Una de las decisiones más complejas del proceso de paz será si se permite la intervención en política (es decir, acceder a curules en el congreso o ser candidatos a presidenciales, por ejemplo) de los jefes de las Farc, dado que sobre ellos cae la responsabilidad de los crímenes de guerra o de lesa humanidad que haya cometido cualquiera de sus subalternos.

Para el fiscal Eduardo Montealegre esto último no debería ser obstáculo: "Soy partidario jurídica y políticamente de que los miembros de la guerrilla, sus máximos dirigentes, aun cuando hayan sido o sean condenados por graves violaciones a los derechos humanos, por delitos de lesa humanidad o por crímenes de guerra, que aun cuando se produzcan este tipo de sanciones en el marco de la justicia transicional, todos los guerrilleros desmovilizados incluyendo a la dirigencia de las Farc, tienen que tener la oportunidad hacia el futura de participar en política y de que se abran para ellos las vías democráticas y electorales de participación".

Montealegre se declaró partidario de que se eliminen del orden jurídico las “sanciones absolutas y perpetuas para la participación en política de quienes han cometido graves violaciones a los derechos humanos”.

Con todo, el fiscal Montealegre precisó que le corresponderá al Congreso fijar los parámetros respectivos en el momento en que se refrenden los acuerdos de paz mediante una ley estatutaria.

Sin embargo, para el senador Alfredo Rangel, del Centro Democrático, “el costo de la paz no puede ser la impunidad”, por lo que “los crímenes de lesa humanidad tiene que ser investigados y castigados con penas privativas de la libertad, las cuales les quitan los derechos políticos a esos criminales que no podrán presentarse para elecciones ni a cargos públicos”.

“En ese Marco Jurídico para la Paz hay un ‘gorila’ gigante de impunidad en el que se dice que después de que se hayan procesado algunos crímenes, de que hubiera habido sentencia, se podrá suspender la aplicación de la pena. Borrón y cuenta nueva. Eso es amnistía, eso es indulto para los crímenes atroces y de lesa humanidad”, dijo.

Rangel reiteró que se deben imponer “penas de cárcel, no como dice el señor fiscal, que se ha dado a la tarea, siendo el jefe del ente acusador, se convirtió en el jefe del ente dispensador de absoluciones, ¡el jefe del ente absolvedor!”.

De otra parte, Montealegre dijo que está de acuerdo con que el narcotráfico sea considerado como una conducta punible conexa al delito político.

"La Constitución no prohíbe tener como delito conexo al delito político, un delito común como el narcotráfico", comentó el fiscal.

Para el alto funcionario el proceso de paz que se adelanta con las Farc en La Habana llegó a un punto de no retorno.

“El próximo año la consolidación de esos acuerdos de paz va a depender más de las grandes movilizaciones ciudadanas en Colombia, de los frentes amplios por la paz, de todos los movimientos que en Colombia se expresen para consolidar el proceso de paz”, dijo, precisamente porque a medida que se firmen los acuerdos va a aumentar la presión de “francotiradores y enemigos de la paz”.

Montealegre indicó que hay estudios que ratifican que uno de los factores que ha jugado a favor de la violencia en el país es la exclusión política y que en ese sentido habría que garantizar la participación de las Farc en escenarios políticos.

“Cómo vamos a llegar a la paz si se mantiene la exclusión de los actores que equivocadamente acudieron a las armas para combatir las desigualdades sociales”, indicó.