Al tiempo que a cinco concejales de Florencia, Caquetá, la Procuraduría les abrió una investigación preliminar por retomar el año pasado en plenaria y, luego, pasar a otra comisión un proyecto que había sido negado en primer debate, sigue la discusión en la Corporación sobre si esta actuación fue irregular.

Se trata de un proyecto de acuerdo que el año anterior  presentó al Concejo la administración de la alcaldesa María Susana Portela con el fin de recibir facultades para adelantar contratos y convenios.

La iniciativa fue archivada en primer debate por parte de la Comisión de Presupuesto del Concejo de Florencia, pero la Corporación decidió retomarlo en plenaria ante una apelación que presentó la Mandataria municipal.

Como consecuencia, la iniciativa fue reasignada a la Comisión de Gobierno y finalmente no pasó en plenaria, quedando archivada definitivamente.

En ese sentido el concejal Eduardo Silva, del Partido Liberal, consideró que hubo un error de procedimiento en el trámite de esta iniciativa, por lo que cree que varios de sus compañeros pueden ser sancionados por el Ministerio Público.

Según Silva, “mis compañeros fueron mal asesorados por el abogado y asesor externo de la Alcaldía, Germán Isaza”.

En tanto que  el concejal Juan Fernando Olarte, del Partido Verde, uno de los cinco investigados por la Procuraduría, dijo que “con el soporte jurídico que nos pasó el doctor Germán Isaza nosotros aceptamos la apelación y le dimos trámite para que la presidencia lo asignara a otra comisión, fue así como se reasignó a la Comisión de Gobierno, que también están investigados por haber aceptado recibir ese proyecto de acuerdo, pero en últimas, ese proyecto de acuerdo no pasó en plenaria, la decisión de los 17 concejales fue archivarlo”.

Por su parte, el abogado Isaza dijo que “lo que se adujo en ese momento claramente como lo contempla la norma, era factible el procedimiento que se surtió, y pues simplemente tenemos los argumentos legales para defender la situación ante la Procuraduría si es el caso”.