La Contraloría General de la República afirmó que mientras distintas entidades del Estado han hecho su tarea en relación con la estrategia de lucha contra la minería ilegal, la Policía Nacional no ha procedido con la eficiencia necesaria.

La Contralora Sandra Morelli Rico pidió a la Policía Nacional que proceda de forma urgente y expedita a definir, sin más demoras, los requerimientos técnicos del Sistema de Posicionamiento Global –GPS- que debe instalarse a toda la maquinaria pesada (agrícola, industrial y de construcción autopropulsada), para hacer seguimiento a la misma y detectar los casos en que pueda ser utilizada en minería ilegal.

La utilización de dicha maquinaria en las actividades de minería ilegal en todo el territorio nacional fue prohibida en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.

Y, mediante el Decreto 2261 del 2 de noviembre de 2012, el Gobierno dispuso que este tipo de maquinaria , adquirida, importada o ensamblada en el país, además de ser incluida obligatoriamente en el RUNT, deberá con un Sistema de Posicionamiento Global –GPS- “que cumpla con las condiciones técnicas que sobre el particular dicte la Policía Nacional”.

La Contralora General envió un Control de Advertencia al director de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino López, sobre la implementación de las medidas necesarias para poder hacer este monitoreo, donde señala que “las definiciones técnicas hasta ahora establecidas por la entidad que usted dirige, podrían estar vulnerando los principios básicos de la contratación estatal de la transparencia y selección objetiva, al limitar la libre competencia de los proveedores de la tecnología necesaria para la correcta implementación de los GPS”.

Según la Contralora, “teniendo en cuenta que a un año y medio de la expedición del decreto 2261 de 2012, aún no han sido definidos los requerimientos técnicos que deben cumplir los sistemas de posicionamiento global instalados en maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada así como los sistemas que habrán de utilizarse por los organismos competentes para el seguimiento de los mismos por la Policía Nacional, resulta de lo anterior una causa determinante del daño e imposibilidad para el Gobierno Nacional de ser más eficiente en el cumplimiento de una estrategia efectiva contra la minería ilegal, lo que hace indispensable que se tomen medidas oportunas para el cumplimiento de la obligación legal a cargo de esa entidad”.

La CGR consideró preocupante que a la fecha no se haya procedido satisfactoriamente a definir los requerimientos técnicos del sistema de posicionamiento global que deberá ser incluido en la maquinaria a que hace referencia el Decreto 2261 de 2012.

Fabricantes, ensambladores e importadores de maquinaria y proveedores de sistemas de posicionamiento global han discutido abiertamente las condiciones técnicas que dio la Policía Nacional el 29 de julio de 2013.

A su vez, la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, consideró necesario que estas “permitan mayor participación de más proveedores” así como la aceptación de los sistemas que provienen de las fabricas ensambladoras, las cuales –según este gremio- “cumplen con los estándares técnicos internacionales de comunicaciones”.

Advirtió, además, que tampoco se ha adelantado “la integración y validación de la información de las empresas de monitoreo y rastreo satelital e importadores que cumplan dichos requerimientos”, lo cual hace que no sea posible que la Fuerza Pública inmovilice la maquinaria que no cumpla los requerimientos técnicos en este asunto.

La preocupación de la General de la República está sustentada en que prácticamente a diario se moviliza maquinaria pesada en diferentes regiones del país para destinarla a la extracción ilegal de diversos minerales, específicamente de oro, con la consecuente depredación incontrolada que ello trae para el ambiente y las especies de flora y fauna.

Estudios realizados por la CGR muestran los daños irreversibles que la minería ilegal han producido en zonas como la cuenca del río Dagua en Zaragoza (Valle del Cauca); la cuenca del río San Juan, en el Alto Baudo (Chocó); El Bagre, Taraza y Jardín (Antioquia); Santander de Quilichao, Caloto y Timbiquí (Cauca); Tumaco (Nariño); y Ataco (Tolima), solo por mencionar unas pocas.

La conclusión de este Control de Advertencia remitido por la Contralora Sandra Morelli Rico, al director de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino López, es categórica: “Resulta de gran gravedad que por las demoras en la definición de los requerimientos técnicos a cargo de la entidad que usted representa, no exista en este momento una forma de determinar con precisión la ubicación de las máquinas causantes de tan brutal atentado a la ecología y medio ambiente, ni forma efectiva, o al menos disuasiva, de evitar la elusión del pago de regalías en que devienen la actividad minera ilegal”.