La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra Julián Marulanda Calero y Luis Eduardo Molino, en sus condiciones de secretario general y director administrativo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), respectivamente, por la posible comisión de actos de corrupción relacionados con el contrato de esquemas de protección.

Los hechos se enmarcan en el contrato suscrito con la Unión Temporal Protección el 21 de diciembre de 2012, para que prestara servicios de seguridad para la provisión, implementación y operación de esquemas de protección y para la provisión de escoltas, vehículos y motocicletas de apoyo que requiera la Unidad Nacional de Protección en desarrollo del Programa de Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos y comunidades a cargo de la entidad.

Al parecer, en ejecución de dicho contrato los investigados habrían solicitado 10 millones de pesos a la empresa contratista para agilizar el pago de las cuentas de cobro por amortizar, derivadas del citado contrato de prestación de servicios, configurando un posible hecho de corrupción.

Esta conducta objeto de investigación fue calificada como gravísima a título de dolo, pues a juicio de la Procuraduría los implicados conocían las consecuencias de su actuar y pese a ello, habrían solicitado el dinero a la firma contratista para agilizar los pagos que legalmente le correspondían.