Como lo había anticipado en la campaña para las elecciones de Congreso y presidenciales el uribista Centro Democrático presentará varios proyectos en esta su primera incursión en el Legislativo que tienen que ver con la Fuerza Pública. El mismo 20 de julio radicó una iniciativa de acto legislativo que propone la creación de un tribunal pro témpore para revisar durante 12 años los casos de los uniformados que fueron condenados por delitos relacionados con el servicio desde el 1° de enero de 1980 y de los que están siendo actualmente procesados.

Como era de esperar la iniciativa que aún el país no conoce a fondo por lo reciente de su presentación al nuevo Congreso ya despierta opiniones a favor y en contra por las hondas repercusiones que en materia  jurídica tendría, pues significaría reabrir casos que generan alta susceptibilidad en el país como el holocausto del Palacio de Justicia y la masacre de Mapiripán (Meta).

Se busca saldar una deuda de justicia que el país tiene con su Fuerza Pública. No busca impunidad, sino justicia. Propone conformar un Alto Tribunal que durante los próximos doce años revisaría las condenas de miembros de la Fuerza Pública por eventuales delitos relacionados con el servicio desde el 1º de enero de 1980 fallados especialmente por la justicia ordinaria y otros por la Justicia Penal Militar.

Mientras que desde el punto de vista jurídico la propuesta de ser aprobada por el Parlamento sería un hecho inédito en el país la creación de un tribunal paralelo a la estructura judicial prevista por la Constitución, y que en materia penal tiene a la Corte Suprema de Justicia como el órgano de cierre, pues está facultado para revisar en segunda instancia los fallos condenatorios de los jueces. 

La propuesta fue radicada por el senador Alfredo Rangel, experto en seguridad y asesor en esta materia del primer gobierno del entonces presidente Uribe, además conocedor del conflicto armado en Colombia.

Además de beneficiarse con la revisión de sus casos los miembros de la Fuerza Pública condenados por esos delitos desde el 1° de enero de 1980 así como quienes están siendo procesados actualmente recibirían  temporalmente y con severas condiciones el beneficio de la detención domiciliaria para poder defender en libertad, mientras se pronuncia dicho Tribunal Nacional.

Las decisiones de dicho tribunal serían de última instancia, es decir inapelables. Dicho organismo estaría integrado por nueve personas que tengan calidades de magistrados de las altas Cortes, una tercera parte de ellos exoficiales de la Fuerza Pública.

El senador Rangel indicó a Blu Radio que con esta iniciativa “se busca que el país salde una cuenta de justicia que tiene pendiente con las Fuerzas Militares, muchos miembros de la Fuerza Pública han sido condenados de manera injusta, procesados de manera arbitraria por la justicia colombiana, y es necesario saldar esa deuda. El general Uscátegui (Jaime) es un caso paradigmático, fue condenado con una arbitrariedad, con una injusticia enorme. El caso del coronel Plazas Vega (Alfonso), lleva igualmente 7 años preso sin que se le haya emitido una condena en firme”. El Parlamentario dijo que la iniciativa busca que se haga justicia con los integrantes de la Fuerza Pública y no impunidad como ya se está afirmando.

Añadió que el proyecto no pretende para los uniformados encartados beneficios como los que se pretende dar a la guerrilla. “En este caso no se busca ni amnistía ni indulto, ni rebaja de penas”.

Reacciones

El senador Iván Cepeda dijo que primero quiere conocer en detalle esta iniciativa, sin embargo dijo que de los que ha podido conocer de este anuncio “hay asuntos inquietantes como por ejemplo, incluir una especia de libertad condicional o de reclusión domiciliaria para personas que estén condenadas, cosa que nos parece supremamente peligroso y discutible. Y también saber ¿qué clase de justicia es esa?, ¿cómo se conforma ese tribunal?, ¿por qué es un tribunal especial?, ¿por qué no es la justicia ordinaria la que debe abordar estos hechos?, ¿por qué habría que revisar esas condenas? Todo eso debe ser materia de discusión”.  

Por otra parte, el general (r) Juan Salcedo Lora se abstuvo de opinar porque hasta ahora tiene noticia de la iniciativa, sin embargo dijo que “en principio me parece que tiene mucha lógica”.

Independiente de ello el oficial (r) consideró que “está totalmente desbocada la aplicación de la justicia contra los militares en todo sentido”, es preocupante la dureza de las penas y el desconocimiento en el sistema procesal en donde se permite la presencia de “testigos falsos, que no son controvertidos por los jueces o los fiscales de turno. Entonces eso es sumamente grave, todo lo están convirtiendo como si fueran ‘falsos positivos’, cosas de ese estilo. Pero lo peor es que se están teniendo en cuenta argumentos traídos de los cabellos para condenar una persona que a todas luces es inocente”.

En tanto que el analista político y exdirector del DAS, Ramiro Bejarano, dijo que “me parece una iniciativa atroz, creo que además es inconstitucional pretender crear un tribunal especial para que revise los fallos que ya se ha proferido. Eso es hacerle una trampa a la justicia, a la sociedad colombiana. Solamente en un movimiento liderado por un ultraderechista de tinte fascista como Álvaro Uribe Vélez podría ocurrir eso. Eso es una afrenta a la decencia, es una afrenta a la justicia, a la democracia. Los fallos que ya se profirieron, se profirieron en derecho, pretender exonerar ahora a los militares por la vía de declarar un tribunal especial conformado además por militares, es un fraude”.

Finalmente para Marina Gallego, coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres, dijo que por lo que ha escuchado en términos generales de este proyecto “me parece que no se puede tratar de la misma manera los delitos que cometieron en el contexto del conflicto armado o en términos de un marco del Derecho Internacional Humanitario, los miembros de la Fuerza Pública que son garantes, que se supone que tienen constitucionalmente la delegación de la garantía de los derechos humanos, no se pueden tratar igual que las guerrillas”.

Sin embargo dijo que hay que conocer más a fondo la iniciativa  “para mirar los alcances y también si tiene bondades en relación a que aporte a la terminación del conflicto armado y aporte también a que podamos ir cerrando esa historia que todavía está presente y que por supuesto, y que por tanto no se traten estos asuntos tanto por parte de la Fuerza Pública como la guerrilla y también los ‘paras’, pues esto queda como una herida abierta”.