La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgobernador de Bolívar Jorge Luis Mendoza Diago, por posibles irregularidades presentadas en las etapas precontractual y contractual de cinco procesos licitatorios suscritos en el 2010.

El pliego de cargos también cobija a los señores Santiago Carrasquilla Sotomayor,  quien para la época de los hechos se desempeñó en el cargo de secretario de Obras Públicas; Gregorio Rico Gómez, secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico; y José Julián Vásquez Buelvas, en su calidad de director del Departamento Administrativo Jurídico.

Al parecer, el señor Mendoza Diago habría permitido que en los pliegos de condiciones de cinco licitaciones se incluyeran estipulaciones excluyentes como la visita obligatoria conjunta y asistir a ella con el documento de constitución del consorcio o unión temporal, el cual no podría ser modificado en la presentación de la propuesta, así como exigir como experiencia general y específica contratos celebrados con entidades territoriales u otras entidades públicas, constituyéndose en causales de rechazo de ésta.

Se cuestiona también la conducta del entonces secretario de Obras Públicas, Santiago Carrasquilla Sotomayor; y del director del Departamento Administrativo Jurídico, José Julián Vásquez Buelvas, por cuanto en los pliegos de condiciones de estas licitaciones públicas se incluyeron las cuestionadas condiciones excluyentes, lo que presuntamente configuró reglas injustas e ilegales con las que se desconocieron varios de los principios de la contratación estatal.

El segundo cargo endilgado al señor Mendoza Diago está relacionado con la suscripción de un  contrato con la Cruz Roja por 900 millones de pesos para “aliviar la situación y necesidad de agua de la población de los municipios del departamento”. El contrato se habría suscrito mediante contratación directa, eludiendo el proceso de licitación que debía adelantarse en este caso teniendo en cuenta la cuantía del objeto a contratar, con lo cual se habrían desconocido los principios de transparencia, selección objetiva, economía y responsabilidad.

Se cuestiona también la participación del entonces director del Departamento Administrativo Jurídico, José Julián Vásquez Buelvas, en la etapa precontractual de este contrato celebrado con la Cruz Roja.

Finalmente, se investiga si en el marco de este contrato el señor Gregorio Rico Gómez, secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico e interventor de este contrato de asociación para esa época, habría incurrido en falta disciplinaria por cuanto al momento de liquidar el contrato no habría advertido un posible faltante de 80 millones de pesos que debía reembolsar el contratista.