Con base en el análisis del documento que contiene las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, la Procuraduría General de la Nación le formuló un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que se revisen las metas en materia de reparación integral a las víctimas del conflicto armado.

 

En el acápite del plan denominado “Seguridad y Justicia para la Construcción de Paz: retos en el fortalecimiento del Estado Social de Derecho para garantizar los derechos de las Víctimas y la transición a la paz”, se establece como meta a 2018 la reparación de un millón de personas y se señala que este “avance” se logra cuando la víctima tiene acceso a tan sólo dos de las cinco medidas de reparación que consagra la Ley 1448 de 2011 (indemnización administrativa, restitución de tierras, medidas de satisfacción, rehabilitación, y garantías de no repetición), sin que de hecho se precisen cuáles son las dos medidas a las que tendrían acceso los sujetos de reparación.

 

Preocupa además a la Procuraduría que, según el documento expedido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), a los siete años y medio de la promulgación de la Ley de Víctimas sólo se habrá reparado de manera parcial un 14% de ellas, dado que a la fecha en el Registro Único de Víctimas se conoce una cifra 7’028.766, la cual seguirá aumentando en tanto presenten su declaración las personas afectadas por hechos posteriores a la promulgación de la citada Ley 1448. 

 

Hace aún más gravosa esta situación el hecho de que la Ley de Víctimas tiene una vigencia de 10 años, es decir, hasta el mes de junio de 2021, por lo que sería totalmente inviable (desde el punto de vista presupuestal e institucional) cumplir con lo que ella consagra para el total de víctimas del conflicto armado colombiano en los tres años que restarían tras la ejecución del Plan de Desarrollo propuesto por el DNP.

 

Las metas previstas en el documento analizado por este organismo de control distan asimismo de las señaladas en el Documento Conpes 3726 de 2012 en materia de atención y reparación integral a las víctimas. Por ejemplo, el indicador referente al acceso a las medidas de rehabilitación física y mental, se reducen frente a la meta planteada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social: en citado documento Conpes se proyectó que a 2021 se atenderían 3’000.000 de víctimas, mientras que en el Plan de Desarrollo se planea atender en cuatro años a 1’875.570. 

 

Si bien es cierto que el documento Conpes se constituye en un documento técnico de planeación que puede ser modificado en cualquier momento, también lo es que las metas propuestas por el DNP implicarían la exclusión de cerca del 86% de las víctimas del conflicto armado. 

 

Para finalizar, este organismo de control destaca que, como se señala justamente en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: “La reparación integral a las víctimas (…) implica la recuperación emocional de las personas, la reconstrucción de los lazos de confianza con otros (familia, comunidad e instituciones), la restitución de sus derechos, y el acceso a los bienes y servicios que perdió a causa de la violencia, o que aunque no haya gozado de ellos con anterioridad, le contribuirán a superar sus condiciones de vulnerabilidad y transformar sus vidas. Por lo tanto, la verdad, justicia y reparación es el medio que resignifica la ciudadanía de los colombianos, garantiza el pleno goce de los derechos, y contribuye a la paz estable y duradera”.

 

Insiste la Procuraduría General de la Nación en que resulta necesario aclarar la proyección presupuestal para la reparación integral de las víctimas, de manera que no se generen falsas expectativas ni para ellas ni para el país.