Los 14 años que recibió María del Pilar Hurtado por ser la cabeza principal del DAS es la mayor condena que se ha dictado hasta el momento por el escándalo de las interceptaciones y seguimientos ilegales que ejecutó este organismo contra magistrados, periodistas y políticos de oposición durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Sin embargo, todo indicaría que con esto no se ha bajado aún el telón porque la Corte Suprema compulsó copias al Congreso y a la Fiscalía para que, según su  competencia, estudien si hay mérito para investigar por los mismos hechos al exmandatario y a cinco de sus exfuncionarios.

En ese escenario podría tomar fuerza el ofrecimiento que el fiscal general, Eduardo Montealegre, le hizo a Hurtado hace unos meses, tras entregarse a las autoridades colombianas luego de permanecer en Panamá por más de cuatro años sin darle cara a la justicia, de que incluso después de que fuera condenada por la Corte Suprema de Justicia cabría la posibilidad de beneficiarse con la rebaja de su pena si colabora con la justicia indicando quién le ordenó hacer esos seguimientos.

Sobre el particular el exdirector del DAS y abogado penalista, Ramiro Bejarano, dijo en W Radio que “no lo prohíbe el Código (Penal) que después de la condena se pueda hacer ese tipo de negocios, por llamarlo de alguna manera, con personas que hayan sido condenadas. Y precisamente entiendo que en este momento cursa un proyecto de ley en el Congreso de la República para darle claridad a esa situación. Es decir, que una persona estando condenada pueda dentro del marco de la ley ofrecer colaboración y obtener beneficios dentro del proceso en que ha sido condenada”.

Añadió que si bien en este momento no hay una ley que permita entregar estos beneficios en aras de obtener la verdad por colaboración con la justicia, tampoco hay norma que lo prohíba.

Sin embargo, el senador uribista Ernesto Macías Tovar consideró que “lo curioso es que el señor Fiscal hace mucho rato le anunció a María del Pilar Hurtado que podría obtener algunos beneficios después de la condena sin tener las herramientas jurídicas. Es un proyecto de ley que cursa en el Congreso, y no entendemos cómo un fiscal pueda anticiparse a lo que pueda pasar en el trámite de un proyecto de ley”.

El artículo 151 del citado proyecto indica que “el Fiscal General de la Nación o el delegado especial que designe para el efecto, podrá acordar uno o varios de los beneficios consagrados en este capítulo con la persona que se encuentre condenada con sentencia ejecutoriada, en razón de la colaboración que preste a las autoridades para la eficacia de la administración de justicia”. 

No obstante,  el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo explicó hace algunas semanas que en nuestra normatividad aún coexisten la Ley 600 y la nueva Ley 906. Esta última no prevé beneficios tras la condena. 

Sin embargo dijo Perdomo, "nosotros en la Fiscalía tenemos una tesis muy clara y que creemos es la jurídicamente correcta y es que aún hoy con la Ley 906, es posible que se entreguen beneficios por colaboración con posterioridad a la sentencia".