La Contraloría General de la República imputó cargos de responsabilidad fiscal, por un presunto detrimento patrimonial superior a $18 mil millones de pesos, contra el ex Gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, los ex secretarios de Infraestructura Física, Mauricio Restrepo Gutiérrez y María Cristina Mesa Zapata, 10 consorcios y uniones temporales que abarcan 20 empresas de obras civiles y la Fundación para el Buen Gobierno.

La decisión se origina al verificar, en más de 22 indagaciones preliminares y procesos fiscales, que hubo deficiencias en la planeación contractual, demoras injustificadas en la ejecución de las obras contratadas y adiciones no justificadas, entre otras irregularidades.

De otra parte, es importante señalar que en desarrollo de las indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal  que se adelantaron en su momento sobre estos hechos, en las vigencias 2008 a 2010, se presentaron situaciones irregulares en la actuación de funcionarios de la CGR de la gerencia departamental de Antioquia de esa época, que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, Regional Medellín.

El viernes 13 de abril, una vez la CGR reanudó los términos de todos sus procesos fiscales, se inició la notificación de los autos de imputación respectivos, correspondientes a los procesos de responsabilidad fiscal número 032 y 033 de 2008, que abarcan obras de infraestructura de las regiones Oriente y Suoriente Antioqueño.

La Contraloría atendió en su momento una solicitud de control excepcional que requirió a la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, la Comisión Sexta del Senado, en referencia a la contratación de obras públicas e infraestructura, incluidas las urgencias viales, desde enero de 2008 hasta octubre de 2010, por parte de la Gobernación de Antioquia, así como la contratación que con recursos públicos hizo la Fundación para el Buen Gobierno.