Las normas sobre justicia para los jóvenes infractores no están cumpliendo, según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, United Nations Children's Fund).

De acuerdo con ese informe, Colombia no está aplicando las normas nacionales sobre el régimen penal que deben tener los adolescentes.

Los adolescentes a los que hace mención el informe son jóvenes de bajos recursos, son faltos de oportunidades. Son jóvenes adolescentes que caen por hurto, por microtráfico y en muchos casos proveedores de sus propias familias.

Este estudio se realizó luego de haberse creado una Comisión  Verificadora de los Derechos de los Adolescentes en Centros Transitorios, Centros de Internamiento Preventivo y Centros de Atención Especializada y de los Centros de Servicios Judiciales que hacen parte del Sistema de Responsabilidad penal para Adolescentes (SRPA), en quince ciudades del país.

Lo que se dice es que a los jóvenes los terminan llevando a los Centros de Servicios Judiciales, los llevan por hechos menores, como portar prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, como una camiseta que compró en la calle o que alguien le regaló.

Muchas veces son capturados por tener marihuana y el joven termina hasta 15 días encerrado.

Sobre el tema, la representante por Bogotá, Ángela Robledo, de la Alianza Verde, manifestó que el Código de Infancia y Adolescencia tiene un capítulo especial en el que se señala que se tiene que desarrollar un mandato internacional de los derechos de la niñez.

“Esta señala que cuando un adolescente entra en conflicto, la ley tiene que responder, pero lo debe hacer en una condición especial porque se consideran ciudadanos y ciudadanas en formación”, anotó.

Robledo recordó que esta ley le dio dos años de plazo a Colombia para desarrollar el sistema para estos jóvenes: “Eso no se ha cumplido en Colombia y por eso pedí que se hiciera una visita a 12 centros”.

La legisladora dijo que la información que se tiene es que en muchas de esas ciudades no se cumple con el derecho a la educación, se encontraron calabozos en esos centros y por eso tienen que ser cerrados.  “Estos jóvenes deben estar cerca de sus familias y que no les sea suspendida la visita de las familias”.

Entre tanto, el senador Roy Barreras, director nacional del Partido Social de Unidad Nacional (La U), anotó que los pequeños infractores que cometen delitos y en muchas ocasiones crímenes, son un problema para la sociedad porque no se ha podido evitar que caigan en delito.

“Y ya cuando son amenaza, son en la práctica imputables, es decir los castigos no resguardan la sociedad”,  dijo.

Para el senador Antonio Correa, de Opción Ciudadana, no es un secreto que en los centros de menores de edad tienen que estar en condiciones especiales, “tal como lo determina la ley y el Gobierno ha querido hacer lo mejor posible y ha buscado solucionarlo”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Olga Suárez, del Partido Conservador, sostuvo  que en la actualidad no hay unas políticas públicas en los jóvenes.

“Hay muchos jóvenes en las cárceles que están con el temas de la drogadicción y yo pienso que ese es uno de los temas que hay que empezar a replantear”, afirmó, anotando que por ejemplo en la cárcel de Bellavista ya hay una política sobre este tema: “Hay un espacio diferente para que estos jóvenes tengan un proceso de rehabilitación”.

La congresista declaró que hay tres líneas en las que se está trabajando: el turismo sexual en los niños y las niñas, el tema de violencia contra las mujeres, y no podía faltar el tema penitenciario.

El senador Ángel Custodio Cabrera, de La U, indicó que “efectivamente hay una problemática delicada con los jóvenes infractores, que poco a poco la justicia le ha venido actuando fuerte, pero las entidades que deben velar por su resocialización no lo están haciendo”.

Cabrera recordó que hay más de 30.000 muchachos y muchos de ellos permanecen en las patrullas, porque no pueden ser llevados a las cárceles.