Un proyecto de ley que hace obligatorio el voto a las personas que aspiren a un cargo público ya empezó a levantar polémica.

La iniciativa, suscrita por los representantes por Bogotá, Angélica Lozano (Alianza Verde) y Germán Navas (Polo Democrático), propone que para adquirir la calidad de servidor público sea necesario certificar que se votó en las elecciones anteriores a la vinculación, salvo fuerza mayor.

De acuerdo con la exposición de motivos, “se estima conveniente condicionar el acceso al desempeño de cargos públicos a la efectiva participación política mediante el ejercicio del derecho a elegir, pues no se entiende que una persona busque beneficiarse del derecho a participar en el ejercicio del poder político si correlativamente no ha cumplido con su deber de participar en la vida política del país, cuya expresión básica es el ejercicio del sufragio”.

Para Lozano y Navas, lo mínimo que se espera del aspirante es una demostración de lealtad hacia la organización política de la sociedad que le provee un empleo y por eso se dice que por lo cual la exigencia de haber votado en las elecciones anteriores a la vinculación como servidor público dentro del Estado armoniza cabalmente con el abanico de deberes ciudadanos que el artículo 95 constitucional declara.

Navas anotó que “votar en Colombia no es obligatorio. Eran unos incentivos. Con qué cara aspira usted hacer servidor público y no participa en la conformación del Estado. Lo menos que se le puede pedir a una persona que colabore con la conformación del mismo”.

“Si usted va a desempeñar un cargo público, ¿cómo es que no le importa lo que pasa en el Estado cuya nómina usted va a engrosar?”, se preguntó el congresista.

Para Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajo (CGT), el proyecto estigmatiza a los servidores públicos.

“Lo que pasa es que en aras de perfeccionamiento de la democracia, lo que se debe establecer es el voto obligatorio para todos y todas los colombianos, para un método que va ser eficiente para combatir la corrupción, la compra venta de votos, y para que la gente participe activamente en la vida política de este país”, le explicó Gómez a EL NUEVO SIGLO, insistiendo en que el voto obligatorio debe ser para todos y no solamente para los servidores públicos.

El jurista Eduardo Padilla indicó que “esto es lo que le garantiza es la permanencia de la burocracia y de burocratizar más el Estado. Particularmente considero que el voto obligatorio debe ser obligatorio para todo el mundo, no para la burocracia, ni para los funcionarios públicos”.

Padilla anotó que ese es un mensaje para decir “yo con los funcionarios públicos me reelijo. Y eso lo que hace es desestabilizar la democracia, porque usted estimula a los funcionarios públicos y a los contratistas, y la participación ciudadana nada”.