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El retorno del glifosato, esta vez para fumigación manual de cultivos ilícitos, generó división de opiniones en el país, al igual que cuando era empleado para las aspersiones aéreas por parte de la Policía Antinarcóticos.
Para los defensores de su empleo, es necesario para combatir los sembradíos de coca, que según cifras de Estados Unidos y admitidas por el Gobierno nacional, se duplicaron en los dos últimos años cuando se pasó de 83 mil hectáreas cultivadas en 2013 a 112 mil en 2014 y a 159 mil en 2015, mientras que quienes no están de acuerdo aducen que esa no es la panacea y se preguntan si se han presentado problemas para adelantar la erradicación manual, cómo van a hacer para la fumigación terrestre.
En su momento, quienes hoy celebran la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes, fueron los mismos críticos cuando el Gobierno nacional anunció la suspensión de las aspersiones aéreas por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, porque el herbicida es cancerígeno.
E irónicamente quienes festejaron, son los reclamantes de hoy y argumentan que nuevamente la salud está expuesta a daños que nunca fueron reconocidos porque los estudios realizados, siempre determinaban que el químico no era dañino para la flora, la fauna, los ecosistemas y menos para la salud humana.
Lo cierto es que la discusión continuará y por lo pronto lo que resta es esperar a ver sí en realidad con la fumigación manual con glifosato contribuye a que nuevamente disminuyan las hectáreas sembradas con cultivos ilícitos o si se mantienen.
Ahora bien, la Policía Antinarcóticos, desde el momento en que se suspendió el uso del herbicida empezó a realizar pruebas con otros químicos y ya tiene otras alternativas con elementos que secan las matas.
Lo curioso en este caso es que en medio de la discusión está el ministro de Justicia, Jorge Londoño, del Partido Verde y quien siempre ha manifestado reservas frente a la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato.
Por ahora, el que ya expresó su opinión fue el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, quien aseguró que la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes, es un cambio trascendental en la política de lucha contra las drogas.
Añadió que el químico es utilizado desde hace muchos años en el sector agrícola y si se utiliza de forma adecuada y con las medidas de seguridad necesarias, no habrá daños colaterales en cultivos lícitos.
Iragorri sostuvo que el problema con el glifosato, radicaba en la aspersión aérea, pues su expansión afectaba zonas cultivadas por los campesinos, e inclusive traía consecuencias sobre la salud de los labriegos.
“La ventaja en este caso con la ampliación manual, el químico cae directamente sobre la hoja, se traslada por el tallo y afecta a la mata de coca y marihuana”, dijo.
Agregó que se utilizarán los mismos protocolos de seguridad implementados en el sector agrícola, entre ellos no ocupar el terreno fumigado por espacio de una hora tras la aplicación del químico y el uso de tapaboca, guantes y trajes especiales para los operarios.
Pero alertó que el riesgo latente más grande en el proceso, seguirá siendo las minas antipersonal instaladas para resguardar las miles de hectáreas de coca, marihuana y amapola sembradas en campos colombianos.
Un riesgo latente
El toxicólogo de la Universidad Nacional Jairo Téllez, explicó que el contacto con las sustancias del glifosato, cuando tiene grandes concentraciones, podría causar diferentes consecuencias para las mujeres y los hombres.
De acuerdo con Téllez, si las mujeres embarazadas tienen contacto con el herbicida podría tener problemas para el bebé, como el hecho de malformaciones del feto.
“En la mujer puede generar, principalmente, en la formación del feto algo que se llama un defecto embriogénico, puede generar defectos en la formación de diferentes órganos de ese feto”, explicó el toxicólogo.
Además, Téllez dijo que hay estudios que revelan que los hombres han tenido problemas por el uso del glifosato.
“En el hombre se ha identificado una disminución en la movilidad del espermatozoide y una alteración en el número de los espermatozoides”, dijo Téllez.
Es por esto que el toxicólogo de la Universidad Nacional dijo que los fumigadores “deben tener muy claras las normas de protección personal, de evitar cualquier contacto con la piel porque esta sustancia se absorbe por la piel, no únicamente por vía aérea”.
Aseguró que hay otros estudios que demuestran que animales, como las aves o los mamíferos, han presentado casos de cáncer.
Así mismo, un estudio adelantado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito concluyó, tras los resultados de programas piloto, que no es rentable y es poco eficiente llevar a cabo la fumigación con glifosato de cultivos ilícitos por vía terrestre.
La misión que realizó el monitoreo se llevó a cabo en zona rural del municipio de Tumaco, Nariño, entre el 8 de marzo - 10 de mayo de 2009 y entre el 19 de agosto - 7 de octubre del mismo año.
Según el estudio, el máximo nivel de erradicación de cultivos por vía terrestre es de 7 hectáreas y además quedan zonas sin asperjar.
De igual forma se obtuvo que si la aspersión de glifosato se hace con un coadyuvante, la mata se muere en diez días, pero con el problema que este es tóxico.
Los gobernadores
Los mandatarios regionales, especialmente de departamentos en los que hay concentración de cultivos ilícitos, también dieron a conocer sus opiniones.
La gobernadora del Putumayo, de una de las zonas más convulsionadas por los plantíos ilegales, Sorrel Aroca, dijo que “para nosotros el tener la presencia de cultivos de uso ilícito no ha sido una escogencia de nuestro campesinado. Ha sido una falta de propuestas y de una economía alterna diferente para que ellos puedan dedicar esa economía campesina a desarrollar otro tipo de proyectos, por lo tanto nuestro campesino merece una oportunidad en el Putumayo que pueda generar unos proyectos alternativos, una economía diferente de la economía de uso ilícito”.
Expresó que ninguna alternativa que no sea concertada y que no sea propuesta desde el campesinado puede verse como una alternativa.
Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, señaló que “en las consideraciones técnicas, el Gobierno nacional ha manifestado que las ha valorado, esperamos que sea de esa manera, lo importante para nosotros es que nuestros campesinos no tengan ninguna afectación y que nuestros campos puedan ser productivos, si esas variables fueron analizadas, estamos absolutamente alineados”.
El gobernador del departamento del Vaupés, Jesús María Vásquez, indicó que “es una situación que se viene presentando en los departamentos donde hacen presencia los cultivos ilícitos, y creo que es una manera que afecta la población en general. De todas maneras tiene efectos negativos y que se deben buscar los mecanismos alternativos para controlar los cultivos ilícitos, y afecta definitivamente los seres humanos”.
A su turno, el gobernador del Guainía, Javier Eliécer Zapata, argumentó que “es una política del Gobierno, no estamos de acuerdo, siempre hemos dicho al Gobierno nacional que en esos cultivos lo que se debe hacer es una erradicación manual, y no estamos de acuerdo con el glifosato. No es la mejor manera”.
Entre tanto el mandatario de Casanare, Alirio Barrera, indicó que “el glifosato es una potente herramienta que ha usado el Gobierno nacional para controlar y erradicar los cultivos ilícitos y se debe seguir utilizando. Hasta que aparezca un nuevo método, un nuevo químico que no cause un impacto negativo tanto en la población como en el medio ambiente, el glifosato se debe seguir manejando”.
Mientras tanto, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, señaló que “el mecanismo es con el mismo glifosato pero de manera manual. Creo que es una determinación del Gobierno nacional, es una política nacional que la debemos acatar”.
El gobernador del Huila, Carlos Julio González, anotó que “la búsqueda de la erradicación manual y de lo que es el consenso con las comunidades hay que seguirlo trabajando, alternativas, proyectos productivos, proyectos de desarrollo agropecuario, es un camino”.
Manifestó el mandatario seccional que lo importante es que se pueda contar con los estudios de impacto ambiental que puedan deducir que no va a haber un daño ambiental y con la salud humana, “que no se ve reflejado como un peligro para los habitantes adyacentes a estas zonas”.
Por su parte, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Gobernadores, Amíllkar Acosta, expresó que “esa es una determinación controvertida por lo demás que tomó el Consejo Nacional de Estupefacientes, que de todas maneras conlleva unos impactos que la autoridad ambiental debe advertirlos y establecer en dónde se puede hacer esta fumigación, así sea manual, en donde no se puede hacer esta fumigación si el riesgo de que esto vaya en detrimento de la sostenibilidad ambiental”.
Contradictorio
“Eso es contradictorio y es un distractor. Recordemos que el año pasado la justificación para ordenar la suspensión era el carácter nocivo del glifosato. ¿Al fin qué, el glifosato es dañoso o no es dañoso para la salud?”, preguntó el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, ante la decisión del Gobierno nacional de reanudar las fumigaciones manuales con este químico a cultivos ilícitos.
El jefe del Ministerio Público recordó que el Gobierno, con supuestos argumentos científicos, suspendió la aspersión aérea y ello ha significado el incremento de los cultivos ilícitos en Colombia. Hoy, desconociendo dichos argumentos, cae en contradicción y evidencia nuevamente el desmonte de la política pública contra las drogas.
“La suspensión de fumigaciones determinó que de 40.000 hectáreas pasáramos a 200 mil hectáreas. Esto es un distractivo, esto no va a lograr reducir las 200 mil hectáreas, el impacto va a ser menor. El Gobierno, en lo pactado en La Habana, ha establecido que la estrategia es la erradicación manual voluntaria. En pocos meses, cuando se esté ejecutando lo acordado en La Habana, vamos a caer en otra contradicción, tendrá que suspenderse la fumigación manual para pasar a la voluntaria, lo pactado con las Farc. Esto es consecuencia de los acuerdos de La Habana, el Gobierno ha concedido a las Farc el desmonte a la política contra los cultivos ilícitos, está absolutamente claro, incluso el Departamento de Estado estadounidense así lo reconoce”, manifestó.
Hay estudios
El nuevo ministro de Justicia, Jorge Londoño, dijo que existen estudios a favor y en contra, “hay algunos del Mindefensa y del Minambiente que demuestran que la fumigación con glifosato por métodos manuales no es tan perjudicial”, pero “como ambientalista” no está de acuerdo con el uso del glifosato, por ningún método ni por aspersión ni por fumigación manual”.
El funcionario agregó que “para mí la vida del ser humano es mucho más importante, por lo que se deben analizar mecanismos alternativos que no atenten contra la salud de los colombianos”. Por último concluyo, “este tipo de sustancias químicas le hace daño de una u otra forma al ser humano“.
Como en el sector rural
El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, aseveró, “ese producto se viene utilizando en el sector agropecuario desde hace muchos años y se aplica, como se va hacer ahora para los cultivos ilícitos, mediante aspersión manual, ahora se realiza con las medidas de protección correspondientes para la
persona que va a hacer la aspersión manual”.
Indicó el Ministro que esto se hace con unas fumigadoras que son conocidas en el sector rural y las mismas prevenciones que se utilizan para el uso de elementos de protección, y para este programa mediante aplicación directa a cada una de las matas da buen resultado, “así se ha utilizado en el sector rural, así se disminuyó totalmente no solamente para la persona que hace la aplicación, siempre y cuando use los elementos de protección, sino para el campesino que ya no tendrá que sufrir”.
Sostuvo que este mecanismo no es dañino para el ser humano. “Es una combinación de acciones, le corresponde al Ministerio de Defensa, pero vamos a fortalecerlo, es una articulación. Fortalecer entre 7 ministerios el tema de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, el 70 por ciento de los cultivos está en tres departamentos, Nariño, Cauca y Putumayo”.