Por posibles irregularidades en la suscripción de 13 convenios suscritos en los años 2009 y 2010, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el alcalde de Ibagué, Jesús María Botero.

La decisión disciplinaria también afecta a Martha Mirella Peña Torres, en su calidad de secretaria de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud, y delegataria del alcalde del municipio de Ibagué; Jaime Orlando Vélez Osorio, en su condición de secretario de Infraestructura del municipio de Ibagué; y Alfonso Carrero López, gerente del Banco Inmobiliario -Gestora Urbana- Empresa Industrial y Comercial del Estado, para la época de los hechos.   
El pliego de cargos señala que el mandatario de los ibaguereños delegó las funciones de contratación y celebración de convenios en Martha Mirella Peña Torres, y posterior a ello no habría ejercido el control y vigilancia debidos sobre esta delegación y en consecuencia, habría permitido la suscripción de 13 acuerdos de voluntades con el Banco Inmobiliario -Gestora Urbana de Ibagué mediante contratación directa, pese a que el objeto de la contratación no correspondía al objeto social de la entidad ejecutora.   
Con esta conducta el señor Botero Gutiérrez habría propiciado la elusión de los procesos de selección objetiva de los contratistas, permitiendo que, a través de la Gestora Urbana se evitaran los procesos contractuales de ley y se apartara de la posibilidad de participar en la contratación, a las personas naturales o jurídicas (…) que tuvieran interés en presentar propuestas y celebrar contratos con la ciudad”.  
De otra parte, se elevó pliego de cargos disciplinarios a la entonces secretaria de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud, quien en virtud de la delegación que le hizo el alcalde de la capital tolimense, habría eludido el señalado trámite de selección objetiva que correspondía. Por estos mismos hechos, se cuestiona la conducta de Alfonso Carrero López, en su calidad de gerente del Banco Inmobiliario – Gestora Urbana – Empresa Industrial y Comercial del Estado de Ibagué.
Adicionalmente, el Órgano de Control investiga a Martha Peña Torres y a Jaime Vélez Osorio porque al parecer habrían permitido la celebración de estos acuerdos de voluntades omitiendo los estudios previos requeridos para su ejecución “porque si bien la entidad contratante elaboró unos documentos que denominó ‘estudios previos’, lo cierto es que no se examinó en forma seria e integral la viabilidad económica, administrativa y jurídica de cada contrato”.