Polémica por proyecto para combatir a Bacrim | El Nuevo Siglo
Lunes, 7 de Enero de 2013

Por: Andrés Rincón

Aunque todavía no ha sido debatido en el Congreso, el proyecto que le da facultades a las Fuerzas Militares combatir a las Bandas Criminales (Bacrim), desde ya causa polémica.

Si bien la iniciativa plantea nuevas herramientas jurídicas para un mejor combate de estos grupos ilegales por parte de los militares, esta resulta innecesaria para sectores castrenses.

En este sentido elex comandante de las Fuerzas Militares, general retirado Harold Bedoya, sostuvo que no hay necesidad de hacer este tipo de leyes, ya que el Ejército se basa en la Constitución para defender la Nación.

“No le veo la necesidad de hacer proyectos, ya que los militares tienen funciones constitucionales en defensa de la vida, de la honra, de los bienes y derechos y libertades de todos los colombianos”, afirmó el General.

“Enredando la pita”

Bedoya dijo que dar facultades a las Fuerzas Militares es como si se hubieran tenido que hacer leyes especiales en la década del noventa para combatir a Pablo Escobar y a los Rodríguez Orejuela.

“Estas tales Bacrim son las mismas Farc y Eln. Es como si se hubiera decidido que para enfrentar a Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela se dieran facultades especiales. Las Fuerzas Militares actuaron contra esos grupos terroristas de acuerdo a la Constitución”, manifestó el militar en retiro.

Bedoya concluyó que con esto lo que se consigue es “enredar la pita” del orden público en el país.

“Con eso lo que están haciendo es enredando la pita. Complicándole la vida a las Fuerzas Militares y al país. Ojalá el Congreso no siga en la misma posición de enredar el orden público como sucedió con la reforma constitucional y el fuero militar”, puntualizó.

Por su parte, Alfredo Rangel, director de la Corporación Seguridad y Democracia, señaló que las Bacrim pueden ser enfrentadas de la misma forma en que el Gobierno Uribe lo hizo con los paramilitares.

“Yo creo que es una iniciativa innecesaria porque basta con que el Gobierno nacional decida utilizar al Ejército y las Fuerzas Militares para combatir a las Bacrim, al igual que durante el Gobierno del ex presidente Uribe se combatieron a los grupos paramilitares con todas las Fuerzas Militares y de Policías. Estos grupos pueden ser combatidos por toda la Fuerza Pública sin exclusiones”, afirmó el analista.

Rangel agregó que cualquier clase de grupo ilegal puede ser combatido por los militares sin necesidad de nuevas leyes.

“Es innecesaria una nueva legislación. El Ejército colombiano siempre ha estado involucrado en la lucha contra el narcotráfico y las mafias. No se ha requerido de una ley especial que le de facultades. Las Bacrim que son grupos jerarquizados con capacidad de combate militar, con armas de asalto, con campamentos, con dominio territorial y aliados de la guerrilla tienen que ser combatidas con todas las fuerzas del Estado”, expresó el politólogo.

Nueva amenaza

Sin embargo, existen otras posiciones que consideran necesario el reforzamiento legal debido a que el crimen ha tomado características diferentes.

Así lo argumentó, el especialista en seguridad nacional, el ex militar John Marulanda, para quien ha sido un error sacar a las calles los ejércitos.

“La naturaleza criminal de las Bacrim es muy diferente a la de los grupos terroristas que combaten las Fuerzas Militares. Las Fuerzas Militares por su naturaleza, por su misión, entrenamiento y equipamento, no están destinadas a combatir el crimen común u organizado. Sin embargo, esta ha sido una tarea que se le ha impuesto en todos los países de América Latina. Han sacado al Ejército a las calles porque la Policía ha sido incapaz de controlar el crimen organizado en México, Bolivia,  Ecuador, entre otras”, afirmó el experto.

De acuerdo con Marulanda, la alianza entre carteles colombianos y extranjeros, es la nueva amenaza para el país, lo que plantea nuevos retos.

“En el caso particular de Colombia, como se da un maridaje entre crimen organizado y narcotráfico, creo que las Fuerzas Armadas deben recibir más herramientas de tipo legal para poder combatir exitosamente el crimen organizado. Creo que el nuevo perfil de la amenaza en Colombia va a requerir eso”, enfatizó el consultor.

El especialista sostuvo que deben dárseles facultades de policía judicial al Ejército, para esto, dijo que debe ser muy bien reglamentado el fuero militar.

El proyecto

El proyecto de autoría del senador Juan Lozano y con ponencia de Armando Benedetti, ambos del Partido Social de Unidad Nacional (La U), dice que “las Fuerzas Militares deberán diseñar, desarrollar, ejecutar y conducir operaciones militares que permitan combatir efectivamente los grupos criminales, armados y organizados, sin perjuicio de las operaciones que adelante la institución policial”.

En su justificación, Lozano afirma que a las Bacrim y grupos criminales, armados y organizados, se les enfrenta con las mismas armas y capacidad que se usa para enfrentar a los delincuentes del barrio.

“Este no es solamente un problema de Policía y de seguridad ciudadana barrial. Es un problema de Estado. El Ejército Nacional, por ejemplo, no puede enfrentar las Bacrim como enfrenta a las guerrillas, y no se puede emplear a plenitud la capacidad ofensiva del Estado para combatir este flagelo”, afirma el Senador.

Otro argumento a favor del proyecto hace énfasis en la capacidad ofensiva y el daño que puede causarle a la sociedad estas organizaciones.

“Estas bandas potencian su actuar criminal con elementos propios de un ejército irregular: usan uniformes, poseen armas de asalto o armas largas, tienen campamentos, conforman estructuras jerarquizadas, poseen capacidad de combate y de acciones concertadas, y, además, en ocasiones se encuentran asociadas con los grupos insurgentes”, explica el congresista.

El senador estimó en 415 mil hombres los integrantes de las Bacrim en el país pertenecientes a por lo menos cinco bandas: Los Urabeños, Ejército Revolucionario Popular Anticomunista Colombiano (Erpac), Los Paisas, Los Rastrojos y Las Águilas Negras.

La iniciativa será discutida en la Comisión Primera de Senado el próximo mes de marzo.