Usuarios de la salud inconformes con tiempos de atención de citas médicas

Cansados de esperar 30, 60 y hasta 90 días para la asignación de una cita médica con especialistas, no recibir los medicamentos completos y aguardar hasta seis meses para una intervención quirúrgica, un grupo de usuarios del sector de la salud le solicitaron al alcalde electo, Gustavo Petro Urrego, revisar estos temas en el plan de desarrollo de los próximos cuatro años.

Los ciudadanos mostraron su preocupación por los alcances de la Ley 1438 de 2011 de reforma al sistema de seguridad social, principalmente en lo que tiene que ver con el acceso a medicamentos y la igualdad en la cobertura. Por esta razón, pidieron que se haga un seguimiento riguroso por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

Así mismo solicitaron al alcalde electo que revise los compromisos para la construcción del Hospital de Usme II nivel, así como la ampliación y dotación de más equipos médicos en las ESE Rafael Uribe y Tunjuelito, pues hasta el momento no se ha cumplido, pese a que así estaba dispuesto en el Plan Maestro de Equipamiento desde el año 2006.
El tema de salud no sólo fue el objeto de este pliego de peticiones para la nueva administración. Los ciudadanos se pronunciaron frente a los temas de movilidad, educación, hábitat y bienestar, a instancias de las Redes de Control Social que lidera la Veeduría Distrital desde hace dos años.
Los ciudadanos coinciden con el informe de la Veeduría Distrital “Cómo avanza el Distrito en Movilidad”, que devela la escasa malla vial, frente al crecimiento desmesurado del parque automotor, por lo cual pidieron más construcción de vías y la implementación de transporte intermodal que no sólo se limite a las troncales de Transmilenio.

Teniendo en cuenta que el cobro por valorización es una contribución de la ciudadanía, pidieron más participación en las decisiones que se tomen frente al diseño y construcción de las nuevas obras.

Los ciudadanos que le hacen seguimiento a los temas de hábitat pidieron revisar la planificación para la urbanización de la capital, pues no se pueden desconocer los múltiples asentamientos en las riberas de los ríos Bogotá, Tunjuelito, Fucha y Salitre, así como en los cerros de la periferia.
Frente a la conservación de parques, manifestaron su inquietud por la presencia de expendedores de droga, de habitantes de la calle, mal manejo de escombros, poca accesibilidad para personas con discapacidad y deficiencias en la iluminación.

De otra parte, los ciudadanos consideran que las inundaciones y desastres ambientales de los barrios aledaños a las cuencas del río Tunjuelo y de la quebrada La Chiguaza han sido producto del mal uso y de la inadecuada e incontrolada explotación minera.

Una de las mayores preocupaciones de la Red de Educación es la inseguridad y violencia en las aulas. Ante este panorama, pidieron crear un observatorio de violencia en los colegios del Distrito, con la participación de la comunidad educativa y de redes de apoyo en las localidades. Otra de las medidas urgentes es fortalecer los equipos profesionales de los colegios, especialmente de los orientadores que muchas veces no cuentan con la experiencia necesaria para abordar las diferentes problemáticas.

También hicieron un llamado para reorientar las políticas públicas educativas, que no se vea más a los jóvenes como sujetos problema sino como sujetos de derecho. “El Distrito, por ejemplo, no está preparado en la política de inclusión educativa, ya que una de las poblaciones que enfrenta indiferencia e intolerancia en las aulas es la de discapacidad”, explicaron los ciudadanos.

Si bien las personas con discapacidad se mostraron satisfechas frente a la decisión del Distrito de adoptar una reducción gradual en la tarifa del sistema Transmilenio, solicitaron actualizar los datos de los ciudadanos que habitan en Bogotá con algún grado de discapacidad, de tal manera que todos se beneficien con la Política Pública.
Sobre la Política de Seguridad Alimentaria pidieron tener mayores espacios de participación como principales actores del derecho a la alimentación, que se materializa en los comedores comunitarios.