La promulgación de una ley de reversión al Estado, sin indemnización, del 70% de las áreas mineras privadas consideradas ociosas, levantó tanto inquietud como alborozo en Bolivia, donde el presidente Evo Morales hizo en el último septenio numerosas nacionalizaciones.

La nueva norma permitirá que el Estado boliviano recupere alrededor de 1.700 de 2.454 concesiones mineras privadas, que ocupan una superficie diseminada en más de un millón de hectáreas, y que están inactivas o no tributan.

En función de un reglamento, la reversión alcanzará inexorablemente en un plazo de cuatro meses a las empresas privadas que no presenten planes de adecuación e implementación de las áreas concesionadas.

La medida da fin a una antigua norma que establecía que el área minera concedida por el Estado se constituía "en un bien inmueble, transferible por concesión hereditaria y que puede hipotecarse (..). Es prácticamente regalar la patria", manifestó Morales.

La decisión forma parte del proceso político emprendido desde 2006 por Morales con la nacionalización de los hidrocarburos y recursos mineros, pero además de las telecomunicaciones y la electricidad, entre otros.

La nueva ley está todavía en análisis de las principales agremiaciones de mineros privados, como la Cámara Nacional de Minería o la Asociación de Mineros Medianos, según sus voceros consultados por la AFP.

En un primer comentario, el analista minero Henry Oporto, de la Fundación Pazos Kanki, pidió un estudio técnico en cada caso para evitar la politización de la medida.

La inactividad en algunas concesiones tiene origen en la inseguridad para las inversiones "en razón a las políticas impositivas que gravan con el 50%, en promedio, el capital de inversión, así como a los avasallamientos" de las minas en funcionamiento, manifestó.

"Estos aspectos están más allá de supuestas acciones de 'engorde' (especulación en el mercado) de los yacimientos y obedecen más a las difíciles condiciones y al clima adverso que vive el país en esta materia", señaló./AFP