Por  presuntas irregularidades en el otorgamiento de subsidios de vivienda en la ciudad de Cartagena (Bolívar), la Procuraduría General de la Nación, a través de su Provincial Cartagena, formuló pliego de cargos a Marina Mosquera Cuesta y Alberto Angulo Izquierdo, en sus condiciones de gerente y jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Fondo de Interés Social y Reforma Urbana Distrital (Corvivienda) de Cartagena, respectivamente, para la época de los hechos.

La investigación señala que en el año 2011 la entonces gerente de Corvivienda presuntamente no adelantó en forma eficaz y oportuna ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Territorio el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener la movilización de subsidios de vivienda asignados a 237 familias antes de su vencimiento, y tampoco solicitó ante el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) la prórroga de su vigencia.

Con esta conducta habría provocado que los subsidios familiares asignados a las familias de Cartagena se vencieran, generando un perjuicio a la población con menores ingresos y mayores condiciones de vulnerabilidad en la capital de Bolívar.

Adicionalmente, a la señora Mosquera Cuesta se le reprocha el presuntamente haber autorizado el pago de 500 millones de pesos a la Unión Temporal suscrita entre Corvivienda y la Constructora C.L. & CIA LTDA para la ejecución de un proyecto de vivienda, sin que dichos fondos estuvieran previstos en el presupuesto anual de la Entidad ni contaran con la respectiva aprobación presupuestal del Consejo Directivo de Corvivienda.

Finalmente se investiga su responsabilidad disciplinaria al otorgar, presuntamente sin especificar criterios de preferencia o prioridad, subsidios a 42 familias. Dichos subsidios habrían excedido el monto fijado en el Artículo 8 del Decreto 2190 de 2009, se encontraban vencidos y ya habían sido otorgados a 237 familias.

En el caso del señor Angulo Izquierdo, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Corvivienda para la época de los hechos, la Procuraduría investiga presuntas omisiones generadas en no revisar ni conceptuar sobre la viabilidad jurídica de proferir la resolución que autorizó el pago de los 500 millones de pesos a la Unión Temporal suscrita entre Corvivienda y la Constructora C.L. & CIA LTDA sin cumplir los requisitos de ley.

Las faltas presuntamente cometidas los por los exfuncionarios fueron calificadas provisionalmente por la Procuraduría Provincial de Cartagena como graves, a título de culpa gravísima.