Resultó controversial el pronunciamiento esta semana del senador José Obdulio Gaviria (Centro Democrático) en el quinto debate del acto legislativo para la paz, el cual fue finalmente aprobado.
Dijo Gaviria que “les garantizo que esta norma que ustedes van a aprobar y que nosotros vamos a negar quedará arrumada”. Argumentó que es en la Comisión Primera del Senado “donde se inician todos esos procesos y entonces aquí se discutió el Marco Jurídico para la Paz, que ahí está arrumado como una norma constitucional inútil -incluso- provisional o temporal; se discutió luego el referendo para la paz, ahí está arrumado no se va a utilizar”.
Para sustentar su apreciación el Senador uribista dijo que existe una nueva tesis que “es mucho más elaborada, es una tesis juiciosamente meditada por las Farc, por sus asesores y en particular de alguien que yo presumo o por lo menos predigo, pronto se integrará al grupo de asesores de las Farc, que además cuentan con una muy generosa remuneración por parte de Noruega: el doctor Eduardo Montealegre Lynett”.
En ese sentido, el Congresista trajo a colación la entrevista que el ya exfiscal le dio al periodista Yamid Amat, quien le preguntó: “Si se logra el acuerdo de paz en La Habana, ¿cómo darle validez jurídica?”. Paso seguido leyó la respuesta del exfiscal Montealegre: “El Gobierno -o sea Santos- y la insurgencia -es decir Timochenko- pueden crear normas jurídicas con fuerza vinculante que entran a formar parte del bloque de constitucionalidad”.
El senador Gaviria dijo que “allá vamos a ir con absoluta seguridad, estamos hablando de normas de impunidad como por ejemplo el punto 34 del acuerdo del 23 de septiembre, estamos hablando de normas sobre el delito conexo que haría que se incorporara al delito de rebelión y por lo tanto a la amnistía y el indulto los delitos, por ejemplo, de narcotráfico”.
Sin embargo, cosa distinta piensa el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Miguel Ángel Pinto Hernández (Partido Liberal), célula que en unas semanas debe darle el séptimo debate al acto legislativo para la paz. “En mi criterio todos los acuerdos que se hagan en La Habana deben ser implementados por el Congreso de la República. Lo que está haciendo el Congreso en este momento es dotar de todas las herramientas necesarias al Gobierno nacional y al mismo Congreso para que llegado el momento de la firma del acuerdo se puedan adelantar todas las implementaciones sin mayor tropiezo y sin mayor demora”.
El Parlamentario santandereano dijo que esto obedece a “que históricamente en el mundo se ha observado que los acuerdos de paz que no se logren implementar en el año inmediatamente después, empiezan a caer en la falta de credibilidad de las partes y dan al traste con los procesos de paz. Si dejamos que el Congreso de la República entre a iniciar todas las actividades de implementación de los acuerdos sin ninguna herramienta una vez se firme el pacto, esto podrá demorar en el Congreso dos o tres años y eso puede llevar a acabar con el proceso mismo de La Habana”.