Tras los paros del Catatumbo y minero y los anunciados cafetero y agrario, para el próximo 19 de agosto, así como algunas manifestaciones de otros sectores del país, la Policía reiteró que no permitirá hechos violentos durante las protestas sociales.

El director de la Institución, general José Roberto León Riaño, aseguró que su deber es garantizar el derecho que tiene todo ciudadano de marchar y pronunciar su inconformidad, pero advirtió que la Fuerza Pública estará muy pendiente de cualquier alteración de orden público.

“Pero si esta protesta social escala a violencia y a vandalismo, allí actuáremos con toda contundencia porque priman los derechos de la gran mayoría de los colombianos de disfrutar de la asistencia alimentaria, humanitaria, médica y no se puede permitir que aíslen regiones enteras”, señaló, el oficial a RCN.

El general Riaño reportó total normalidad en las vías de todo el país y entregó un balance positivo de la situación en las regiones en donde se han levantado algunos paros como el Catatumbo, el Chocó y otras zonas del país.

La advertencia del general León Riaño está relacionada con los paros anunciados para desarrollarse a partir del 19 de este mes, entre ellos el cafeteo, cuyos delegados se reunieron ayer con una comitiva encabezada por el vicepresidente Angelino Garzón para tratar de conjurarlo.

En el encuentro, en el que también participaron el ministro de Agricultura, Francisco Estúpiñan, y el presidente de la Federación de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz, se discutió de nuevo el mecanismo de pago del Programa al Ingreso Caficultor (PIC), el cual ha generado inconformidades para los productores del grano.

El argumento de los pequeños y medianos cafeteros es que a pesar de que el Gobierno anunció recientemente una nueva forma de pago de los subsidios, la Federación todavía sigue exigiendo algunos requisitos, entre ellos la factura.

Así mismo se habló de las importaciones del grano, los créditos a los productores y los costos de los insumos que están muy altos.

En otro frente, voceros de Conalminercol se reunieron con Todd Howland, representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

En la cita se planteó el tema del derecho al trabajo, ejercido de manera tradicional por mineros nacionales, el cual ha sido reconocido durante años por el Gobierno de Colombia. Así mismo, se discutió sobre la jurisprudencia de la ONU en materia de derechos económicos, en diferentes países del mundo, y su coincidencia con la legislación colombiana.

Conalminercol reiteró la importancia del acompañamiento de esta oficina de la ONU, como fue aceptado en la mesa de negociación que se constituyó con el Gobierno, para lograr un acuerdo entre las partes.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos aceptó esta solicitud y piensa que la solución será posible a través del diálogo. Aunque en este momento hay un receso, no hay una ruptura definitiva de las conversaciones.

Finalmente, ante la crisis económica por la que atraviesan miles de familias dedicadas a diferentes actividades los motivó a anunciar que intervendrán en el paro del 19 de agosto. En total serán nueve sectores de la economía en Boyacá que se unirán a la protesta.