Indignación causó en el país la captura del alcalde del municipio de Purísima, departamento de Córdoba, Daniel López Valencia, cuando apenas llevaba una semana en el cargo, para que responda en un proceso por desfalco.

El Mandatario está requerido por el Juzgado 79 penal municipal de garantías de Bogotá, acusado de los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.

López Valencia es investigado por supuestamente participar en un desfalco al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la gobernación de Córdoba, en una cuantía superior a los $300 mil millones.

De acuerdo con las investigaciones el hoy Alcalde del municipio de Purísima se habría apropiado de cerca de $14 mil millones a través de ajustes pensionales.

El 22 de octubre pasado, tres días antes de las elecciones, fue librada una orden de captura en contra de Valencia, sin embargo éste huyó y terminó entregándose a las autoridades el pasado 31 de diciembre.

Empero su abogado logró que le otorgaran la libertad por vencimiento de términos, lo que fue aprovechado por Valencia para posesionarse.

Frente a este caso el presidente del CNE, Carlos Camargo, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “en lo que tiene que ver con la facultad del Consejo Nacional Electoral de la revocatoria de inscripción, en efecto fue tramitada esa solicitud, pero entiendo que la situación particular de este candidato y elegido alcalde es precisamente que la persona tenía revocada su medida de aseguramiento. Para ese entonces fue declarado nulo el proceso y esta tutela lo que dio pie es precisamente a que se le revocara cualquier clase de medida”.

Añadió el Magistrado que partiendo de la presunción de inocencia y que había sido revocada la medida de aseguramiento para la época en que el organismo revisaba las candidaturas que presentaron los partidos, “condujo al Consejo a la decisión de que efectivamente no había elementos, no existía la plena prueba que nos llevara a determinar que esta persona tenía que revocársele su inscripción como candidato a la alcaldía”.

Por su parte, el ex zar Anticorrupción de la Presidencia de la República, Óscar Ortiz, dijo a este Diario que “sin dejar de reconocer la presunción de inocencia y el debido proceso, los servidores públicos y en particular los de elección popular, tienen responsabilidad dentro del Estado y la democracia, y por eso hay que tener en cuenta que debe haber mayor exigencia para estos servidores públicos”.

Por eso propuso “que tendría que pensarse en un régimen especial para que respetando la presunción de inocencia se pueda crear una suerte de silla vacía, como existe para los congresistas  y para los integrantes de las corporaciones de elección popular, para los elegidos a cargos uninominales cuando avanzan los procesos penales, sobre todo por conductas en graves delitos, incluyendo entre éstos la corrupción”.