Los problemas que aquejan a las cárceles del país, entre ellos el hacinamiento y las fugas de internos de alta peligrosidad, como alias El Desalmado, volvieron a abrir el debate sobre la conveniencia de acabar con el Inpec y entregarle la custodia de los penales a la Policía.

Ayer, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, tras calificar como un acto de vergüenza la fuga de la cárcel Las Heliconias, en Caquetá, de Cristopher Chávez Cuéllar, alias El Desalmado, planteó de nuevo una posibilidad que ya se había ventilado y es que se debe reestructurar el sistema penitenciario para que sea la Policía la que asuma la seguridad de los centros carcelarios.

La posibilidad de acabar con el Inpec ha sido objeto de análisis, críticas y al final se opta por su reestructuración, pero el Instituto, pese a sus falencias, se mantiene vigente.

“Lo primero que queremos manifestar desde la Fiscalía es una absoluta indignación por los hechos del fin de semana. Es sin duda una absoluta vergüenza lo que pasó. Mejor dicho lo que nos está tocando a nosotros como Fiscalía es hacer el trabajo dos veces”, dijo Perdomo.

Y agregó que “sin duda con esto ha quedado claro que el sistema penitenciario sigue demostrando su inoperancia, sigue demostrando su insuficiencia y creo que en Colombia hay que empezar a repensar si la seguridad de las cárceles debe seguir estando en manos del Inpec o cederla a la Policía”.

A su vez, la Defensoría del Pueblo señaló que la seguridad de algunas cárceles viene mostrando una serie de problemas de fondo, al punto que en los últimos dos años se han registrado 10 fugas y que, dadas las condiciones de hacinamiento e infraestructura, podrían ser más frecuentes.

A juicio de la Defensoría, en muchas de estas cárceles la realidad es tan compleja que los presos no se han querido fugar por la necesidad que tienen de pagar su condena, pero el día que quieran escaparse me temo que la actual infraestructura no lo podría impedir.

Para la Entidad, sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria que pueda asistir a los funcionarios públicos que, por acción o por omisión, permitieron la fuga de hoy, hechos de este tipo son fruto de una profunda crisis del sistema carcelario a la que las autoridades gubernamentales no han dado la atención debida.

“Resulta preocupante que en la última década la población carcelaria se duplicó, al pasar de los cerca de 62.000 a los 118.000 reclusos, sin que dicho incremento se viera acompañado de un aumento proporcional de los cupos carcelarios ni del personal de guardia”, señaló la Defensoría.

Dijo en un comunicado que “si se tiene en cuenta que el cuerpo de custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) presta sus servicios en turno de 24 horas, es fácil advertir que la vigilancia de los 118.000 reclusos del país apenas es ejercida por 6.172 funcionarios, lo que supone un promedio de 20 reclusos por guardia”.

De acuerdo con las cifras que maneja el Inpec, el cuerpo de guardianes está constituido por 12.168 y hay vacantes cercanas a los 700.

“Incluso, dicha cifra resulta mucho menor si se tiene en cuenta que un número considerable de miembros del personal de guardia está adscrito a funciones de carácter administrativo al interior de los centros penitenciarios, de modo que la custodia efectiva de los reclusos es ejercida por un número insuficiente de funcionarios”, indicó la Defensoría.

Durante sus permanentes visitas a las cárceles en todo el país, funcionarios de la Defensoría del Pueblo han podido advertir que en varios centros de reclusión la custodia de un patio de hasta 100 internos es ejercida por un único funcionario.

De otro lado, el pasado 24 de marzo la Corte Constitucional ordenó libertades y cierres de cárceles por falta de medidas en hacinamiento.

Para el Inpec, el hacinamiento ha bajado en un 4,5%, pero para la Defensoría del Pueblo y la misma Corte, la sobrepoblación carcelaria está por el orden del 59%.

De acuerdo con el alto tribunal, “los derechos de las personas privadas de la libertad son violados de manera masiva y generalizada; las obligaciones de respeto, protección y garantía derivadas de tales derechos han sido incumplidas de forma prolongada (y) el sistema ha institucionalizado prácticas claramente inconstitucionales dentro de su funcionamiento cotidiano”.

Dentro de las cárceles que están en la mira de esta sentencia se encuentran la de Tramacúa en Valledupar, La Modelo en Bogotá, Bellavista de Medellín, San Isidro de Popayán, la cárcel de Barrancabermeja y la cárcel Modelo de Cúcuta.

El Gobierno, frente a la problemática del hacinamiento en las prisiones, ha anunciado la construcción de nuevos penales y planes como el de descongestión para presos que no representen mayor peligro para la sociedad o que estén por cumplir sus castigos.

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, había dicho que el hacinamiento carcelario es del 48,2 por ciento.