POR CONSIDERARque el embajador en Estados Unidos, “Luis Carlos Villegas, defiende la industria norteamericana en contravía de las decisiones del Gobierno colombiano y de los derechos de los ciudadanos que pagan al año más de 500.000 millones de pesos en sobrecostos en medicamentos”, el senador vallecaucano Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), le exigió explicaciones al funcionario, rechazado su pronunciamiento sobre lo que consideró inapropiados intereses en restricción de medicamentos.

En una carta dirigida al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, Villegas transmitió las preocupaciones de la industria norteamericana ante el decreto sobre medicamentos biotecnológicos que el Gobierno está a punto de emitir.

Tras señalar que “quisiera poner en su conocimiento una serie de hechos y comentarios que se han presentado en los últimos días, sobre los cuales quisiera el mayor análisis de su equipo técnico”, el embajador Villegas sostuvo que “el borrador de decreto promueve según USTR”, es decir la Office of the United States Trade Representative (Representante de Comercio de los Estados Unidos, agencia gubernamental norteamericana para el comercio), “una intención comercial en el sentido de que se establece la creación de una agencia para el desarrollo de la manufactura de productos biológicos de Colombia”.

Además, Villegas le contó al ministro Gaviria que, desde el punto de vista de los farmacéuticos norteamericanos, “la prórroga de comentarios debería extenderse hasta 60 días”, en relación con el borrador del decreto.

Para Barreras, “resulta un exabrupto sugerirle al Gobierno nacional más tiempo para estudiar el decreto de medicamentos biotecnológicos, poniendo de presente su clara preocupación de que Colombia desarrolle sus propios productos, desestimulando así la propia industria nacional”.

“Esto impediría no sólo el progreso de procesos colombianos de investigación y producción de estos medicamentos, sino que iría en menoscabo del legítimo derecho de la población al acceso de los mismos y del deber del gobierno de propender por el bienestar de su población”, anotó Barreras.