Sin embargo, señaló el alto funcionario, desde su cartera el Gobierno está trabajando no sólo en la construcción de más cupos, sino también en soluciones como la cárcel de Valledupar con el tema del agua y además, se está pensando en la resocialización de los que han cumplido sus penas mediante el acompañamiento y apoyo para evitar que vuelvan a delinquir.

De igual manera indicó que desde los ministerios se están promoviendo brigadas de salud para las cárceles de todo el país.

Reyes se pronunció ayer durante un debate de control político adelantado en la Comisión Séptima del Senado por solicitud del senador Jesús Alberto Castilla, del Polo Democrático, sobre la situación del derecho a la salud de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios y carcelarios del país.

En su intervención, Castilla dejó en evidencia varias falencias sobre la prestación de este servicio a las personas que están esperando o pagando su pena.

Según cifras oficiales del Inpec y del Ministerio de Justicia, el senador Castilla mencionó que la actual población reclusa son 121.295 personas, de los cuales 2.524 son de la tercera edad, 115 gestantes o lactantes, 764 discapacitados y 80 menores de edad.

Ante el panorama de hacinamiento indicó que los centros carcelarios y penitenciarios tienen cupo para 80.000 internos y a la fecha son 120.000 las personas que están en una condición de vulneración de sus derechos. Recalcó además que a los presos del país no se les garantizan derechos como el agua y la alimentación.

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general Jorge Luis Ramírez, explicó que la institución es una figura de autoridad y representación del Estado en estos centros del país, pero que el tema de las responsabilidades en salud corresponde a la EPS Caprecom, por ello sus respuestas serían insuficientes cuando su trabajo es ser un puente entre los presos y la entidad prestadora de salud.