Luego de conocer que se construirá y pondrá en operación un puerto de carbón en el municipio de San Antero, Córdoba, y que de sus 20 hectáreas al menos 7 comprenderán áreas naturales protegidas de la bahía de Cispatá, el senador Daniel Cabrales hizo un llamado a la Corporación Autónoma Regional de los valles de los ríos Sinú y San Jorge (CVS), para que revoque la licencia que otorgó a la empresa Graneles del Golfo. Además del peligro que corre el ecosistema, habría 600 familias con riesgo de desplazamiento.

“No hay que ser expertos para saber que un puerto de carbón fácilmente va a alterar el ecosistema de este territorio y pondrá en peligro toda el área natural, que es una de las pocas áreas mejor conservadas en el Caribe colombiano, pero además ese proyecto pone en riesgo de desplazamiento a las familias de pescadores, que no son menos de 600, que se sostienen por medio de la pesca controlada en este lugar. El negocio de unos no puede estar por encima de un área protegida y de 600 familias”, sostuvo Cabrales Castillo.

El congresista además dijo que “es urgente que el director de la CVS revoque de forma inmediata la licencia. Es nuestra responsabilidad velar porque este proyecto no acabe con áreas protegidas, pero además es nuestra responsabilidad velar por las familias que en ese lugar se sostienen por medio de la pesca y que van a verse perjudicadas, sin trabajo, sin qué comer”.

El puerto de carbón abarcaría gran parte del Distrito de Manejo Integrado (DMI) de la Bahía de Cispatá, estos DMI son programas de manejo participativo de un área protegida, que permiten a las comunidades que habitan la zona hacer aprovechamiento de los recursos naturales de una manera sustentable, en este caso a los pescadores que se sirven de esta actividad para sostenerse; por el contrario, el Plan Integral de Manejo de la Bahía de Cispatá prohíbe la construcción de obras de infraestructura de alto impacto, como son los puertos.

Entre tanto, el alcalde de San Antero, Lormandy Martínez, celebró la intención de la Sociedad Graneles del Golfo de destrabar el macroproyecto, cuyo costo oscila en 200 mil dólares. Graneles absorbió a la Sociedad Portuaria de Córdoba, pero tanto el Departamento como el municipio de San Antero siguen siendo socios.

“Además de lo que significa para la economía de la Costa Caribe y el país, se trata de una obra magna que generará empleo para la gente de aquí”, precisó Martínez.

El gerente de la Sociedad Portuaria de Córdoba y de la Comisión Regional de Competitividad, Ernesto Vergara, aseguró que el proyecto del puerto marítimo siempre ha estado vivo. Simplemente se estancó en algunos momentos por las deficiencias financieras.

A lo anterior se suma además el tema de la inseguridad en Córdoba, que en el concepto del ejecutivo, no permitía que los inversionistas internacionales se vincularan a esta región a través del puerto.

El cronograma establece que en este primer semestre de 2011 finalicen las mediciones y de allí en adelante, con la respectiva concesión del Inco, se inicien las obras en las playas y en la zona de bajamar.