Expertos concluyeron que si se firma la paz, se deberá pensar en una política de tierras orientada para que las nuevas generaciones, en el futuro, promuevan y sostengan una cultura de convivencia duradera en el país.

Con el proceso de paz se han generado diferentes escenarios de discusión. Uno de ellos, es el tema del posconflicto. Mucho se hablado de él, sin embargo, el Estado aún está en mora de desarrollar una política pública de restitución de tierras en la que se involucre a niños y adolescentes.

Ante este panorama, representantes de la academia, el Gobierno y la sociedad civil, durante el foro “Sembrando futuro por las hijas e hijos de nuestra tierra”, debatieron sobre cómo construir y mejorar esta política. 

En su intervención, Néstor Correa, magistrado y presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dijo que el país no solo ha avanzado en un reconocimiento de la problemática del derecho de las víctimas, sino que se encuentra ad portas de un proceso de paz que está bien encausado y enfocado en una reforma de los temas de desigualdad, inequidad y segregación que se dan en la región rural colombiana. 

En este sentido, el magistrado enfatizó que se debe reconocer que los niños y adolescentes de estas regiones, “por consecuencia del conflicto armado colombiano, están viviendo un fenómeno de pérdida de la identidad campesina, lo que ocasiona una ruptura de sus raíces y graves daños en sus territorios”.

Frente a esto, destacó que el Estado debe seguir implementando esta política. “No solo se debe pensar en devolverle los bienes a las personas que por el conflicto armado los han perdido, sino que la estrategia de acceso a los campesinos debe estar orientada hacia la infancia y adolescencia porque son ellos quienes pueden hacer una paz sostenible”.

Por su parte, Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (Codhes), señaló que los actores de infancia y adolescencia no tienen títulos en terrenos por su condición ciudadana y sus límites de edad. La medición sobre cuántos propietarios han recuperado sus tierras se hace, por lo general, con hombres, incluso las mujeres son excluidas de la propiedad a nivel rural. 

Así pues, la lógica indica que la restitución de tierras funciona para los colectivos, afrodescendientes, campesinos e indígenas, y por ende los niños se ven beneficiados. 

Ante esto, Romero comentó: “No basta con una política de restitución, sino que debe existir una política de acceso a tierras que el Estado colombiano garantice, porque la suerte de los niños depende de lo que le pase con sus familias”. También destacó que la satisfacción de los derechos de las víctimas es algo que deberá medirse al final de este proceso, con el fin de que los niños del mañana no padezcan la exclusión, discriminación y pobreza de los de hoy. 

Por otro lado, frente a los daños que los niños han sufrido en su vida psíquica al estar en contextos de guerra y modalidades de violencia como la presencia de minas antipersona, los reclutamientos forzados, las desapariciones y las incursiones armadas, es evidente que han generado impactos negativos en los niños y niñas del país. 

Para la docente de la U.N. y coordinadora del Informe General de Memoria Histórica, Martha Bello, “estos impactos dejan secuelas que se expresan en pánico intenso y miedos no superados. El desarraigo los privó de todo su entorno sociocultural y los arrojó a vivir nuevas discriminaciones y estigmatizaciones en los contextos urbanos a los que llegaron. Esto hay que trabajarlo de la mano con el Estado”. 

Asimismo, la docente Bello expuso que en Colombia no hay datos claros del número de niños que han quedado huérfanos por el efecto del conflicto, quienes, tal vez, son los que en peores circunstancias viven. “La experiencia en campo mostró que los hijos cuyas madres mueren por estos efectos, suelen ser repartidos, lo que hace que pierdan todo su entorno familiar”. 

En suma, la académica afirma que estos sucesos pueden explicar por qué la violencia se sigue ensañando en este país,  no solo en el contexto sociopolítico, sino en la vida cotidiana. “Tal vez esa vivencia no tratada, repercute mucho en este tipo de sociedad que construimos y puede explicar lo que somos como colombianos actualmente”. 

Para Pedro Quijano, director de Familia y Comunidades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), “el derecho a la tierra está enmarcado en la protección integral de acuerdo con la normatividad vigente y nosotros hacemos esta lectura, entendiendo que el niño es sujeto de derechos y que si estos son vulnerados tenemos unas rutas claras para su restablecimiento”. Para el directivo, no es tanto la restitución y el derecho a la tierra a lo que se debe apostar, sino al conjunto de derechos que hacen que el regreso a la tierra se garantice. 

Finalmente, Sandra Zorio, profesora de la U.N. y organizadora del foro, señaló: “Esperamos que estos espacios concienticen a la sociedad colombiana y al Gobierno sobre la necesidad de construir una apuesta para mejorar la política en función de la infancia y la adolescencia colombiana”.

El primer foro debate de política pública “Sembrando futuro por las hijas e hijos de nuestra tierra”, se realizó por parte del Grupo de Investigación de Familia y el Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia, junto con la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio de Agricultura y el Programa de Tierras y Desarrollo Rural.