Se trata de Luis Felipe Conde Lasso, exalcalde de Aipe, y de Alfonso Perdomo Sánchez, de Rivera, por presuntas irregularidades en materia contractual.

En el caso del señor Conde Lasso, alcalde de Aipe en el periodo 2008-2001,  la Procuraduría General reprocha a los disciplinados el haber intervenido en el trámite, aprobación y celebración del contrato de transporte escolar número 520 de 2008, por valor de 495 millones 329 mil 346 pesos ($495.329.346), con la firma AIPE EXPRESS LTDA., de la cual eran socios capitalistas los padres de dos concejales del municipio de Aipe, por lo cual estaban incursos en inhabilidad para contratar, según el Artículo 1º de la Ley 1148 de 2007 y el Artículo 19 de la Ley 53 de 1990, que determinan que los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad de los concejales no podrán ser contratistas del respetivo municipio de forma directa o indirecta.

La investigación del Ministerio Público incluye a José Sevel Castro, secretario de Desarrollo; Miller Sánchez Rubiano, secretario administrativo; y Eliana Mercedes Rubiano, secretaria de Servicios Sociales del municipio para la época de los hechos.

Para el caso del señor Perdomo Sánchez, alcalde de Rivera en el periodo de 2008-2011, Según la investigación del Ministerio Público, el entonces mandatario habría celebrado los contratos de consultoría y prestación de servicios 297 de 2008 y 0365 de 2008 con el señor Alejandro Díaz Castro, quien se encontraba inhabilitado para suscribir contratos con el municipio porque se había desempeñado como secretario de Planeación e Infraestructura Vial de Rivera (Huila) en el año inmediatamente anterior, conforme lo establecido por el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993.

La Procuraduría considera la falta endilgada al exfuncionario como gravísima, cometida a título de culpa grave, por inobservancia del cuidado necesario que debía imprimir a sus actuaciones.