el mercado.

-        Mejoren la productividad sectorial y empresarial a través de la transferencia tecnológica y las reformas necesarias que aseguren un adecuado uso de todos los factores productivos y su justa remuneración con particular atención en las condiciones de la población laboral asalariada;

-        Incrementen la competitividad empresarial, sectorial y regional mediante la creación de cadenas de valor integradas al comercio nacional e internacional. Estas cadenas de valor o ‘clústeres’ deben posibilitar la asociación de los pequeños y medianos proveedores de insumos y servicios con las grandes empresas para que participen de los beneficios de las economías de escala.

-        Aumenten el valor agregado de las producciones mediante inversiones en infraestructura, en capacitación empresarial y laboral, tecnología e innovación y, en la economía digital en general.

El manejo y administración de las políticas microeconómicas es mucho más complejo que en el caso de las políticas macroeconómicas. Ello obedece en gran medida a la cantidad y diversidad de entes que participan en la formulación y gestión de las políticas microeconómica. Esta situación sugiere la necesidad de crear una ‘Comisión Especial de Política Microeconómica para la Paz’  que articule y coordine la acción de las diversas instancias y actores institucionales y, a la vez, genere un dialogo creativo con las autoridades de la política macroeconómica que por lo general presentan mayor grado de  homogeneidad en su estructura y organización.

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Quiero concluir este artículo resaltando algunos puntos que me parecen tienen particular importancia en toda esta discusión.

Primero, estas medidas de política son transitorias y selectivas en beneficio de los grupos de población y de empresa residentes en los territorios de paz. Su duración va hasta el momento en que se evidencien señales de estabilización política y recuperación económica; pero no deben ir mas allá de dos periodos de gobierno como máximo para no generar distorsiones y cargas excesivas para el resto de la sociedad.

Segundo, he enfatizado en los aspectos normativos de las políticas y no en las inversiones publicas, pues antes de comprometer el dinero de los contribuyentes, hay que establecer objetivos y prioridades que permitan una orientación efectiva de las inversiones y su ulterior evaluación en términos de resultados e impacto. No resulta sano asignar o contratar recursos de financiamiento sin tener definido el marco de políticas necesarias para consolidar la transición hacia la paz.

Tercero, he enfatizado en la importancia de promover a los pequeños y medianos productores y a apoyar la fuerza laboral asalariada, pues estos son los grupos-objetivo de la política económica de la paz. Ello no excluye, desde luego, que existan otros beneficiarios indirectos. Los economistas sabemos que en una economía de mercado, las inversiones públicas, particularmente en infraestructura física y económica, por lo general producen externalidades positivas y no admiten el principio de exclusión, así que los efectos de rebosamiento de las inversiones de la paz son, además de esperados, bienvenidos.

Cuarto, soy consciente de que para la implementación exitosa de la política económica de la paz, no hay que descartar la necesidad de implementar diverso tipo de reformas económicas; pero este tema sobrepasa los objetivos de este artículo.

Por último, quiero indicar que la política económica de la paz adquiere su máximo potencial cuando se diseña e implementa de manera concertada entre el gobierno, los sectores de poder económico y la sociedad civil incluidos las organizaciones de los excombatientes. Ello debe ocurrir tanto a nivel nacional como local para hacer de la política económica de la paz un verdadero evento democrático de elección pública (‘Public Choice’).

Estos temas se tratarán con mayor profundidad en próximos artículos.

 

*  Doctor en Economía. Experto Internacional en Paz y Desarrollo. Ciudad del Cabo,

Sudáfrica. Junio 2013. jairo@inafcon.com