El Jefe de Estado dijo que se dará a la tarea de reformar el Decreto 777 de 1992, sin embargo, las fundaciones, ONG y demás entidades sin ánimo de lucro se quejan porque la medida es inconsulta. En ese sentido piden ser escuchadas para poner controles a la figura, pero no acabar con ella. Panorama EL NUEVO SIGLO

Mal sabor en la boca dejó  en las entidades sin ánimo de lucro el anuncio del presidente Santos la semana anterior, que eliminará la contratación directa que hoy se puede hacer con éstas como una de las medidas que reveló para elevar la eficacia de la lucha en contra de la corrupción. Las fundaciones consideran que no se puede generalizar y que terminen pagando justos por pecadores.

Con este propósito, anunció el Presidente, firmará la modificación al Decreto 777 de 1992, que regula el régimen de contratación con las entidades sin ánimo de lucro.

“Hemos encontrado que eso es responsable de la pérdida de billones de pesos, que son recursos generalmente destinados a la población más vulnerable”, afirmó el Mandatario al término de la reunión con la Comisión Nacional de Moralización, en la Casa de Nariño.

Sobre el particular la directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia, Elisabeth Ungar Bleier, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “es una medida inconsulta. Así como la reforma tributaria se ha venido consultando con diferentes sectores, esta ha sido una medida totalmente inconsulta con la sociedad civil organizada, y de alguna manera vamos a terminar pagando justos por pecadores porque me parece un poco atrevido que en las declaraciones del Presidente al clausurar la reunión de la Comisión de Moralización se plantee esto como si todas las organizaciones sin ánimo de lucro fuéramos corruptas”.

Ungar dijo que a eso se suma que en la reforma tributaria “también hay unas disposiciones para gravar a las ONG. Entonces me parece que es una decisión inconsulta con cero participación de la sociedad civil y que además puede afectar profundamente a las organizaciones que históricamente y tradicionalmente, no solamente hemos venido haciendo las cosas bien sino que además toda nuestra información es totalmente pública”.

La directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia añadió que el anuncio presidencial no aclaró si la medida va a cubrir a todas las organizaciones sin ánimo de lucro, pero lo que quedó en el ambiente es que “ninguna organización sin ánimo de lucro va a poder ser contratada directamente por el Estado aún si da garantías de transparencia y cuidado de los recursos públicos”.

Piden ser oídas

Para Transparencia por Colombia la decisión que el Jefe de Estado anunció que adoptará “no se corresponde con un gobierno que dice estar interesado en la participación ciudadana”.

Añadió Ungar que hay ejemplos muy cercanos a Colombia, “donde con medidas como esta han empezado restricciones al accionar de las organizaciones de la sociedad civil. No estoy insinuando que eso vaya a pasar con el presidente Santos, pero este es el tipo de medidas que uno sabe cómo comienzan pero no saben cómo terminan. En Venezuela, en Nicaragua, para mencionar solamente dos ejemplos, se comenzó el proceso de persecución a las organizaciones de la sociedad civil con medidas similares a esta”.

Por el contrario Ungar planteó que “lo que esperaríamos es que se convoque a un grupo de organizaciones con los criterios que ellos consideren para que conjuntamente lleguemos a unos acuerdos, a unos compromisos”.

Agregó que ya desde Transparencia por Colombia han denunciado que “se ha abusado de la figura de las organizaciones sin ánimo de lucro para cometer actos de corrupción”, como ha sucedido en la financiación de campañas.

La figura

La Constitución en su artículo 355 indica que “el Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo”.

La Ley 80 obliga a las entidades del Estado a hacer licitación en la contratación, sin embargo, esto se exceptúa para el caso de las entidades sin ánimo de lucro con las cuales se quiera contratar un servicio de interés público.

La Procuraduría, la Contraloría General y las contralorías regionales han encontrado que en no pocas ocasiones las entidades han aprovechado esta figura para asignar contratos a dedo, birlando de esta forma la obligación de licitar.

No obstante Ungar indica que no se puede generalizar “porque este tipo de afirmaciones también hace pensar que la culpa es de las organizaciones y no de las entidades del Estado que contratan”.

El Decreto 777 de 1992 reglamenta la celebración de los contratos con las entidades sin ánimo de lucro, estableciendo una serie de requisitos para llevarla a cabo, como la necesidad de su publicación en el Diario Oficial cuando su cuantía sea igual o superior a cien salarios mínimos mensuales.

Además  aquellos contratos que celebren la Nación y los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado o las sociedades de economía mixta cuya cuantía sea igual o superior a cinco mil salarios mínimos mensuales deberán someterse a la aprobación del Consejo de Ministros.

De igual forma la contratación directa oficial se podrá hacer con entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y experiencia, que acrediten la capacidad técnica y administrativa para realizar el objeto del contrato.

Proyecto

El Gobierno también quiere ponerle coto a las licitaciones de obras públicas a la medida por medio de un proyecto de ley que la semana pasada la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate.

La iniciativa del Ministerio de Transporte fija unas reglas del juego que otorgarían máxima transparencia a proyectos de infraestructura vinculados con el transporte que desde la nación, los departamentos o los municipios sean adjudicados, lo que se convertiría en uno de los mayores golpes a la corrupción.

Entre otras cosas, lo que busca la propuesta legislativa es unificar los pliegos de las licitaciones para evitar que se dejen por fuera a competidores y de paso, se le dé oportunidad de crecer a la pequeña y mediana ingeniería colombiana.

“No es posible que según datos de los gremios de la construcción más del 85% de las licitaciones en el país, especialmente en las regiones, tengan solamente un proponente. Eso al menos de entrada genera dudas, y es lo que queremos evitar brindando mayores condiciones para la competencia”, explicó el viceministro de Infraestructura Dimitri Zainovich.