Ante el incremento de la inseguridad en las calles y el transporte público en las grandes capitales del país, por estos días se revive el debate sobre la conveniencia o no de que los ciudadanos porten armas no letales.

La ley permite el porte de armas de fuego con salvoconducto para seguridad personal, sin embargo, en ciudades como Bogotá y Medellín sus actuales administraciones han prohibido llevarlas con el fin de reducir los indicadores de violencia.

Sin embargo, en los últimos años y de forma paralela viene creciendo en Colombia el negocio de las armas no letales cuyo uso no está regulado. Por internet se puede adquirir sin mayores restricciones una pistola de descargas eléctricas y el gas pimienta, entre otros elementos.

Incluso ya en sitios como San Andresito en Bogotá y en el propio centro de la ciudad, se puede adquirir una de estas pistolas por menos de $20 mil.

El negocio es prometedor pues muchas personas desesperadas por el incremento de atracos adquieren estos elementos con la esperanza que les servirá para defenderse en un momento dado. 

Sin embargo esta semana el tema adquirió especial relevancia por las palabras del director de la Policía, general Rodolfo Palomino, quien tras participar en una audiencia pública que adelantó la Comisión Primera del Senado sobre la reforma al Código de Policía, dijo que “preferiría que haya particulares portando pistolas Taser, de una letalidad reducida, y no particulares portando armas de fuego que son de una letalidad mayor”.

No obstante, dijo que lo ideal es “que ni las Taser ni las armas de fuego estén en poder de particulares”.

La reforma al Código de Policía regula el uso de las pistolas Taser y abre la puerta para que los ciudadanos las utilicen como defensa personal. En tanto que por el momento, solo los policías pueden usarlas en actividades relacionadas con el servicio, para lo cual esta Institución expidió la Resolución No. 02686 de 31 de julio de 2012.

Esta resolución fue demandada por el Personero de Bogotá, Ricardo Cañón, aduciendo que el uso de este instrumento viola la Constitución, que establece el respeto a la dignidad humana, la vida y prohíbe la tortura, tratos crueles o degradantes.

El Personero de la capital de la República dijo que por el uso de estas armas supuestamente no letales han muerto en el mundo 267 personas entre los años 2001 y 2007.

Por su parte, el senador Mauricio Lizcano consideró que "las armas no letales no deben estar en manos de los particulares, ese no es el camino. Se ha podido demostrar que las aplicaciones de descargas eléctricas con Taser pueden ser consideradas como tortura y por eso al general Palomino se le fue la mano al decir que los colombianos podríamos usar Taser".